México vive momentos difíciles. Es un paraíso criminal, incomparable a los años ochenta que vivió Colombia y que, sin embargo, pudo salir de esa crisis. Lo que todos vimos la semana pasada es una muestra clara y precisa de que el Estado, por su condición de ser, jamás debe doblegarse ante nadie. Los clásicos, en sus tratados, no se equivocaron al insistir en que el gobierno, como representante legítimo del Estado, está obligado a salvaguardar por sobre todas las cosas, la ley, los derechos civiles y las libertades. En el momento en que deja de cumplir dicho papel, dejó de ser la institución que represente con dignidad la voluntad popular expresada libremente en las urnas o simplemente, el representante que pueda garantizar el clima de libertades que requiere toda sociedad democrática.
Las versiones contradictorias de lo ocurrido el pasado jueves 17 de octubre en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, es un muestra clara que el gobierno federal carece de una estrategia de seguridad para otorgarle la misma al pueblo mexicano. Pero además que, independientemente de las razones esgrimidas para escurrir el bulto y la liberación de un delincuente, el Estado y la sociedad civil exhibieron su vulnerabilidad ante el poder de muerte y destrucción que han acumulado los cárteles del narcotráfico en México. En el afán de poderío de éstos, no les importa sentenciar a muerte a la población civil, mujeres, niños o ancianos, cuya protección no puede eludir el Estado Mexicano.
En constantes intervenciones, incluso en la de Asunción Nochixtlán, el pasado sábado 19 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, insistió en que “no hay que pelearnos”. Por supuesto que no se trata de una pelea. Es el papel del Estado en su lucha por hacer prevalecer la ley, en contra de gavillas de delincuentes cebados en sangre. Hay que reconocer, sin embargo, que a diferencia del Sur y Centro de la República, los estados del Norte, incluyendo Sinaloa, se han mantenido en santa paz, no como en Michoacán, Guerrero o Veracruz. Y en Oaxaca no estamos exentos de operaciones criminales, pese a lo que ya hemos dicho, el discurso de que somos una de las entidades más seguras del país. Esperamos que el gobierno federal asuma su responsabilidad en los hechos de que tratamos yevite seguir buscando culpables en el pasado o chivos expiatorios en el presente.
Covic: ¿A quién representa?
Con justa razón, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se mantuvo cerrado a recibir a los miembros del membrete llamado Comité de Víctimas (Covic). Se trata de un pequeño grupo de activistas que ni cuenta con el consenso de las familias de quienes fallecieron trágicamente en los lamentables hechos del 19 de junio de 2016, ni tampoco tiene calidad moral para seguir lucrando con los muertos y heridos de ese momento. Este famoso Comité ha lucrado vilmente con el dolor de las familias de quienes fueron agredidos tanto por la Policía Estatal como Federal, en los acontecimientos ya descritos.
En opinión de algunos, se trata de activistas, tanto del magisterio afiliado al Cártel 22 como de otras organizaciones, a quienes les interesa prolongar la vigencia del martirologio a fin de lograr canonjías y prebendas. Es un hecho irrefutable que aprovechando el membrete han logrado concesiones del servicios de taxis y moto-taxis; que han creado un ambiente negativo en la antes tranquila y apacible comunidad de Asunción Nochixtlán, con sus constantes conatos de violencia y bloqueos carreteros. Es decir, han hecho de los muertos de Nochixtlán su mejor bandera de vivir de las dádivas de los gobiernos federal y estatal.
El reparto del botín ha contribuido a que haya divisiones y desconocimientos. He ahí el por qué, no obstante la negativa de las autoridades para seguir manteniendo los carros incinerados y otros “vestigios” de aquella fecha, unos cuantos se niegan a su retito. Es el ícono de “su lucha” y la permanencia de un reclamo que, a la luz de los hechos y las investigaciones, los fallecidos nada tenían que ver con los acontecimientos y la protesta que derivó en bloqueo carretero de dicha fecha. Además, las agresiones fueron de una parte y de otra. Las víctimas y sus titiriteros no fueron blancas palomitas que sólo estaban de paseo. También agredieron y provocaron daños.
Para muchos oaxaqueños ya es tiempo de ir desenmascarando a esos farsantes de la lucha social. Buitres que se han montado sobre el dolor de una decena de familias. Lo mejor que puede hacer el gobierno de López Obrador es recibir a los familiares verdaderos de quienes ahí perdieron la vida y dejar de estar haciéndole el juego a una caterva de vividores que, por un lado arremeten en contra del gobierno y, por la otra, reciben dádivas. Es necesario dejar que este reducido grupo de buitres vayan dejando la bandera que de forma ilegal y anormal enarbolan.
