El jueves 12 de mayo fue asesinado en Santiago Juxtlahuaca, Luciano Pérez Martínez, militante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT). Este crimen se da a casi una semana de que dicha organización, que encabeza Rogelio Pensamiento Mesinas y su adversario, Macario García Merino, dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), suscribieran en la Secretaría de Gobernación, ante el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez y el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, como testigos, un acuerdo de paz a fin de que los grupos que se dicen desplazados de la zona de Tierra Blanca, pudieran retornar en un ambiente de paz y seguridad. El viernes 13, militantes del MULT realizaron una serie de protestas y bloqueos carreteros, pues al decir de su dirigente, los responsables del crimen son las organizaciones MULTI y la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), que encabeza Fabián Pereda, conocido como “El Calaco”.
El citado acuerdo de paz, postergado en varias ocasiones, representaba el quinto intento de las autoridades federales y estatales para regresar a los triquis a su comunidad. Sin embargo, como siempre lo hemos dicho, son acciones criminales como la que mencionamos líneas arriba, además de la nula voluntad de los dirigentes de las diversas organizaciones, las que han obstaculizado históricamente que haya paz en la región. El dirigente del MULTI, García Merino, está empecinado en arropar a los supuestos desplazados con medidas cautelares de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a fin de que los mismos sigan lucrando del apoyo del gobierno e invadiendo los espacios públicos o privados que les plazcan a sus dirigentes, como fue el caso de la explanada frente al Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, de donde fueron desalojados hace unas semanas, por instrucciones de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
Los acuerdos de paz pues, en esta etnia beligerante y violenta, son sólo ficciones. La muerte y la violencia han sido y son hoy en día, el gran negocio de los dirigentes. Es la bandera con la que tocan y patean las puertas de las oficinas de gobierno y las que les permiten alargar la mano para recibir apoyos gubernamentales, teniendo enfrentándose entre sí a hermanos contra hermanos. Lo hemos dicho muchas veces: en tanto no se aplique la ley, esta carrera mortal va a continuar.
Bloqueos vs derechos humanos
Desde 1980, cuando el llamado Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación en Oaxaca (MDTEO), inició una escalada de acciones para vulnerar el derecho a la libre circulación, hasta el día de hoy, el pueblo oaxaqueño ha vivido alienado y secuestrado de manera permanente por grupos, maestros, organizaciones sociales, sindicatos, normalistas, transportistas, comuneros, productores, etc., que para presionar al gobierno en sus particulares demandas, han tomado calles, cruceros y carreteras para montar bloqueos, atentando con ello, en contra de los derechos humanos de la población. Esta práctica se ha generalizado y, en Oaxaca, se ha institucionalizado. Se ha convertido no sólo en una afrenta a la paz social sino en un freno al desarrollo de la entidad y un atentado en contra de los derechos civiles.
Hasta el momento, ninguno de los siete aspirantes a la gubernatura del estado: Salomón Jara Cruz, de la coalición “Juntos hacemos historia en Oaxaca”, conformada por Morena-PVEM-PT-PUP; Alejandro Avilés Álvarez, candidato común del PRI-PRD; Natividad Díaz Jiménez del PAN y Bersaín López de Nueva Alianza, además de Alejandra García Morlán de Movimiento Ciudadano (MC) y los candidatos indígenas e independientes, Mauricio Cruz Vargas y Jesús López Rodríguez se han pronunciado a lo largo de sus campañas de proselitismo y sus propuestas, respecto a este lacerante tema. Desde el año 2006, cuando Oaxaca se vio inmersa en un conflicto político-social que fustigó a quienes nada tenían que ver en el asunto y luego del fallido desalojo del 14 de junio que instrumentó el gobierno de Ulises Ruiz, prácticamente la impunidad de grupos y organizaciones para seguir con los bloqueos, se hizo una institución.
El Síndrome del 2006, además del episodio de Asunción Nochixtlán, en 19 de junio de 2016, nos marcó. El gobierno de Alejandro Murat no ha movido un solo dedo para instruir un desalojo o abrir el paso. Para todo se ha dicho que el diálogo será el arma favorita, pese a que haya vías como el caso del Istmo de Tehuantepec, que pueden estar bloqueadas durante semanas. Ha habido pues, miedo para aplicar la ley, en medio de un panorama de total impunidad para quienes han hecho de esta práctica un boyante negocio y de extorsión. Diversos sectores oaxaqueños, incluyendo comerciantes, transportistas, empresarios, etc., han dicho basta ante tanta pasividad oficial, lo cual ha recrudecido esta práctica perniciosa o adversa a la vigencia de los derechos humanos.
