Hoy inician las tradicionales posadas navideñas. Es decir, el tradicional jolgorio de fin de año. Pasado mañana, 18 de diciembre, los oaxaqueños habremos de celebrar los 400 años de la presencia de Nuestra Señora de la Soledad, patrona de quienes hemos nacido en este terruño. En días pasados, el arzobispo de Antequera, Pedro Vásquez Villalobos, dio a conocer el programa de actividades para dicha celebración religiosa y del Jubileo por 400 años de su aparición. La feligresía oaxaqueña, sin embargo, deplora de que todavía para esas fechas, sigan las presiones y protestas de grupos y organizaciones, que contribuyen sólo a crear un ambiente de molestia, indignación y repudio ciudadano.
La protesta –lo sabemos todos- no tiene calendario ni horarios. Los dirigentes que, durante todo el mes de diciembre han estado fastidiando a la ciudadanía, no tienen ningún recato para llevar a cabo sus mecanismos de chantaje y presión. Lo pueden hacer hoy, mañana o pasado. Nada será tan desagradable que celebrar las fechas de Adviento teniendo como escenario ese fantasma que vemos durante todo el año: calles cerradas, cruceros bloqueados, carreteras colapsadas por el tráfico, luego de estar cerradas por grupos u organizaciones. Sabemos que, ante la imposibilidad de diálogo con las autoridades, los manifestantes potenciales apretarán en esas fechas a las autoridades, sin importar a sus nulos escrúpulos, fastidiar a viajeros o visitantes. Ya es una película muy vista por la ciudadanía. El gobierno de Alejandro Murat, sin embargo, debe evitar a toda costa que el período vacacional y de festejos tradicionales se vea una vez más, empañado por la ambición, los intereses facciosos o gremiales de dichos grupos. Nadie en su sano juicio desea acciones represivas o de fuerza del Estado para garantizar la paz social, además de que sabemos, que ello no ocurrirá ante el miedo a aplicar la ley, pero ésta, debe prevalecer sobre cualquier otro interés, para poner a salvo el legítimo derecho del pueblo a disfrutar tanto el calendario de festejos, como el período vacacional. Tenemos la certeza de que no habrá ningún móvil o causa que justifique acciones de chantaje a las autoridades, afectando a la única fuente de divisas y dinero fresco de la entidad: la industria turística. Y el derecho de nuestros paisanos que han vivido allende nuestras fronteras o los paseantes que desean conocer Oaxaca, para disfrutar de su estancia temporal en el estado.
Medidas cautelares, ¿de qué?
Ya vienen los festejos de fin de año y de nueva cuenta las autoridades tienen que batallar para devolverle, así sea de manera efímera, algo de dignidad a nuestro Centro Histórico. Otra vuelta de tuerca para luchar en contra del comercio en la vía pública que ya se apropió, prácticamente, de los espacios comunes del corazón de la capital. Convencer a los grupos que ahora mismo protestan, como las células de Antorcha Campesina o a los indígenas triquis, presuntamente cautelados, que se apropiaron desde el año 2010 de los pasillos del Palacio de Gobierno, en donde han instalado, contra derecho, un tianguis comercial, hotel, cocina, excusado, etc. Cerca de cumplir los diez años de estar ahí de manera ilegal, sus dirigentes: Lorena Merino, Reyna Martínez y Jesús Martínez, asumen que dicho espacio es suyo.
Como muchos recordaremos, en 2010, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), solicitó al gobierno mexicano, otorgara a cerca de sesenta indígenas triquis, medidas cautelares, en virtud de que habían sido “desplazados” de la región de Copala, por grupos paramilitares violentos. En abril de dicho año, al frente de una supuesta caravana humanitaria, había sido asesinados dos personajes: la activista de CACTUS, Beatriz Cariño y el finlandés, Jyri Antero Jaakola. Hubo además dos o tres heridos. Diversas fuentes coincidieron en que los fallecidos sabían que la zona de Copala, La Sabana y Rastrojo, ubicados en dominios triquis, en el distrito de Juxtlahuaca, era una especie de zona de guerra. La lucha por el predominio había contagiado a los diversos organismos que dicen representar a dicha etnia. Había todo un catálogo de asesinados y desaparecidos que servían de referencia.
Sobre los hechos de violencia se montaron algunos vivales, de tal suerte, que los supuestos cautelados, que no suman ya ni veinte, siguen poniendo al gobierno estatal en un serio predicamento, luego de utilizar dichas medidas, como un ropaje de inmunidad. Reciben dinero para su manutención, han exigido incluso que se les construyan casas, con iglesia para rendir culto y una serie de prebendas. Una de ellas es pervivir en los pasillos del Palacio de Gobierno dando una imagen deplorable del Centro Histórico, pero usando, además, dicho espacio público, como moneda de cambio para recibir sobornos y dinero público a cambio de desalojar, cuando el momento así lo requiere.
