Luego que el excoordinador general del Programa de Agronegocios de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (Sefader) de Oaxaca, Jesús Pacheco, enviara una carta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para denunciar supuestos desvíos de recursos, moches y tráfico de influencias en esta dependencia, este miércoles el titular salió a desmentir lo que también se dice que pasa en otras instituciones.
Desde el año pasado, en los pasillos del Palacio de Gobierno y otras secretarías, se rumora que los actos de corrupción y los moches no solo se dan en la Sefader, sino también en el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED) que encabeza Alejandro López Jarquín, quien ha permitido y seguirá permitiendo la venta de obras en beneficio de una larga lista de amigos y familiares de funcionarios del Gobierno del Estado.
Que no nos extrañe que los morenistas caigan en las mismas prácticas que los priístas. La diferencia es que los primeros apenas están viendo cómo se opera en la asignación de obras, mientras que los segundos ya se sabían la ruta a seguir y cómo evitar ser descubiertos.
Se rumora que la venta de obras y moches está al por mayor en otras dependencias como los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Caminos Bienestar (CABIEN) y el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPA), donde se tratan obras. Lo malo es que estas se van hacia los nuevos funcionarios y dejan fuera a los constructores oaxaqueños que no tienen amigos ni compadrazgos.
También en el Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca (Icapet) asoma la corrupción de la 4T, en donde se les rasura el sueldo a los empleados de confianza, mientras que los jefes se han asignado sueldos onerosos. Por cierto ya hay una investigación al respecto.
Pero no sólo de eso sufre el gobierno de la 4T, sino también padece de un aberrante nepotismo, compadrazgo y amiguismo, los cuales se reparten los cargos públicos que tanto criticaban de las familias priistas.
El ejemplo más burdo y que mueve a risa ocurre en la dirección del Registro Civil. Resulta que el pasado 15 de enero, quien fuera titular de esa dependencia, Dulce Belén Uribe Mendoza presentó su renuncia al gobernador Salomón Jara, para irse en busca de un cargo de representación popular, como que si hubiera desempeñado un excelente papel en el Registro Civil, donde corrió a empleados, convirtió la institución en un “elefante reumático” y la dejó sin material de oficina para que los empleados pudieran laborar como es debido.
Las redes sociales dieron a conocer este miércoles la designación de Alfredo Santiago Chávez como nuevo director del Registro Civil, luego de la renuncia de Dulce Belén Uribe. Tras el texto, se publica una foto en donde el nuevo funcionario al lado del Consejero Jurídico, Geovani Vásquez Sagrero, muestra su nombramiento como tal.
Pues resulta que, de acuerdo con los empleados del Registro Civil, el tal Alfredo Santiago Chávez es esposo de Dulce Belén, la misma que desempeñó un gris papel en esa dependencia. Es decir, el cargo queda entre familia.
Ante este acto de nepotismo, empleados ya se inconformaron por la burla oficial. Han protestado pegando cartulinas en la dependencia y han amenazado con realizar un paro, si Alfredo Santiago toma posesión del cargo.
Este es un ejemplo claro de la imposición de familiares, compadres y amigos, novias y novios en la estructura pública. Todo es tan burdo que ni siquiera lo disfrazan. Creen que el poder es eterno y que no importan guardar las formas. En las próximas elecciones, podría haber sorpresas, quizás votos de castigo que la primavera oaxaqueña tendrá que asimilar por incurrir en errores como estos.
REPRESIÓN EN MIXTEQUILLA
Santa María Mixtequilla, Tehuantepec vive momentos de tensión, luego la detención de nueve integrantes de la Resistencia Civil Pacífica ocurrida la madrugada del sábado, previa orden de cateo, consumada por policías estatales, Guardia Nacional y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. Los familiares de los detenidos alegan represión y aseguran que éstos son acusados por la síndica municipal del robo de una camioneta policial, por lo cual fueron sacados de sus viviendas por la fuerza, cuando aún dormían y llevados con rumbo desconocido. Entre los detenidos hay una mujer, por la cual no se ha visto solidaridad de las propias mujeres, sabiendo que durante su detención, fue golpeada, vejada y humillada por los uniformados, pues fue tratada como vil delincuente.
El gobierno les cobró de un jalón la afrenta a un grupo de comuneros que no han querido vender sus tierras al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, que es el Corredor Interoceánico, pues en esa zona se construirá un llamado polo de desarrollo.
En su momento, los perseguidos han denunciado que los líderes actuales de los bienes comunales han presionado a los campesinos para que vendan sus tierras al gobierno, pero ellos se han opuesto. En su lucha por la defensa de la tierra han realizado marchas y cierre de carreteras. Y Ahora se les acusa de incendios, daños a la vía pública y del robo de una camioneta policial, por eso el Estado se ha ensañado en contra de ellos y los mantiene encarcelados. En los últimos días, este hecho ha provocado la reacción de organizaciones independientes, tanto nacionales e internacionales que están denunciando los atropellos en contra de esos indígenas zapotecos del Istmo, que deja mal parado al gobierno de la 4T, que ya tiene la insignia de gobierno represor.
Ahora resulta que asusta a los gobernantes de izquierda la lucha de los pueblos que no permiten imposiciones de ninguna índole y por eso los mete a la cárcel. Igualito como operaban los gobiernos priistas. Ni más ni menos.
