Ya se ha hecho costumbre para dirigentes de grupos y organizaciones sociales, volcar su frustración contra empleados de gobierno. Hace poco más de un año fueron los vecinos de Santo Domingo Teojomulco, quienes cerraron con candados los accesos de Ciudad Judicial y no sólo impidieron la salida de hombres y mujeres, sino que incluso, con una cobardía inédita, encendieron el pasto seco cuando descubrieron que algunas empleadas, madres de familia, escaparían por la red de drenaje. La intención cobarde era asfixiarlas con el humo. Antes de ello tundieron a unos y otras con pedradas. El 27 de septiembre se dio un hecho similar. Miembros del membrete llamado Consejo de Defensa Ciudadana (CODECI), retuvieron durante horas a trabajadores de la Secretaría de Finanzas. Al calor del chantaje del dirigente de una de las facciones, Juan Torres Pereda -hay otras dos, que dirigen un hermano y una hermana- se pretendía con ello presionar al gobierno a entregarle 40 millones de pesos.
Durante años, este sujeto y la familia han lucrado con la muerte del hermano, Catarino Torres Pereda, quien fue asesinado en la Cuenca del Papaloapan hace al menos diez años. Desde ese entonces marchan, protestan, bloquean, enarbolando la bandera de la víctima. Y eso les ha servido de parapeto para el chantaje. Por fortuna, la presencia inédita -porque nunca lo han hecho- de elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional permitió la liberación de trabajadores y trabajadores. Estamos convencidos de que dicha acción es un delito, tipificado como privación ilegal de la libertad o secuestro. Pero, desde hace años se comete con absoluta impunidad en cualquier oficina de gobierno o en el edificio del Congreso del Estado.
Es más, empleadas son vejadas por cobardes escudados en la multitud. En el paquete van trabajadores de base, confianza y de contrato.
Lo que es absurdo es que ni el gobierno ni el sindicato se pronuncian al respecto. Tampoco la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Había que indagar la causa de ese silencio. Tarea para el gobierno del electo, Salomón Jara. ¿Cómo acotar a esta caterva de falsos redentores sociales, que lucran con la pobreza de los pueblos y los utilizan a placer? ¿En una entidad con tantas necesidades cómo otorgar a fondo perdido centenas de millones de pesos, sólo para engordar a una casta de vividores? Pero, sobre todo, ¿cómo garantizar que los empleados al servicio del gobierno hagan su trabajo en paz y con seguridad?
Triquis: Una paz lejana
La semana anterior volvió a instalarse la mesa de diálogo para lograr la paz entre los triquis, pero, particularmente, entre dos organizaciones que han convertido la zona de Tierra Blanca, en un campo de guerra: el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y su escisión, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI). Es decir, ambos organismos tienen un patrón común, sólo que, gracias a las disputas internas se fracturaron. La mesa de diálogo estuvo presidida por el gobernador del estado y el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Ambos han tratado de tener éxito en la encomienda de concertar la paz y el retorno de quienes se asumen desplazados por la violencia, pertenecientes a la segunda organización. Sin embargo, como siempre ha ocurrido, hay algún hecho de sangre que ensombrece el panorama. Esta vez no fue diferente. Todo un caso para antropólogos y sociólogos, el exterminio interétnico criminal. Secuestros, desapariciones, emboscadas y el asesinato de mujeres, ancianos, niños, es parte de esa trama. Se ha educado a los triquis a pervivir de la dádiva oficial. Más aún, cuando se asumen desplazados y se resisten a regresar a su tierra. Es el caso de quienes en diciembre, con ese argumento, se instalaron en los pasillos del palacio de gobierno, desde hace 12 años. Y sólo lo abandonan temporalmente, cuando hay acuerdo económico de por medio. Ni el exgobernador Gabino Cué ni el actual ejecutivo estatal, tuvieron entre su agenda política, regresarlos a su natal Copala, Rastrojo o como se llame su comunidad. Simplemente solaparon que se asentaran ahí y pedirles permiso cada acto cívico o social, porque gozan de medidas cautelares.
Por ello, para resolver el tema de la violencia y de los desplazados efectivos o imaginarios, debe ponerse por delante el espíritu de la ley. Acotar a líderes que estimulan el encono y a los vividores que manipulan a los indígenas. Darle la vuelta a la insistencia de asumirse desplazados y mantener la paz en la zona triqui, con mecanismos de seguridad. No pueden existir territorios de excepción que sean una tierra de nadie. Para ello, es urgente irse sacudiendo los estigmas, para tratar a los pueblos originarios con la misma vara que a todos. Ante la ley, somos iguales. O al menos eso dicta nuestra Carta Magna. Pues son esos espacios de excepción los que aprovechan extraños a la etnia, a su idiosincrasia, para manejarlos con intereses políticos y económicos que sólo los benefician a ellos.
