La semana pasada, de gira por Miahuatlán de Porfirio Díaz, el gobernador Alejandro Murat afirmó que ante la situación sanitaria que vivimos, se suspenderán los festejos en los meses que vienen. Queda claro que, por segundo año consecutivo, no habrá celebraciones religiosas en la Semana Santa ni, suponemos, apertura para los destinos de playa que, de nueva cuenta, tendrán playas abiertas con restricciones, hoteles a la mitad de ocupación y restaurantes sin clientes. Hay que recordar que estamos a tres semanas de cumplir exactamente un año de que dio inicio la contingencia por la pandemia de Covid-19. Y no hay mejora, ni en la industria turística ni en la economía en general. Tenemos encima además el fin de semana largo del natalicio de don Benito Juárez, que antes representaba una bocanada de aire fresco para los prestadores de servicios, previo a la temporada vacacional. Este año, por lo que ya hemos comentado no será igual.
Lo que ha estado en tela de juicio es que, a casi un año de esta crisis, no existe de parte del gobierno federal un programa intensivo de apoyos económicos, incentivos fiscales u otras medidas para paliar la crisis. Por todos lados se observa la pobreza, necesidad, falta de recursos para poder sobrevivir. En ciertas plazas comerciales hay menores de edad con sus padres vendiendo gelatinas, pasteles u otros productos caseros. Muchos jóvenes han buscado la forma de enfrentar esta crisis abriendo negocios de pizzas o pastas, que ellos mismos reparten en bicicletas o motos. En las calles pululan vendedores de todo tipo de mercancías. Sin embargo, en el horizonte se atisba una mayor pobreza. En los rostros curtidos de la gente del campo se observa tristeza, desolación e incertidumbre. Los mercados lucen con pocos clientes. La carestía asoma a la puerta y cada vez es más difícil para muchos que viven al día, llevar el pan a casa.
El impacto al turismo lleva efectos colaterales en otros sectores sociales. Por ejemplo, la gente que vive de los visitantes en las zonas arqueológicas como la Villa de Mitla o aquella que está a la espera de los turistas para la venta de artesanías como Teotitlán del Valle, Santa María Atzompa, San Bartolo Coyotepec o San Martín Tilcajete, por mencionar solamente unas cuantas poblaciones. Qué decir de las familias dedicadas a la venta de comida, antojitos o dulces oaxaqueños. En fin, los latigazos de esta crisis impactan por doquier. Sin embargo, nadie se escapa del pago de impuestos, de las infames contribuciones al fisco federal, que no ha dado tregua a los mexicanos igual que la pandemia.
Lucha anti-corrupción, ad hoc
La serie de errores y desvíos detectados en algunos programas sociales del gobierno de la Cuarta Transformación, muestran de manera fehaciente que la lucha contra la corrupción que tanto cacarea el gobierno federal, en una forma publicitaria más que una cruzada eficaz para abatir este flagelo. Son miles y miles de millones de pesos de la Cuenta Pública 2019, que ha detectado la Auditoría Superior de la Federación (ASF), falta por comprobar en algunos programas sociales gubernamentales. Sin embargo, luego de que dicha información fuera difundida en algunos medios, el presidente López Obrador, como es su costumbre, la desestimó, calificándola de exagerada y hasta falsa. Se presume que el órgano fiscalizador está por encima de cualquier autoridad del ejecutivo. Es un órgano autónomo y como tal opera. Pero hoy está en el ojo del huracán, por servil y falto de ética.
El pasado lunes 22 de febrero, nuestro diario publicó una nota de la prensa nacional, en la que se daba cuenta que, en la Secretaría de la Función Pública (SFP), en donde manda Irma Eréndira Sandoval, hubo resistencia de funcionarios y demás servidores públicos, para abrir archivos y aportar información requerida por la ASF. No es la primera vez que dicha dependencia se pone en el ojo del huracán mediático, habida cuenta de las propias irregularidades en que ha incurrido la titular, señalada de poseer varias propiedades, además de mantener en reserva información que, por su misma naturaleza, debe ser pública. Resulta una afrenta a la cacareada lucha anti-corrupción que ha emprendido el gobierno federal, el hecho de que a la principal dependencia pública le cierren las puertas en donde se presume, debe haber cuentas claras e información precisa sobre el uso de los recursos públicos en el gobierno federal.
Queda claro pues que el hallazgo de desvío de recursos, falta de cuentas claras y la comprobación del gasto en ciertos programas sociales, se ha convertido en estos tiempos en mecanismo de linchamiento hacia la ASF. Todo aquello que no cuadra a quienes están en el candelero gubernamental, es de inmediato descalificado desde el púlpito mañanero. Con justa razón varios ex funcionarios se vieron obligados a renunciar, como fue el caso del titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, Jaime Cárdenas, hace sólo algunos meses. La serie de triquiñuelas con las que se pretende mostrar al pueblo mexicano que la cruzada contra la corrupción avanza, contrasta con la cerrazón de dependencias y funcionarios que insisten en la secrecía, la opacidad y la discrecionalidad.
