Las autoridades no deben echar en saco roto la denuncia de visitantes y los propios oaxaqueños que gustan de disfrutar del evento folklórico al que llamamos “Guelaguetza”, de manera presencial en el auditorio del mismo nombre, respecto a la terrible especulación que se hace hoy en día con los boletos de entrada, cuyos precios “en el mercado negro” oscilan entre los 5 y 7 mil pesos, pero hay plataformas digitales que alcanzan la espeluznante cifra de 47 mil pesos. Vale la pena recordar que, a tiempo lo dijimos, que la venta muy anticipada de los mismos sólo habría de animar el acaparamiento de parte de comercializadoras y mayoristas del mercado turístico nacional e internacional, además, claro, de quienes manejan cuentas en internet que es donde se ofrecen dichos precios. No se omite en esta reventa a las agencias de viajes, muchas de las cuales anuncian a sus clientes reales o potenciales contratar sus servicios, teniendo la seguridad de boletos, además de paseos adicionales por los sitios turísticos de Valles Centrales.
Es evidente que, ante los ojos del turismo nacional y extranjero, el gobierno estatal como responsable del evento folklórico, debe tener un mayor control respecto a la venta de los citados boletos, para evitar la especulación. Porque para todos ha quedado claro que nuestra fiesta más tradicional devino en los últimos años un burdo negocio, en el que sólo unos pocos se llevan la mayor tajada. En ese sentido, quien tiene que investigar esta situación es la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. Es evidente que en este asunto hay manos oficiales involucradas, desde el mismo día en que se dijo que había concluido la venta de boletos, luego de que muchas personas tuvieron que pernoctar a las puertas de las oficinas de la Secretaría de Turismo estatal, frente al Paseo Juárez El Llano, para poder adquirir los famosos boletos.
Si bien es cierto que dicho fenómeno se ha repetido al menos los dos o tres últimos años y de ha dejado pasar como si nada, también lo es que ahora no pase nada. Estamos conscientes de ello. Pero esto debe servir como antecedente al gobierno que se estrenará en diciembre, para que tome sus providencias cuando tenga que ser el responsable de organizar el multicitado festejo tradicional y no incurrir en estos yerros, los cuales nos dejan muy mal parados entre los visitantes del país o el extranjero y van en contra del atractivo que Oaxaca tiene ante el turismo.
Líderes y esbirros armados
Hace al menos un mes fue detenido y vinculado a proceso, Hipólito Rojas, dirigente estatal de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), central obrera que preside a nivel nacional, el senador nacionalizado canadiense, Napoleón Gómez Urrutia. El sujeto mencionado al principio fue asegurado por la Policía Estatal cuando acudía, presuntamente, a asesinar en un conocido hospital de la Colonia Reforma de la capital oaxaqueña, que un día antes había sido herido de muerte. Se trata de Eduardo Luis Villaseca, dirigente de lo que fue la Confederación Jóvenes Catem, quien fue víctima de un atentado criminal, junto con uno de sus guaruras, que también corrió la misma suerte. La semana pasada, como lo comentamos el sábado 16 de julio, fue detenida la dirigente de la Confederación Libertad de Trabajadores, Guadalupe Díaz Pantoja, cuando acompañada de sujetos armados llegó a una obra.
No es un hecho ocasional o esporádico que dirigentes de sindicatos del transporte y hasta esbirros a su servicio, anden armados, incluso con armas de calibres que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La pregunta es: ¿y quién o qué autoridad les da la potestad para esos excesos? ¿Acaso están por encima de la ley por el hecho de dirigir a un grupo de operadores del transporte o trabajadores de la construcción? Es evidente que se trata de un exceso. No son pocos los incidentes de violencia que se han suscitado, incluso con personas ajenas a ellos, en los últimos tiempos. Esto es, se pasean por la calle con un aire de perdona-vidas, excesos que no tiene ningún ciudadano común y corriente. Es más, sólo en lo que va de la administración de Alejandro Murat, se cuentan por decenas los homicidios dolosos propiciados por estas armas.
La cuestión ha llegado a tales niveles que todo apunta a que, desde las mismas dependencias que se presume salvaguardan la seguridad pública, les dan esas facilidades. Incluso hay quienes van y vienen con aparatosas escoltas de sujetos armados y hasta en camionetas blindadas. Es decir, tal cual se tratara de capos de grupos criminales, intocables, impunes y solapados por el gobierno, porque tal parece que existe un temor cerval para aplicarles la ley, ante el poderío que el mismo gobierno les ha permitido acumular. Se trata pues, de una situación atípica en donde se dice prevalece un Estado de Derecho. Claro que en estos tiempos, ese ardid y la misma ley, son sólo una caricatura.
