El tema de la corrupción es uno de las citas predilectas de los candidatos a gobernar, sin importar el nivel de cargo de elección popular al que aspiran.
Tema recurrente, ya que desde siempre la administración pública ha sido uno de los botines preferidos de nuestros gobernantes.
No importa el nivel del cargo, presidencia municipal, gubernatura, presidencia de la república, así como los cargos adherentes e incluso el Poder Judicial y el Legislativo han sido trampolines para amasar incalculables fortunas.
Nadie le hace fuchi al servicio público, a pesar de que los salarios ya no son atractivos, aunque eso sí aducen el servir al país y su pueblo.
Siempre se discute en México que es más importante tener dinero o tener poder y todos coinciden que el poder es más real, ya que con él se consigue dinero.
Y tienen razón quienes piensan así, ya que, durante décadas, por no decir siglos, se ha comprobado que el poder corrompe hasta a los más santos.
Lo contradictorio de todo esto es que en México por varias ocasiones se han reformado las leyes para dotar al Poder Judicial de instrumentos más eficaces para la lucha contra la corrupción y los resultados siguen siendo los mismos.
El ejercicio penal se realiza en contra de aquellos que son descubiertos en un descaro total por sus abusos o en contra de aquellos contra los que existe consigna y se actúa prontamente o lentamente, para causar desazón.
Como lo hiciera Miguel de la Madrid en 1982 que pregonaba la Renovación Moral de la Sociedad como la de campaña, Andrés Manuel López Obrador hizo lo propio en 2018, con mayor énfasis que en 2006 y 2012.
El tema de la corrupción era necesario en esas campañas ya que venía precedido de gobierno catalogados como los más corruptos de la historia.
José López Portillo terminó con un país casi en bancarrota, con la caída de los precios del petróleo y la devaluación del peso a un grado ínfimo. Varios de sus colaboradores fueron acusados de un alto grado de corrupción, aunque solamente se actuó en contra de dos de ellos, el director de Pemex, Jorge Díaz Serrano y el jefe policíaco en el Distrito Federal, Arturo Durazo Moreno. Los demás personajes señalados gozaron de la impunidad característica de siempre.
El sexenio de Enrique Peña Nieto fue el ejemplo de la impunidad, con políticos abusadores, incluido el propio presidente, señalamientos de desvío de recursos, sobornos, privilegios, adjudicaciones de contratos de todo tipo, un terreno fértil para el sembradío de billetes. El arribo de Andrés Manuel López Obrador hizo pensar en un combate radical a todo tipo de corruptelas, lo que no ha sido así, cuando menos en los tres primeros años. La acción judicial se centró en contra de dos personajes la ex titular de SEDESOL y SEDATU, Rosario Robles, en la cárcel a la espera de ser juzgada y Emilio Lozoya Austin, en libertad, por gozar del beneficio del criterio de oportunidad, que viene siendo similar a la figura de testigo protegido.
Fuera de ellos no hay otros personajes del servicio público involucrados, aunque eso sí se persiguió a varios empresarios. Uno de ellos Alonso Ancira fue obligado a regresar 200 millones de dólares de la venta a sobreprecio de una planta fertilizantes (asunto en el que también se mencionó la presencia de Lozoya), aunque en pagos diferidos y el otro Raúl Beyruti, quien se encuentra prófugo.
De ahí en fuera, el tránsito de una administración a otra parece demasiado terso, como si los discursos de campaña quedaran en palabras que se llevó el viento.
Gobiernos como el de Miguel Alemán, Luis Echeverría y otros más fueron una auténtica fábrica de millonarios, con extensos terrenos quedando en manos de los familiares de los Ejecutivos y de ellos mismos en los sitios paradisíacos que fueron detonados para el turismo, como Acapulco, Cancún, Los Cabos, Vallarta y otros más demás de los negocios millonarios que obtuvieron personajes cercanos a todos los gobiernos del pasado y que en el caso actual se conocerán al término de la presente administración.
Eso sí, resultará difícil comprobarles a los servidores públicos que se vieron beneficiados en su paso por la administración pública, aunque quedarán los dichos, rumores y evidencias dejados en el camino.
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