El sábado 20 de marzo por la mañana, en un paraje solitario de la antigua carretera que comunica a la población de Ocotlán de Morelos con la ciudad de Oaxaca, frente a la comunidad de Santo Tomás Jalietza, se dio un atentado criminal: sujetos armados asesinaron a la ex diputada Ivonne Gallegos Carreño e hirieron a su acompañante. La víctima militaba en el Partido Acción Nacional (PAN) y era, hasta el momento de su muerte, la candidata con mayores méritos para la alcaldía de Ocotlán, por parte de la coalición “Va por Oaxaca”, que conforman los partidos: PRI, PAN y PRD. A reserva de que las autoridades competentes investiguen los móviles y demás, este crimen se inscribe en el entorno político-electoral que estamos viviendo. Hace cinco años, el esposo de la víctima corrió con igual suerte, cuando al menos cinco proyectiles de armas de fuego se incrustaron en su cuerpo.
Al filo del mediodía, los dirigentes de la citada coalición convocaron a una rueda de prensa para reprobar estos hechos y exigir a las autoridades el rápido esclarecimiento de este atentado criminal. Amén de que se trate de un crimen político es importante subrayar que dicha zona de los Valles Centrales se ha convertido en una tierra de nadie. Ahí se han encontrado guaridas de delincuentes dedicados al robo de camiones de mercancía; autos robados en la capital y, sobre todo, mafias dedicadas al tráfico de terrenos y propiedades, lo cual ha dejado en los últimos meses, una estela de ejecuciones y dos o tres detenidos. El hecho, además de tener el estigma de crimen político, conlleva elementos adicionales para ser considerado una venganza personal, con elementos que sólo las autoridades ministeriales deben dilucidar. La entrada pues del nuevo Fiscal General del Estado está matizada por escenarios violentos.
La Fiscalía General del Estado está emplazada a esclarecer estos hechos que están, sin duda, encaminados a ensombrecer el clima electoral. Nada tan grave que Oaxaca aparezca en el escenario nacional como una entidad en donde se siguen cometiendo ilícitos con alto perfil político y prevalezca la impunidad. Es extraño que ello se dé con el arribo del nuevo titular de la FGEO, quien tiene una abierta simpatía con el partido en el poder: el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Por el bien de una jornada electoral pacífica y conforme a derecho, esperamos que este crimen se esclarezca pronto.
Inseguridad y movilización
Mucho hemos insistido en el tema de la inseguridad que vive la entidad; del catálogo de crímenes que se cometen; del aumento de los feminicidios, entre otros. Sin embargo, también hemos criticado que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Raúl Ernesto Salcedo Rosales y su equipo de trabajo, sólo se han regodeado en la comodidad de las mediciones que ha hecho el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), para seguir con el viejo discurso de que Oaxaca es una de las entidades más seguras del país. Por los hechos recientes que ya hemos comentado, por supuesto que no lo es. Las operaciones del crimen organizado están a la orden del día, al igual que las de sicarios que han tenido el cinismo de desatar balaceras en la capital o en el área conurbada.
El viernes 19 de marzo, luego del pase de lista, un numeroso grupo de elementos de la Policía Estatal se declararon en paro. Lejos de paliar la situación, un funcionario menor del área administrativa consideró dicha movilización sólo un “teatro”. Es más, amenazó con despidos y renuncias, amén del soslayo con la que el titular de la SSPO y sus jefes vieron la protesta. La movilización fue creciendo sin que apareciera un mecanismo de interlocución, sólo tal vez la del titular de la Secretaría General de Gobierno. A los policías preventivos se fueron sumando otras corporaciones sectorizadas a la SSPO, como la Policía Vial y Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (Pabic). Para el sábado 20 y domingo 21 de marzo, se trataba ya de un movimiento que tenía contra la pared, materialmente, a quienes están al frente de dicha dependencia.
Entre las exigencias y peticiones figuran la de trato justo, pago de salarios y prestaciones conforme a la ley, la pensión o apoyo económico a las viudas e hijos de policías que fueron masacrados en San Vicente Coatlán, entre otros. Los inconformes advirtieron de malos tratos y de corrupción, lo cual les afecta en el cumplimiento de sus tareas. Por ello, se mantuvieron firmes en torno a las renuncias del titular de la SSPO y de otros funcionarios que, ellos estiman, han tenido un pésimo desempeño al frente de la dependencia responsable de otorgar seguridad a la ciudadanía oaxaqueña. Hay que subrayar que la movilización y el paro policial se dio, justamente, durante la visita que realizara a la entidad el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
