En los últimos tiempos, Oaxaca ha sido nota nacional por ser, como ya se ha dicho, un paraíso para la suplantación de identidad. Aunque se le ha dado muchas vueltas al tema fue motivo de escándalo la supuesta desaparición del Registro Civil, de las actas y demás documentados de unas personas que a su tiempo reclamaron haber sido “borradas” prácticamente de la lista de oaxaqueños nacidos aquí. Este asunto ha sido muy bien aprovechado por conocidos funcionarios/notarios, que han utilizado esos vacíos para despojar a legítimos propietarios de predios y terrenos, de la propiedad de los mismos. Es decir, han actuado como vulgares delincuentes, sólo que de cuello blanco. Lo que indigna es que, a pesar de la denuncia ciudadana, los funcionarios siguen tan campantes en el cargo, listos para seguir cometiendo tropelías y actos fuera de la ley.
Sin embargo, no es la única forma en la que algunos pillos operan. Se han dado casos de hackeo de cuentas personales o en redes sociales. Una vez que logran su cometido, los delincuentes que, por lo que se ha visto, no son detenidos por los órganos policiales o de justicia, suplantando a determinada persona, empiezan a solicitar transferencias bancarias, entrega de dinero en efectivo o depósitos. Un caso similar le ocurrió a la presidenta municipal de San Pedro Pochutla, Saymi Pineda Velasco. La persona que suplantó su identidad fue grabada pidiendo dinero y haciéndose pasar por la edil de la población costeña. Era más que evidente que se trataba de un fraude. Aun así, las autoridades tardaron en reaccionar. Como este caso, los hay por miles, pese a la existencia de un área de las Secretarías de Seguridad Pública, que trata sobre delitos cibernéticos.
La semana pasada trascendió que vivales habían creado un perfil falso de la cuenta de Facebook, del titular de la Secretaría de Finanzas, Jorge Antonio Hidalgo Tirado, para extorsionar a presidentes municipales y solicitarles información confidencial. Se procedió como se ha hecho en otras ocasiones: exigir dinero para “bajar recursos” que, como se establece en la ley, no requiere de gestores o promotores, sino que ya vienen etiquetados por ley. Por fortuna, la Fiscalía General del Estado ya abrió una carpeta de investigación sobre el caso. Y suponemos que debe ir al fondo. Dicho ilícito es equiparable a las maniobras de extorsión que operan desde los penales federales y estatales.
País salpicado de sangre
¿Alguien en su sano juicio podría simular un acto de brutalidad, sadismo y cobardía como el hecho que ocurrió en la población de San José de Gracia, estado de Michoacán, que alguna vez inmortalizó ese gran historiador que fue don Luis González y González, donde un comando armado sacó a 17 personas de un velorio, las formó en la pared y les disparó así cual si se trata de un fusilamiento? Creemos que sólo una persona fuera de sus cabales puede pensar que fue un montaje, cuando los vecinos de dicha masacre tomaron videos y fotos de los ríos de sangre que corrieron por las calles aledañas. Para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, predispuesto ya ante lo que se maneja en los medios de comunicación todo fue producto de un montaje. Sin embargo, la información que ha salido en los últimos días, le ha dado de frente.
La responsabilidad recae presuntamente en uno de los grupos criminales que, desde hace poco menos de una década, ha salpicado de sangre al país. Pero el Estado no le hace frente. Las acciones de las Fuerzas Armadas son meramente disuasivas no para detener a dicha cártel que, al paso que vamos, va imponer su ley como un poder fáctico en el país. Se trata de la misma organización delincuencial que ha acabado con pequeñas poblaciones, que ha sido motivo del desplazamiento de miles y miles de mexicanos; que ha convertido a Michoacán, Guerrero y Zacatecas en un gigantesco cementerio, pero al cual se le enfrenta con una irrisoria política de “abrazos no balazos” o “cambien su nombre”, menciones dignas de hilaridad, pues tal parece que provienen de la ocurrencia y no de una política de Estado.
Si bien, el ejecutivo federal, aferrado como está a sus fantasmas y delirios jamás lo aceptará, las estadísticas no mienten. Los miles de muertos por la violencia prohijada por los grupos criminales son algo superior, en un gran porcentaje, a los que hubo en los regímenes anteriores. Sin embargo, a tres años y meses de gestión se sigue culpando de todo a los gobiernos neoliberales de lo que ocurre en el país. Existe pues una cortina la que cubre la falta de experiencia, de capacidad y voluntad política para enfrentar esta ola de violencia que lacera a México. Lo peor de todo es que el presidente no acepta que su política de seguridad es errática. Que sus resultados han creado en el país un ambiente de zozobra y terror.
