Desde hace algunos años se sabe de la existencia en el estado de Oaxaca, no sólo en la capital, de una banda de extranjeros, concretamente originarios de Colombia, que operan como grupo criminal, una red de préstamos en efectivo a mercaderes o comerciantes en la vía pública. Tal cual las famosas “monta deudas” que el gobierno de la Ciudad de México desmanteló recientemente, operada por un grupo criminal avecindado en China, los colombianos traen un abultado directorio de deudores a quienes cobran intereses altísimos, después de dejar en prenda objetos valiosos como joyas, automóviles e incluso propiedades inmobiliarias. La necesidad de efectivo de manera inmediata ha hecho que dichas bandas criminales hayan despojado a sus deudores de sus bienes o, en casos extremos, los han asesinado.
Ha sido un secreto a voces que las citadas bandas han operado con absoluta impunidad. Y pese a los presuntos asesinatos perpetrados. ¿Cuál es el fondo de esta aberrante omisión oficial ante evidencia tan graves? Por una parte, las autoridades que procuran justicia simplemente han visto estas operaciones de manera superficial. En la zona del Mercado de Abasto se comenta de una posible protección tanto de la Policía Estatal, Municipal, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y hasta de corporaciones federales. Otra de las dependencias que están en tela de juicio es el Instituto Nacional de Migración (INM), dado que, ha permitido que extranjeros sin una estancia legal en el país, estén involucrados en actividades ilícitas, trastocando el clima de paz social y evadiendo el cumplimiento de la ley a que están obligados.
Desde hace años, en algunos rumbos de alta plusvalía de la ciudad capital, como es el caso de la agencia municipal de San Felipe del Agua o colonias del norte, muchos vecinos fueron sorprendidos por verdaderas bandas de ladrones, que enviaban como anzuelo a una guapa mujer para penetrar a los domicilios y vaciar todo lo de valor. Se trataba de bandas de colombianos. Igual entonces que hoy, las autoridades se encogían materialmente de hombros para poder actuar. Sin embargo, el crimen de una mujer, Jazmín Arely de 48 años de edad, ocurrido el pasado martes 30 de agosto, debe obligar a los tres órdenes de gobierno a aplicar la ley, empezando por la acreditación legal en el país. No hacerlo pondrá en tela de juicio que existe una impunidad pactada.
Contra el despojo, la ley
La postergada comparecencia del Fiscal General del Estado, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, ante la Comisión Permanente de Impartición y Procuración de Justicia de la LXV Legislatura del Estado, la semana pasada, dejó en claro que el delito de despojo está presente no sólo en la capital oaxaqueña sino, asimismo, en la zona del Istmo de Tehuantepec, por donde pasará el proyecto del Corredor Interoceánico (CIIT). Lo que dejó entrever sin dar más datos, habida cuenta de la secrecía que debe existir en materia de justicia, es que existe operando en la entidad toda una red criminal en la que están involucrados notarios públicos, abogados, corredores de bienes raíces, autoridades ejidales y hasta grupos criminales. Si bien es cierto que, aquello que los legisladores esperaban eran datos concretos sobre lo que la FGEO ha hecho para meter en cintura a estos bandidos, se quedó sólo en los lugares comunes: todo mundo sabe quiénes están involucrados y cómo han operado.
En efecto, desde hace meses, el asunto del llamado “Cártel del Despojo” se hizo un escándalo nacional que, de manera colateral, ha afectado la imagen del gobierno estatal, precisamente porque ante las evidencias presentadas por ciudadanos y familias afectadas, no se ha actuado. Notas periodísticas, filtraciones en redes sociales y otros, han dado pelos y señales de algunos ilícitos como son los casos del robo de identidad y las operaciones fraudulentas para apropiarse de bienes que le corresponden a otras personas, las cuales son despojadas con el mayor cinismo. En ello, se ha sabido, los operadores principales han sido los llamados fedatarios públicos, que han hecho de dicha fe, un instrumento delictivo.
Si bien es cierto que el titular de la FGEO fue designado por el Congreso del Estado para un período que supera las expectativas de esta administración, la opinión pública espera que sin mayor dilación se proceda, con la ley en la mano, en contra de aquellos que han hecho de la propiedad privada en Oaxaca, un instrumento delictivo, al coludirse para apropiarse de lo que no es suyo. Los bienes de los oaxaqueños, heredados u obtenidos por créditos y sacrificios, no deben estar en riesgo de perderse, dadas las operaciones cuasi-criminales de una caterva de bandidos de cuello blanco. Hacia ahí deben apuntarse las actuaciones de la instancia que procura justicia. Lo demás es ficción.
