Hace unos días, en una de sus entrevistas mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema de la reconstrucción, luego de los sismos de septiembre de 2017. Si bien es cierto que no hizo alusión en específico a Oaxaca y la zona afectada del Istmo de Tehuantepec, afirmó que era un asunto delicado y pendiente, pero “que él ya no estaría mencionando” ni omisiones ni fallos de las administraciones anteriores. Ofreció el apoyo del gobierno de la Cuarta Transformación para terminar ese capítulo. Estamos a sólo un par de semanas a lo sumo, para cumplir dos años sin que las familias afectadas puedan vivir en lo que fueron sus viviendas. Es impresionante la serie de anomalías, presuntos desvíos de recursos y corruptelas que se dieron en este tema, lo cual resulta una bofetada a toda política de transparencia y rendición de cuentas. Se habla de constructoras que inflaron los costos, de conflicto de intereses y tráfico de influencias, sin que se sepa de alguien que haya sido investigado o consignado por dichos ilícitos.
Como en su momento lo dijimos, el gobernador Alejandro Murat y la presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), estuvieron en la zona del siniestro día y noche. Nadie se explica cómo algunos funcionarios –como se ha comentado- estuvieron haciendo negocios detrás. En espacios periodísticos ha trascendido que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y presumimos que también la Secretaría de la Función Pública (SFP), tienen expedientes abiertos, respecto a ciertas anomalías en el tema de la reconstrucción, aunque desconocemos el nivel en que están las investigaciones. Hay aún cientos o tal vez miles de viviendas que no han podido ser levantadas. Una de las razones que esgrimieron algunas áreas estatales es que la remoción de escombros tuvo un costo millonario, cuando todo mundo percibe que los costos fueron elevados de manera burda y abusiva. Hace poco más de una semana trascendió que algunos damnificados que ya habían recibido apoyo para la reconstrucción, les habían asignado más recursos. No podemos menos que recordar con frustración y coraje que las mismas tarjetas que el ex presidente Enrique Peña Nieto, había entregado a damnificados por los sismos, o carecían de fondos o fueron vaciadas de los recursos que se les habían otorgado.
UABJO y el porrismo
El fin de semana pasado, un grupo de porros universitarios, encabezados por Gabriela Jiménez y Francisco Velásquez, conocido como “El Sonrics”, entre otros, tomaron el edificio de la rectoría de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (Uabjo), con la bandera de que se les otorguen espacios para quienes fueron rechazados en el examen de admisión. Como lo comentamos la semana pasada en este mismo espacio editorial, el ardid de los rechazados es cada año. El pasado lunes, de nueva cuenta, fueron tomadas oficinas universitarias. Manejados por grupos porriles que exigen grandes cantidades de dinero para lograr espacios, una vez que tranzan con los directivos de cada escuela o facultad o, de negarse, toman las mismas. Es un vicio arraigado en nuestra Máxima Casa de Estudios, que no se ha podido erradicar, a veces por la complicidad de las mismas autoridades o porque no hay voluntad para acotar dicha práctica. En este año, el estira y afloja se está dando en el entorno de la sucesión en la rectoría en mayo del año próximo. Obviamente hay grupos de interés que están detrás de la desestabilización universitaria. Se menciona con mucha insistencia a la llamada “familia real”, emparentada con el ex rector Eduardo Martínez Helmes.
La semana anterior, un grupo de universitarios celebraron los 48 años de autonomía universitaria. Ahí, el rector Eduardo Bautista Martínez, dio un panorama de la situación económica que guarda la institución, la cual –todo mundo lo sabe- es dramática. El pago de pensiones y otras prestaciones se la está comiendo. No obstante, la UABJO vive acorralada y chantajeada constantemente por sindicatos y grupos porriles; por mafias e instrumentos de presión. Ya es común que grupos de porros entren en escuelas y facultades para exigirle a autoridades y alumnos, dinero o prebendas. Pese a las denuncias y a la constante exigencia de la sociedad oaxaqueña de limpiar, dignificar y fortalecer la academia en nuestra Alma Mater local, las cosas no cambian. El gobierno se ve imposibilitado de intervenir por la cacareada autonomía universitaria, haciendo de la institución un campo de batalla, cuando se desatan los enfrentamientos o una ínsula de impunidad, en donde grupos políticos y porros imponen su ley. Hay razón pues de que dicha institución siga caminando a la zaga de sus similares a nivel nacional y que, sea una de las circunstancias por las cuales es castigada con el tema presupuestal.
