El inicio de año en Oaxaca fue mucho menos turbulento que en años anteriores. Para más de 400 municipios hubo renovación de autoridades. Sí, con algunos sobresaltos. Pero con 570 municipios, unos cuantos focos rojos es igual que una victoria.
La historia de este estado y su accidentada geografía ha derivado en la existencia de 10,523 localidades rurales y 200 urbanas. Poblaciones enclavadas en la sierra con apenas unas pocas decenas de habitantes contrastan con las Zonas Metropolitanas en las que la concentración de las personas empieza a causar problemas de sostenibilidad y provisión de servicios públicos a causa de la mala planeación.
Es cierto, Oaxaca es un país. Y en su diversidad está su fortaleza a nivel comunitario, pero la hace un territorio de muy difícil gobernabilidad desde las lógicas del Estado. Si el Estado quiere hacerse presente verdaderamente en la totalidad del territorio, no es necesario que instaure sus modos homogeneizadores en todos los niveles pues esto destruiría las capacidades de resiliencia de las comunidades. No obstante, debe proveer un piso mínimo para proveer condiciones de resiliencia, permanencia y desarrollo de las localidades y municipios. Entre dichas condiciones, se encuentran el respeto y promoción de los derechos humanos.
En ese sentido resulta sumamente preocupante que las autoridades municipales sean, en muchas ocasiones, las primeras que violan derechos humanos. Muchas veces escudadas en el argumento de los “usos y costumbres”, pretenden ejercer funciones o imponer sanciones que no les corresponden.
Desde el punto de vista jurídico, pudiera argumentarse que existe una paradoja entre la aplicación los derechos humanos y el respeto a los usos y costumbres. Sin embargo, es una falsa dicotomía. La primacía de los derechos humanos ante los usos y costumbres es clara. No hay que confundir la aplicación de derechos humanos con la imposición de todos los modos de vivir. Justamente la aplicación de estos derechos implica la implementación de un enfoque intercultural y, por tanto, la interpretación contextual de los derechos.
Para la existencia efectiva del Estado en el territorio oaxaqueño resulta fundamental que sean erradicadas injusticias como las ilegales encarcelaciones de habitantes de Santo Domingo Teojomulco y de la Agencia de San Miguel Albarradas, Villa de Mitla, ejecutadas por parte de autoridades municipales en un claro abuso de funciones. La existencia y tolerancia de tales actuaciones de autoridad constituyen una afrenta al Estado y lacera a las instituciones en todos sus niveles
Hace falta que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial tengan verdadera presencia para la resolución y, sobre todo, para la prevención de estos lamentables casos.
En Oaxaca se ubican casi una cuarta parte de los Municipios existentes a nivel nacional. No es fácil que la gobernabilidad llegue a cada una de dichas instancias, especialmente cuando en los hechos muchas de las Agencias Municipales operan como Municipios autónomos y la escala de facto de la operación institucional se incrementa exponencialmente.
No obstante, resulta crucial que para que el Estado exista en la totalidad del territorio oaxaqueño, se provea de un estándar base; un piso mínimo en el que, las instituciones encargadas de hacer efectiva la garantía de los derechos humanos, sean efectivas y presentes. Se requerirá de presupuestos, capacitación y proyectos dirigidos a este fin, lo que resulta casi una infranqueable barrera; mas, de no operarse en esta dirección, cada vez será más difícil entretejer un lugar en el que de forma pacífica y segura todos y todas podamos vivir.
@GalateaSwanson
