Más allá de la denuncia de los hermanos Gómez Conzatti, sobre la presunta pérdida de identidad y otras quejas respecto al llamado Cártel del Despojo, en la opinión pública existe una fuerte corriente en torno a que existe una protección ilegal y sospechosa a los señalados como miembros de esta banda criminal. Hay una vieja sentencia que afirma que: “justicia retardada es justicia denegada”. Y en efecto, las denuncias sobre despojos tienen ya varios meses y las autoridades no han actuado en consecuencia. De hecho es un tema viejo. Lleva al menos veinte años que muchos oaxaqueños han perdido su patrimonio por delincuentes de cuello blanco que, han operado, con la protección del poder público. No es de extrañar pues, que dicha tendencia se mantenga, aunque como ya hemos comentado, los coletazos siguen fustigando al jefe del ejecutivo estatal.
El escándalo y la balconeada en la mañanera del presidente López Obrador se hubiera evitado de haberse actuado con premura y diligencia. Pero no. Los rumores, las especulaciones y los prejuicios se han dejado correr. A esta hora, quienes tienen la cola sucia deben haber obtenido amparos de la justicia federal. O, algunos haber puesto tierra de por medio. Es decir, no basta con decir o señalar que existen notarios, servidores públicos, abogados, corredores de bienes raíces, dirigentes de organismos sociales y hasta la delincuencia, involucrados, sino actuar en consecuencia. Los oaxaqueños deben volver a tener confianza en las instituciones que salvaguardan su identidad y sus bienes. Esto es, hay que ir por ellos e investigar cada uno de los casos de despojo ilegal.
Tampoco es la panacea para este pernicioso mal, solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la solución, como ha pedido la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en la LXV Legislatura local, cuando se presume que es un delito tipificado como operaciones de delincuencia organizada que debe investigar tanto la Fiscalía General del Estado (FGEO) o, en caso necesario, la General de la República (FGR). El asunto es que se actúe, pues de no hacerse quedará como una mancha endeleble de la administración del gobernador Alejandro Murat y afectar sus expectativas políticas que, públicamente, ha admitido. Nada agradable será, políticamente hablando, que le quede de tarea al siguiente gobierno. Aún hay tiempo para actuar y proceder en contra de los presuntos responsables de este delito.
Transición bajo lupa
Para que no haya acusaciones, consignas o carpetas posteriores a la toma de protesta del nuevo gobernador, el próximo primero de diciembre, el equipo de transición del mismo tiene en sus manos la delicada tarea de revisar con lupa la situación financiera y administrativa del gobierno que habrán de recibir. Que no pase lo mismo que tuvo que capotear Alejandro Murat de su antecesor. Una deuda mayor a los 28 mil millones de pesos, además de adeudos asimismo millonarios. Crisis en el Sector Salud, ante la contratación de miles de trabajadores eventuales sin el techo financiero necesario para cubrir sus salarios, que hizo que los Servicios de Salud en la entidad (SSO), tuvieran a lo largo del sexenio, un boquete financiero que, hasta la fecha no se ha podido superar, pese al desfile de titulares, seis contando la titular que está hoy al frente.
Como lo hemos publicado en las páginas de EL IMPARCIAL. El Mejor diario de Oaxaca, según se ha informado, Murat Hinojosa deja cuentas claras y, desde el punto de vista financiero, la casa en orden. Esperamos que así sea, pues hay que reconocer que haciendo caso omiso de rumores y trascendidos dolosos, las finanzas públicas, al menos los dos últimos años de gobierno, se han manejado con gran profesionalismo y limpieza. Es importante subrayar que muchas deudas que dejaron los dos gobiernos anteriores, el de Ulises Ruiz y el de Gabino Cué, en lo que se refiere a los complejos de Ciudad Administrativa y Judicial, han sido subsanados. En los últimos días ha trascendido que la deuda pública que dejará el actual gobierno es menos de la mitad de la que recibió.
He ahí el por qué mencionamos que la entrega-recepción debe estar bajo la lupa, es decir, hacer una revisión exhaustiva de todos los rubros, para evitar posteriores especulaciones. Se sabe que las obras relevantes que tiene el actual régimen: la de Símbolos Patrios y el llamado Circuito Interior, serán entregadas al pueblo oaxaqueño antes de que termine la actual administración, pero hay otras que llevan un retraso evidente. Otro caso es el de la carretera a la Costa que, no por abulia gubernamental sino por la terquedad de dos comunidades: Sola de Vega y San Vicente Coatlán no permitirán concluir en breve dicha obra añeja, tal como estaba planeada su entrega. Alguien ha dicho que las carreteras más caras del mundo son las de Oaxaca y no le hace falta razón. Los comisariados de bienes comunales, no se cansan de exigir prebendas y dinero.
