El jueves de la semana pasada, luego de casi dos semanas de atrocidades y atropellos a los derechos civiles por parte de grupúsculos que le hacen el juego sucio a la dirigencia de la CNTE/Cártel 22, circuló en las redes sociales un dato: personas afectadas por dichos excesos estaban llamando a la sociedad civil, transportistas, taxistas, empleados, profesionistas y oaxaqueños en general a darse cita en los atrios de ciertas iglesias, para de ahí partir hacia los lugares que el magisterio ha mantenido bloqueados y desalojarlo. Esto es lo que han propiciado las absurdas demandas de los hampones que encabezan la Comisión Política del llamado Cártel 22, habida cuenta de que de las cerca de 50 demandas que han planteado al gobierno de Alejandro Murat, la mayor parte nada tienen que ver con justicia laboral o cuestiones en torno a la educación. Por ejemplo la exigencia de que se le dote de combustible al parque vehicular que tiene la gremial o la construcción de dos hoteles: uno en Huatulco y otro en Puerto Escondido. El pueblo, que ha llegado al borde de la crispación no acaba de asimilar que ese tipo de exigencias mantengan a la ciudadanía en calidad de secuestrada.
El día anterior, en la comunidad de Ánimas Trujano, un grupo de vecinos y padres de familia prácticamente echaron del pueblo a algunos maestros que pretendían montar un bloqueo frente a la población. Con palabras altisonantes e insultos, los vecinos de la citada comunidad reiteraron su exigencia al gobierno de hacer valer la ley. Una persona de la tercera edad manifestó que días antes y en virtud del bloqueo que los maestros vaquetones mantienen en el Aeropuerto, un vecino de la comunidad había fallecido en fatal accidente. Hay pues un hartazgo generalizado que el gobierno –sin estimular el enfrentamiento o la violencia- puede aprovechar. Los oaxaqueños estamos ya al borde de reventar e ir a desalojar a golpes a quienes por seguir haciéndoles la bolsa a sus corruptos dirigentes, han mantenido calles y vialidades bloqueadas, generando un espantoso caos vial. Y este lunes se cumplen ya dos semanas de este infierno. Ha trascendido que el gobierno se ha mantenido abierto al diálogo, sin embargo, los capos del Cártel 22 pretender seguir tomando al pueblo como rehén para conseguir recursos millonarios que pueden meterse a la bolsa. Es el meollo del asunto y el móvil de estos desadaptados sociales.
Sanciones: Exigencia ciudadana
Justo cuando los habitantes de la Ciudad de México sentían aquello que los oaxaqueños hemos padecido desde hace 38 años: marchas, movilizaciones y bloqueos a las principales vías urbanas, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Otto Granados Roldán manifestaba ante los medios de comunicación, la propuesta de la dependencia de sancionar con medidas pecuniarias o incluso con el despido, a los maestros (as) que no asistieran a sus centros de trabajo. Para los oaxaqueños que hemos visto que aquí el magisterio opera con absoluta impunidad, dicha amenaza sonó hueca. Sabemos que una movilización similar para reinstalar a los despedidos o para devolver los descuentos sería el antídoto ideal de esta lacra social, para que el Estado doble las manos. Es evidente que el movimiento que se ha emprendido en la entidad, desde el 28 de mayo y en los acuerdos de la CNTE, a partir del 4 de junio, están encaminados a crear un ambiente de crispación y enrarecer el clima electoral. Esto por supuesto, no beneficia al Mesías Tropical, Andrés Manuel López Obrador, candidato a quien el magisterio oaxaqueño trata de allanarle el triunfo, bajo la promesa de que el tabasqueño abrogará la Reforma Educativa.
Por supuesto que a nadie beneficia un ambiente de terror o zozobra que impida al ciudadano acudir a las urnas y emitir el voto, como el que pretenden los maestros de la Sección 22, ya coordinados con golpeadores como los de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (CENEO), que se han dedicado a atracar casetas de cobro, para tener recursos “y financiar el movimiento”. Lo preocupante de todo ello es que estamos sólo a unas tres semanas de que concluya el ciclo escolar 2017/2018 y el atraso educativo se va acumulando en las escuelas oficiales. Si al analizar el pliego de peticiones que presentó la Comisión Política del Cártel 22 se observa que las demandas por las que han puesto al pueblo contra la pared, nada tienen que ver con la educación ni algo parecido, entendemos que el rezago o atender con prioridad a sus grupos de alumnos, no les interesa en absoluto a los citados parásitos de la educación. He ahí el por qué diversos sectores de la sociedad, dirigentes empresariales, líderes de opinión y otros, están exigiendo al gobierno de Alejandro Murat instrumentar medidas enérgicas y punitivas en contra de estos irresponsables gana-panes.
