Siempre hemos criticado el mito aquel de que Oaxaca es una de las entidades más seguras del país. Vale como anzuelo para el turismo nacional y extranjero o para alentar a los inversionistas, pero no para sorprender la inteligencia y buena fe de los oaxaqueños. Por supuesto que no somos, para nada, la entidad segura de los discursos oficiales o de las estadísticas alegres, con las que se regodean los responsables de las áreas de seguridad. Se podrá decir que este flagelo es un tema nacional. Y es cierto. Ha fracasado la política de “abrazos no balazos”. Escenas nunca vistas, como miembros de las Fuerzas Armadas sometidos y humillados por delincuentes en la población de La Noria, Sinaloa. O el secuestro de dos mujeres militares en Puerto Vallarta. O zonas turísticas a merced de sicarios y capos, que ubican a México como el paraíso de la impunidad, la violencia y la muerte.
Sin embargo, también en Oaxaca se cuecen habas. Las ejecuciones, los asaltos a mano armada y los asesinatos crueles y despiadados, los estamos viendo hasta en la misma capital. La Costa oaxaqueña y el Istmo, han superado con creces a la Cuenca del Papaloapan, en los últimos meses, en el número de homicidios dolosos. Pero no hay región que haya escapado a la influencia nociva de la delincuencia. El número de feminicidios, estimados por algunas organizaciones de mujeres de 36 a 43 en lo que va del año, demuele de principio a fin cualquier argumento de la entidad segura. Las desapariciones forzadas, no son algo para minimizar. Crecen cada día. El índice de percepción en la inseguridad, sólo entre los habitantes de la capital ha crecido de manera exponencial. Oaxaca de Juárez ya se ubica como uno de los 50 municipios más inseguros del país.
Y lo más grave. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, más del 70 por ciento de ciudadanos mayores de 18 años, coincide en que la situación habrá de empeorar. La semana pasada, un conocido chef fue asesinado a las puertas de su casa. La protesta de la comunidad artística, empresarial y ciudadana se ha orientado a exigirle al gobierno en sus tres órdenes: federal, estatal y municipal, actuar en consecuencia. Y ante el proceso de campañas políticas para la gubernatura, la ciudadanía espera de los contendientes, propuestas serias, estrategias viables y no demagogia ni buenos propósitos. El argumento de que no hay recursos para mejorar la calidad de vida de los policías, para avituallarnos y dignificar su labor, ya no valen.
En defensa del INE
Desde el inicio del gobierno llamado de la Cuarta Transformación, los órganos autónomos, particularmente el Instituto Nacional Electoral –el INE- han estado en la mira. Una institución que validó el triunfo arrollador del presidente López Obrador y de su partido en 2018; que ha documentado sin vacilaciones el posicionamiento mayoritario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el mapa electoral del país, paradójicamente ha sido objeto de calumnias y descalificaciones. Y ahora quieren desaparecerlo. Se trata de un duro revés para la incipiente democracia mexicana. Costó mucho trabajo convertirlo en una institución con perfil ciudadano, para volver al estatismo electoral. Hay que recordar que luego de meses de discusiones, la reforma política que se plasmó en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales y fue aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre de 1977, allanó el camino para la creación de un órgano autónomo, que no dependiera del gobierno.
Es importante señalar que un sector de la sociedad mexicana siempre ha deplorado de los diputados plurinominales o de representación proporcional. Su existencia obedece a privilegiar a las cúpulas partidistas y las mafias que se han enquistado ahí. Sólo unos cuantos se reciclan cada elección. Ahí están hoy, don Augusto Gómez Villanueva del PRI, de 92 años de edad, que ha sido una decena de veces legislador federal, o Porfirio Muñoz Ledo, primero en el PRI, luego en el Frente Cardenista y hoy en Morena o Pablo Gómez, soterrado vividor de la izquierda. Lo que no podemos negar es que, desde la reforma de 1977, cuando se elevó a rango constitucional el reconocimiento de los partidos políticos como entidades de interés público, también se buscó crear contrapesos a los partidos hegemónicos. Y se logró ampliar la participación de los demás en el Congreso. Y así entraron a ocupar curules, miembros de otros institutos políticos, a través de ciertas fórmulas que aplican los órganos que califican la elección.
La democracia mexicana, además de su medianía es también demasiado onerosa. Coincidimos con la urgencia de reducir el financiamiento a los partidos políticos, sin embargo, desaparecer los institutos estatales o los órganos jurisdiccionales para concentrar todo lo referente a elecciones en una institución central, es retroceder hacia el autoritarismo y el centralismo pernicioso. La pelota está en la cancha de la Cámara de diputados federal. Obviamente habrá mucho ruido al respecto. Esperamos madurez y una postura firme del bloque opositor.
