La cancelación de la celebración de nuestra fiesta máxima, La Guelaguetza, por segundo año consecutivo, se advierte ya como un duro golpe a la industria sin chimeneas de Oaxaca. Si bien, como lo publicamos en nuestras páginas hace un par de semanas, la decisión del Consejo Estatal de Salud, que preside el titular de la SSO, Juan Carlos Márquez Heine, fue ponderada con seriedad aunque con preocupación por algunos dirigentes de cámaras y asociaciones, como la de Hoteles y Moteles (AHyMO), así como la Sección Oaxaca de la Cámara Nacional de Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), ambos titulares dejaron entrever que el daño a la economía de sus respectivos gremios será brutal. Y no les hace falta razón. Los festejos de julio, como ya lo hemos comentado, ha sido a lo largo de al menos las últimas tres décadas, un aliciente para los prestadores de servicios turísticos y en todo el entorno económico.
Es triste y lamentable, aunque hay plena conciencia de que se trata de una forma para evitar mayores daños para la salud tanto de los oaxaqueños como del turismo nacional y extranjero que nos visita. Como ya hemos dicho, los contagios y decesos no han cedido. En Oaxaca siguen al alza, al igual que en el país. La pandemia, definitivamente no se ha ido. Está con nosotros. El relajamiento de los protocolos sanitarios ha disparado de nueva cuenta el mal. Sin embargo, muchos negocios del ramo turístico ya no pueden más. O están cerrando o sobreviviendo de milagro. Es el caso de las agencias de viajes; de las transportadoras; de los guías y operadores de unidades que han padecido un infierno para llevar al gasto a casa.
No son pocas las voces que han pedido mecanismos gubernamentales de apoyo para poder sortear este año perdido en materia turística. Sería torpe negar que son miles y miles de familias en la capital y los Valles Centrales, así como en los destinos de playa, los que viven del turismo. Y no nos referimos a los grandes consorcios hoteleros, a los cuales les viene poco económicamente esta crisis, sino a las medianas y pequeñas empresas, que padecen este segundo año de suspensiones de eventos y afluencia, como un suplicio. Quienes viven de la industria sin chimeneas requieren más apoyo y menos mensajes de aliento. Deben existir mecanismos de financiamiento para estos tiempos de crisis.
Impunidad y negligencia
El pasado 21 de junio se cumplió un año de que 15 personas de la comunidad de Huazantlán del Río, municipio de San Mateo del Mar fueran asesinadas. Se dijo en un principio que se trataba de un conflicto político. Después la versión se fue diluyendo, aunque la ciudadanía de dicha población tenía bien identificados a los presuntos responsables. Pese a ello, no se han dado a conocer avances ni pesquisas respecto a este espinoso asunto. No fue cosa menor el asesinato multitudinario y hasta la incineración de esas 15 personas, situación que se dio a conocer casi de inmediato en redes sociales, por donde fluyeron fotografías grotescas de cadáveres aun quemándose. La pregunta es: ¿un asunto político electoral puede detonar tanto sadismo y actitud criminal al interior de la misma etnia, la huave?
Por lo visto, a un año de la citada masacre, insistimos, no hay ningún detenido, mucho menos consignado ante el Juez de Control, no obstante que se trata de un hecho grave que, de no haber sido por el sismo que golpeó la entidad a los dos días de estos hechos, se hubiera convertido en un escándalo nacional. Pese a la protesta de los dolientes y parientes de las víctimas, tal parece que el ilícito se trata de encubrir con un velo de misterio e impunidad. ¿A quién o quiénes se trata de proteger? La duda y la sospecha han estado presentes desde que pasaron los primeros días sin que la Fiscalía General del Estado diera a conocer un informe al respecto. San Mateo del Mar, es algo bien conocido, es una comunidad problemática, que libra décadas de conflicto con otra comunidad de la misma etnia: Santa María del Mar. Cerró los caminos terrestres para que los vecinos de esta comunidad no puedan entrar o salir, por lo que éstos tienen que hacerlo por mar.
Al igual que San Dionisio del Mar, cada elección para la presidencia municipal tiene que estar bajo la lupa de los cuerpos de seguridad, previniendo de que se maten entre sí. Sin embargo, lo ocurrido en Huazantlán del Río no tiene precedente. Es un hecho criminal inédito y, por su magnitud, los autores intelectuales y materiales deben ser castigados con todo el peso de la ley. Es decir, no debe haber lugar para las complicidades o simulación. Padres, madres, hijos, esposos (as) de los 15 fallecidos, esperan que haya justicia, no más impunidad y negligencia. Esperemos que el nuevo Fiscal General, Arturo Peimbert, tome el asunto en sus manos.
