Sin ánimo de poner en tela de juicio la política de diálogo y más diálogo que ha emprendido este gobierno, a lo largo de los cuatro años que lleva de gestión, existen situaciones en las que dicho método no funciona. Por ejemplo, durante toda la semana pasada, un grupo de vecinos de San Juan Mazatlán, Mixe bloquearon la carretera Transístmica, a la altura de Boca del Monte, para exigir la destitución de su presidente municipal, Macario Eleuterio. Y pese a la protesta e impotencia de miles de automovilistas y transportistas, lo siguieron manteniendo el pasado fin de semana, asumiendo actitudes de extorsionadores y ladrones, al estar cobrando derecho de paso. En las filas de vehículos varados durante días, había algunos que transportaban tanques de oxígeno, provenientes de Coatzacoalcos, Veracruz. No obstante, la importancia de dicho producto para los pacientes y enfermos de Covid-19 de toda la zona istmeña, que es un factor de vida o muerte, los que bloquearon la vía les impidieron el paso.
Adicionalmente, en afán de protagonismo y violando los derechos humanos, obligaron a un funcionario de la Secretaría General de Gobierno a pasar el bote a los automovilistas y el domingo pasado lo mantuvieron atado a una camioneta. Obvio, una actitud cobarde y torpe. Esta situación, rebasa la naturaleza propia del chantaje al que recurre cualquier hijo de vecino en territorio oaxaqueño y se convierte en una omisión criminal. Y es aquí en donde la protesta y la libre expresión deben ser tipificadas como responsabilidad penal. Impedir el paso de ambulancias con enfermos o heridos o, en el caso que señalamos de los camiones con tanques de oxígeno, en un momento cuando la pandemia sigue cobrando vidas, debe ser visto no con la indulgencia del diálogo, sino con la fuerza de la ley bajo los preceptos del Código Penal en vigor.
Fuentes gubernamentales revelaron que lo que ha estado en juego, al final de todo, no ha sido la remoción o permanencia del citado presidente municipal, sino que el gobierno les entregue a los promotores del bloqueo, cinco millones de pesos del Ramo 33, Fondo 3. De esta cantidad, al menos 400 mil pesos en efectivo. Es decir, el móvil principal para fustigar a miles de automovilistas y transportistas varados; para mantener en suspenso la salud de centenas de enfermos, a la espera de oxígeno, se ha hubiera podido resolver con el clásico embute. Se trata pues de una vil y vulgar extorsión, que de ninguna manera merece mesa de diálogo o negociación, sino mantener firme el espíritu del Estado de Derecho.
Patrimonio histórico en riesgo
Desde hace décadas, el deterioro de nuestro patrimonio histórico ha sido una constante. No es pues, nada nuevo. Y se ha dado en varios sentidos. Basta recordar el daño que se hizo a edificios y monumentos de arquitectura novohispana, durante el movimiento político y social del 2006. Turbas de maestros y aliados, con barreta en mano, hacían proyectiles de la cantera del edificio Central de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) o del Teatro “Macedonio Alcalá”, para lanzarlos a la Policía Estatal. Arremetían sin más buscando no la defensa de su causa, sino deteriorar, destruir, por el solo hecho de hacerlo y tomarlo como afrenta al gobierno del entonces ejecutivo estatal, Ulises Ruiz. En El Mejor diario de Oaxaca publicamos, tiempo después, la fotografía de un maestro de la Sección 22, perforando las canteras de la Catedral Metropolitana, armado con clavos y martillo. El objetivo era tener un objeto en donde atar el mecate para sostener el pedazo de plástico que le serviría de sombra.
En otra vertiente, también nuestro patrimonio ha estado a merced de los nuevos depredadores urbanos. Edificios de los Siglos XVI y XVII, han sido objeto de remodelaciones sin cumplir con los lineamientos que exige el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). A muchos sólo les queda la fachada, pues en su interior lucen las expresiones más refinadas del urbanismo moderno. En algunos casos las autorizaciones para remodelar son laxas; en otras son estrictas, lo que ha motivado que los interiores se hagan casi a escondidas y sin tener encima a los supervisores tanto de la dependencia federal como de las del municipio de Oaxaca de Juárez. Hay ciertos casos en los que tal parece que hubiera complicidad. El pasado domingo publicamos la remodelación, de manera irregular, de la vieja casona, ubicada frente a la Iglesia de la Compañía de Jesús, justo en donde vivió en 1812-1813, el general José María Morelos y Pavón.
Las afrentas pues, a nuestro patrimonio edificado han venido de todas partes. Ahí están decenas de viejas casonas que están a punto de venirse abajo, ante la apatía y la indolencia de los gobiernos estatal y municipal. No existen, por lo visto, normas estrictas que conlleven, en remodelaciones y rehabilitaciones, el objetivo primario de conservar lo que sirvió a la UNESCO hace 33 años, para calificar a la capital como “Patrimonio Cultural de la Humanidad”.
