Ya es común que cualquier ciudadano, por sí o en grupo, desafíe a las Fuerzas Armadas o policiales, a la hora de que se le conmina a respetar la ley. En Oaxaca, las lecciones del 2006 fueron brutales. Nadie respeta a la Policía Estatal y menos a las municipales. No hay pues temor a la aprehensión y tener que vérselas con la justicia. He ahí el por qué la corporación no participa en desalojos y otros operativos. Los envían sólo con toletes y escudos y eso no los salva de los garrotazos y hasta balazos. A veces sus jefes los mandan al matadero, como ocurrió en San Vicente Coatlán, a sabiendas de que se trata de una zona en donde el cultivo de amapola y marihuana, es el sustento de dicha comunidad. La emboscada en la que murieron acribillados de manera cobarde, acción de la que ya se tienen identificados a los presuntos autores materiales, no se ha resuelto, sólo las autoridades saben por qué.
Existe pues un relajamiento total para cumplir la ley y regirse como todo ciudadano en un Estado de Derecho, que aquí parece estar cada vez más lejano. El martes, como lo mencionamos en el editorial de ayer, la disputa de terrenos ilegales, los cuales se encuentran ubicados en el Polígono de Monte Albán, zona que delimita el área federal del sitio arqueológico, que ha sido invadido de manera irresponsable por decenas de personas, generó una balacera, cual si estuviéramos en Culiacán o Laredo, Tamaulipas. Según expertos se trató de armas largas, incluso cuando la Policía Estatal se había apersonado en la zona de conflicto para paliar la violencia. Los videos y fotografías no admiten dudas. Son presuntos comuneros que andan armados no precisamente cuidando lo que creen que es suyo, sino dedicados a otras cuestiones menos lícitas.
Los jefes policiales parecían no estar enterados del problema. He ahí el por qué se ha criticado mucho en la actual administración, que en los niveles de mando los responsables provengan de otras partes del país e ignoren tanto la problemática como la idiosincrasia del oaxaqueño común. De ello dependen que las tareas de seguridad tengan éxito. No es un secreto que pese al sobado y reiterado discurso de que Oaxaca es una de las diez entidades más seguras del país, se estén dando hechos de sangre que sólo ocurren en entidades con un elevado índice de criminalidad. Corresponde mucho a las altas esferas del poder público hacer que se respeten las instituciones y que las corporaciones policiales, sean del nivel en que se desempeñen, sean respetadas por todos. Un país cuyos habitantes no respetan a soldados, marinos y policías, vale para un carajo.
Hacia el segundo tramo
En un país y en un estado en donde la crítica el gobierno en turno se advierte como un desafío, no deja de ser el síntoma de una democracia incipiente y hasta pobre. Para algunos gobiernos tener el aplauso nutrido de algunos es más valioso que la crítica de los menos. Hay cierto espíritu gregario que hace que incluso hasta las peores ocurrencias sean motivo no de hilaridad, sino de festejo y panegíricos. Consciente de que el gobernador Alejandro Murat ha reiterado su respeto a los medios de comunicación y al trabajo periodístico, sin que se sepa jamás que ha buscado sólo las apologías y las loas, consideramos que a su administración le hace falta mucho por hacer, para cumplir con los compromisos contraídos con los oaxaqueños y hacer realidad las expectativas del Plan Estatal de Desarrollo, en sus ejes temáticos y transversales.
Es innegable que se ha trabajado. Sería injusto no reconocer lo que se ha logrado en estos tres años de gestión, aunque también hay que reconocer que hacen falta obras de relevancia; programas eficaces de combate a la pobreza; tareas firmes para solucionar los problemas de la protesta diaria y la ingobernabilidad. Estamos ciertos que no existe el menor propósito para aplicar la fuerza del Estado, no obstante ser necesaria. Como ya hemos dicho: nadie quiere llevar consigo el Sambenito de represor, algo tan estigmatizado en Oaxaca cual si fuera una apostasía o un anatema. Hay pues una gran resistencia o miedo para hacer cumplir la ley, como lo mandatan los principios del buen gobierno.
Lo cierto es que el tiempo se agota y sólo queda por recorrer la mitad del camino. Han pasado ya tres años y se advierten aún graves resabios. El rubro de seguridad es un capítulo pendiente, no obstante lo que ya hemos dicho, de la reiterada consigna de que somos de los estados más seguros del país. La estadística criminal va al alza. Los feminicidios no cesan y el número creciente de ellos sigue generado preocupación en los diversos estratos sociales. Están asimismo en la agenda las obras carreteras cuya terminación asemeja ser ya un insulto al buen juicio de los oaxaqueños. La del Istmo lleva al menos dieciocho años que no se ha concluido y la de la Costa suma más doce años. Ofrecer no empobrece –dice un refrán popular- el dar es lo que aniquila. Esperemos que Murat Hinojosa puedan cumplir medianamente con los compromisos contraídos con el pueblo oaxaqueño.
