• Persisten en México violaciones a la libertad de expresión: EUA.
• Compras consolidadas de medicamentos y material en el Sector Salud
En días recientes se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, interpondrá una denuncia en contra de un grupo de empresarios, tras quedar al descubierto un fraude en el financiamiento de la serie “Populismo en América Latina” durante 2018.
Durante el pasado proceso electoral (2017-2018), se detectó un caso de propaganda negra que ha sido ya reportado por la presente administración, a la Fiscalía Electoral. El responsable de la producción de la serie sería Alejandro Jesús Quintero Iñiguez, ex funcionario corrido de Televisa. Al seguir la ruta de los recursos empleados, se encontraron operaciones fuera del perfil transaccional efectuadas en forma estructurada, desviando recursos de la Secretaría de Desarrollo Social, a favor de un candidato que perdió la contienda electoral.
Sin duda y a la distancia, tras el escándalo de la Estafa Maestra difundido desde principios de 2018, las autoridades federales debieron actuar con celeridad, ante el reclamo de grupos de la sociedad civil y de distintas instancias del poder legislativo, que señalaron los desvíos orquestados para financiar campañas políticas en distintas entidades federativas, desde las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial, y Urbano. En todos estos manejos poco o nada claros, invariablemente salieron a la luz los nombres de Rosario Robles, Emilio Zebadúa, y Ramón Sosamontes.
En este espació hemos dado cuenta de la operación de recursos a través del Sistema Hidalguense de Radio y Televisión, del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, y de distintas universidades estatales, para triangular financiamientos para campañas de distintos candidatos. En fin una raya más al tigre, y esperamos que en esta ocasión exista celeridad de las autoridades correspondientes para desahogar las investigaciones, y pronto llevar a juicio a los responsables en dependencias públicas y en empresas privadas.
Tómelo con atención.- Esta semana el gobierno de los Estados Unidos emitió su informe sobre violaciones a los derechos humanos, en el que una vez más señala a nuestro país, no sólo por casos como Ayotzinapa (Guerrero), Tlatlaya (Estado de México), o Nochixtlán (Oaxaca); sino porque persiste la impunidad por la violencia contra periodistas y la censura.
Reporteros y comunicadores han sido víctimas de ataques físicos, hostigamiento e intimidación, señalando como responsables en la mayoría de los casos a instancias estatales y municipales del estado mexicano, así como a organizaciones criminales trasnacionales.
En este espacio hemos informado sobre la gran desigualdad en el marco legal para el ejercicio periodístico en nuestro país; así como del descuido que en el pasado han mostrado las autoridades federales, sobre la implementación de mecanismos y reformas legales para lograr condiciones propicias para el ejercicio periodístico.
Si bien el gobierno de los Estados Unidos es omiso en analizar y señalar las condiciones internas que privan en su país, para el ejercicio periodístico y el respeto a la libertad de expresión, es una realidad que en México los derechos fundamentales no son respetados, y cada día son mayores los abusos en estados del norte, así como del golfo, contra quienes cumplen con informar y dar cuenta de los acontecimientos. Un gran pendiente para el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador; ya que a tres meses del inicio de la administración, no se observan acciones concretas de prevención y protección a periodistas, y el tema solo ha sido abordado en el discurso.
Tómelo con interés.- Esta semana se dio a conocer la lista de diez empresas beneficiadas en los procesos de compras consolidadas de medicamentos y materiales para el Sector Salud, durante la administración de Enrique Peña Nieto. Si bien se tiene registro de gastos millonarios y una serie de acciones irregulares y poco transparentes en el Sector Salud, esto no justifica el que desde el mes de diciembre de 2018, en los Institutos Nacionales; así como en el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE, se estén cancelando y reprogramando cirugías, lo que se traduce en un grave daño a la sociedad.
En las últimas semanas hemos señalado que son ya miles de pacientes con cáncer y VIH, que han suspendido tratamientos ante la negativa de los servicios de salud a proveer los medicamentos necesarios.
El presidente de la República señaló que será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien en forma directa convoque a licitación para abastecer de medicamentos y materiales al Sector Salud, lo que deberá suceder a la brevedad, toda vez que ya se vive una grave crisis en distintos estados de la república; aunado a esta situación, las deudas de las Secretaría de Salud estatales superan los cálculos y expectativas que la actual administración tenía, en fin, de pendiente en pendiente la operación de los servicios públicos se observa muy lenta, lo que llevará a nuestro país a una grave crisis.
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Antonio Mora
