Uno de los factores que más ha golpeado a las inversiones locales, nacionales y foráneas es la incertidumbre en la tenencia de la tierra. Una parte importante del territorio estatal se compone de tierras comunales, ejidos y demás que representan un problema para su usufructo o enajenación. Otro de los grandes retos para los inversionistas lo representa la proliferación de organizaciones, grupos y membretes que dicen defender la cultura indígena, la tierra y el territorio y atosigan a las empresas con amparos, protestas y hasta intervención de organismos internacionales. Un obstáculo más, lo puso de moda el gobierno de la llamada Cuarta Transformación: las llamadas consultas comunitarias, manejadas la mayoría de las veces por activistas sin escrúpulos que, detrás de sus acciones temerarias, se esconde el interés político y económico. El caso más reciente es el de la empresa oaxaqueña “Gugar”, cuyas instalaciones siguen tomadas por leales a Flavio Sosa, llamado “El Demonio de Tasmania”.
Sin embargo, en sentido contrario a las expectativas que ha dejado abiertas el embajador de los Estados Unidos de América, Ken Salazar, es también la ingobernabilidad –que mucho ponderó- lo que desalienta las inversiones. En efecto, en el Istmo de Tehuantepec –como mucho lo hemos comentado en este espacio editorial- los bloqueos carreteros se han convertido en la piedra en el zapato para las empresas. Hay ocasiones en que sólo en el área que va de Salina Cruz a Matías Romero se contabilizan hasta seis bloqueos. O son grupos de vecinos de tal o cual comunidad, organizaciones sociales que perviven de la dádiva gubernamental o son transportistas. Todos, sin excepción, manejados con abierto propósito económico. Es como ya hemos dicho: los bloqueos son ya un gran negocio.
No hay que olvidar que, si bien el embajador de los Estados Unidos de América, Ken Salazar aplaudió que en Oaxaca exista seguridad, ello dista de la verdadera situación que se vive en la entidad, inclusive en uno de los grandes proyectos presidenciales: el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Hace unos meses, el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador advirtió de la presencia de sindicatos mafiosos y grupos criminales merodeando por el citado proyecto. Ello implica que, en la medida en que no exista seguridad para el inversionista, empezarán aparecer las extorsiones, el cobro de derecho de piso y todos esos ilícitos que se han vuelto algo común en el país y en Oaxaca.
Maquillaje a ley
Todo lo que ha trascendido en los últimos tiempos respecto a la fe pública y sus representantes, no es nada nuevo. Oaxaca tiene todo un historial al respecto. Hace al menos unos veinte años fue escandaloso el despojo que se hizo de personas en su mayoría de la tercera edad. Se han dado homicidios por este delito. Sin embargo, nuestros flamantes legisladores de todos los partidos políticos acreditados en el Congreso del Estado, simplemente le han dado la vuelta. Hoy, la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se escandaliza de la forma en la que ha trascendido a nivel nacional, llegando incluso a la conferencia de prensa llamada mañanera del presidente de la República, pero propone reformas e iniciativas que sólo atienden los lugares comunes, sin llegar al meollo del asunto, que es justamente la potestad del gobernador de asignar fiats a quien él elija.
La semana pasada trascendió que la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local y coordinadora de la bancada Morena, Laura Estrada Mauro, había propuesto iniciativas de reforma a la Ley del Notariado del Estado de Oaxaca que, por lo que se sabe, tiene al menos 31 años de vigente. Sin embargo, para los juristas dicha reforma va en el sentido sólo moral, como sancionar a los notarios públicos que perviertan la fe pública; conminarlos a conducirse en el marco de legalidad; que la selección de los elegidos sea de manera cuidadosa, etc. Es decir, no va al fondo del problema. Cada sexenio, el ejecutivo estatal elige a sus favoritos, incluso hay quienes alcanzaron dicha patente sin cumplir con los requisitos que, en su momento, fueron alterados, como la vecindad o la edad.
La fe pública se ha convertido en un asunto de familia. Hay padres e hijos (as) que, sólo en familia tienen hasta cinco fiats. En el gobierno de Ulises Ruiz, funcionarios cercanos le pusieron precio. Y los hay que han pagado millones de pesos por dicha patente. Sin embargo, lo que más ofende es que todo ello se otorga de manera discrecional, sin examen de selección, sin conocimientos ni experiencia. Se da en pago a una supuesta lealtad o compromisos políticos y no porque haya otro criterio, más que el personal de quien manda. Hay tantas irregularidades que una reforma para legalizar la fe pública debe empezar, justamente, por acotar la potestad del gobernador. Caso contrario, todo será ficción.
