El ejecutivo estatal ha sido en extremo cuidadoso en lo que respecta al proceso electoral. Es más, hemos criticado en este espacio editorial la parálisis que se observa en algunas áreas claves de su administración por cumplir al pie de la letra la llamada “veda electoral”. Sin embargo, por lo que ha trascendido, algunos de sus colaboradores no caminan en el mismo sentido sino que abierta o subrepticiamente están metidos a fondo con los candidatos afines a su partido. Es el caso de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), hasta hace días encabezada por Francisco Montero, ya puesto en el escaparate de la crítica. Al día siguiente de que nuestra compañera, la joven reportera gráfica, María del Sol Cruz Jarquín, fue asesinada de manera cobarde por un comando de sicarios, que fueron por la candidata a segundo concejal de Juchitán, Pamela Terán, a quien también asesinaron, el funcionario aludido renunció al cargo. No hace falta ser un experto para no saber que el aludido es hermano de Hageo Montero, candidato a la presidencia municipal de dicha población, con los colores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y que María de Sol había sido comisionada a cubrir la campaña, sin viáticos, sin nada, sólo con la amenaza de que si no iba podría perder su trabajo.
Según nos hemos enterado, hace pocos meses que nuestra joven periodista había sido contratada como Coordinadora de Comunicación Social en la SAI. Y quería conservar su trabajo, en estos tiempos en que la miseria presupuestal ha hecho de la contratación de personal un albur. Hay quienes son incorporados a ciertas áreas de la administración muratista y durante meses no reciben su estipendio, justamente porque el argumento es que “no hay dinero”. Lo grave de esta situación es que funcionarios que estarían participando en campaña o de manera simulada están poniendo a disposición de candidatos recursos o personal, estarían también incurriendo en delitos electorales que de ninguna manera le convienen al actual gobierno. Se trata de una desafortunada indisciplina a las instrucciones del mismo jefe del ejecutivo estatal, quien, como decimos al principio, se ha mantenido al margen de la cuestión electoral. Vale pues realizar una investigación a fondo, por parte de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, para deslindar responsabilidades y sancionar a quienes sigan insistiendo en hacer mal uso de los recursos públicos.
Investigar presiones a candidatos
Aunque nadie quiere hablar del tema, ha trascendido que algunos candidatos a cargos de elección popular han recibido amenazas de grupos identificados con la delincuencia organizada. Hay que recordar que la violencia criminal se ha ubicado particularmente en el Istmo de Tehuantepec, la zona de la Cuenca del Papaloapan y la Costa. Pero no son las únicas. Se han dado acciones criminales en La Cañada y la Mixteca; en la Sierra Sur y en el resto de regiones de la entidad. Lo hemos dicho hasta el cansancio: la excesiva tolerancia de las corporaciones y sus jefes en no tomar en cuenta el crecimiento de hechos de sangre, ha dejado crecer la presencia de comandos armados que a mansalva ejecutan o han bañado de sangre las regiones que antes fueron remanso de paz. Existe entre aquellos candidatos de los diversos partidos políticos que hoy buscan cargos de elección popular –se sabe- temor a las amenazas y cobros de grupos delictivos. Y ello se da no sólo en aquellos que aspiran a diputaciones federales o locales sino particularmente en las presidencias municipales. Ahí es en donde dichos grupos delictivos se empeñan en controlar las administraciones, pero particularmente los cuerpos policiales municipales, para que puedan controlar la zona.
Si bien no es un fenómeno inédito en la vida política del país, que en este proceso ha visto el asesinato de decenas de aspirantes a cargos de elección popular, cuyos crímenes quedan en la impunidad, en Oaxaca sí es una situación desconocida. Los órganos electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO), deben coadyuvar a hacer eco con los partidos políticos, que no se puede celebrar una elección democrática, en tanto los aspirantes estén con miedo o hagan proselitismo político bajo presión. Los grupos delictivos están diseminados por todos lados. Se les ha dejado crecer de manera burda y los responsables de la seguridad pública en Oaxaca, simplemente se han hecho a un lado. Pero ahí siguen, sin cumplir con la responsabilidad que tienen asignada por mandato de ley. La presión social en torno a este catálogo de crímenes, amenazas y extorsión de parte de los grupos delictivos que se han asentado en la entidad, sigue haciendo el caldo de cultivo para que en breve estemos peor que en Guerrero, en donde los gobiernos de plano han fracasado en su intento de darle paz y tranquilidad a la sociedad.
