La contingencia sanitaria, con todo su lastre de pobreza, pérdida de empleos, falta de dinero, carestía e inflación, no ha sido para todos igual. Bandas criminales y delincuentes de cuello blanco se han dedicado a cometer toda clase de ilícitos para sacar provecho. Es el caso de los fraudes cibernéticos o delitos de extorsión que se operan desde algunos de los penales del país, en donde los internos tienen teléfonos celulares y otros instrumentos que les permiten tener acceso a contactos y otras acciones que, si tuvieran la vigilancia requerida, no lo harían. Es ya común escuchar de números desconocidos amenazas a la vida de las personas o los gritos de supuestos familiares que han sido secuestrados. A pesar de los insistentes llamados de las autoridades para denunciar dichos ilícitos, hay muchas personas de buena fe que por miedo o ignorancia han caído en las artimañas de estos delincuentes.
Los pillos tienen una y mil formas de operar, a veces haciéndose pasar por empleados bancarios que, curiosamente, tienen números de cuentas o tarjetas. Y las llamadas se hacen a cualquier hora del día, incluso en la noche. Personas, sobre todo mayores de edad, han sucumbido a los engaños. Otros más, han utilizado el tema de las cripto-monedas para sorprender a incautos o ciudadanos ingenuos. Lo que más sorprende es que teniendo las policías estatales su área de delitos cibernéticos, este tipo de delitos se sigan cometiendo con absoluta impunidad. Poco se sabe de acciones policiales para desmantelar bandas dedicadas al robo de identidad, extorsión, fraude cibernético u otros delitos similares. El uso de datos bancarios; números de cuentas o tarjetas; domicilios y números telefónicos, deben ser vistos como parte de la colusión de quienes en las instituciones o empresas manejan dichos datos, con los delincuentes.
Los cajeros automáticos son parte de esta cadena de ilícitos. La clonación de tarjetas o el uso de instrumentos para evitar que dichos dispositivos entreguen el efectivo, rara vez es objeto de investigación o acción policial. Es más, se sabe de bandas de personas originarias de otros estados del país que vienen a Oaxaca a sorprender con medidas fraudulentas. Si bien no está del todo bien desarrollada la cultura de la denuncia, las autoridades ministeriales deben insistir en la ciudadanía a que reporte cualquier intento de fraude cibernético. Hay muchos casos de clonación de la cuenta del celular o del Whatsapp, desde donde empiezan a exigir dinero a nombre del usuario que ni por enterado se da.
Actuar sin dilación
Siempre nos ha sorprendido lo laxas que resultan las leyes en materia de transporte que existen en Oaxaca. Concesionarios y transportistas hacen siempre lo que les place, pues tal parece que no existe voluntad política para aplicarles la ley. Nuestra entidad sigue anclada en el uso de un sistema de transporte arcaico y obsoleto. Sólo hay que ver la chatarra con la que tiene que lidiar el usuario citadino, para ver el atraso en que vivimos. Cuando los concesionarios del llamado pulpo camionero exigen aumento de tarifas, la petición viene acompañada de una promesa que jamás se cumple: la renovación del parque vehicular. Es decir, el retiro de unidades que tienen más de 20 años de uso, por otras modernas, más o menos confortables. Lo que cualquier ciudadano puede constatar es que están en servicio los mismos carros desvencijados de hace dos décadas.
Ya es común escuchar informes sobre supuestos o reales operativos de la Secretaría de Movilidad, para asegurar autobuses que incurren en algún accidente u otro ilícito. Sin embargo, en la práctica, siguen miles de taxis foráneos piratas en circulación y autobuses urbanos sin placas y sin la documentación obligada para prestar el servicio. Suponemos que menos se atiende la revisión de contaminantes o la situación física y mecánica. La semana pasada un autobús de conocida empresa camionera se quedó sin frenos en una concurrida calle de la capital. Impactó a dos o tres vehículos. Se habló de heridos. En un comunicado, la SEMOVI informó que dicha unidad no tenía ni placas de circulación ni la documentación respectiva. La pregunta es: ¿y cómo prestaba el servicio con ese rosario de irregularidades? ¿Por qué tanta impunidad y complacencia con las empresas?
Al iniciar la presente administración y con la serie de irregularidades que venían del pasado, uno de los ofrecimientos fue regular el transporte. Pero por lo que podemos constatar, ni en materia de concesiones ni en la mejoría en la prestación del servicio se ha avanzado un ápice. Seguimos igual o peor. Pocas ciudades se han salvado de la invasión de las moto-taxis, que sirven no sólo para el uso de pasajeros, sino hasta para temas delictivos. Una pregunta adicional podría ser: ¿ha servido de algo que algunos ex funcionarios de las desaparecidas Secretaría o Coordinación de Transporte –hoy SEMOVI-, hayan sido puestos en prisión por presuntas irregularidades, si todo se quiso cambiar para seguir igual?
