Por Alejandro Gustavo y Juliana
El mundo entero ha quedado paralizado ante la pandemia de COVID-19. Los contagios generalizados, impulsaron a la Organización Mundial de la Salud OMS) a dictar medidas básicas generales para ser adoptadas por los Estados como forma de control ante el alza en los contagios, una de ellas fue el confinamiento en el domicilio, la cual fortaleció la violencia de género evidenciada por el aumento de las llamadas al 911 por este hecho. La medida de confinamiento que atiende al derecho de las personas al más alto nivel posible de salud, merece discusión no solo por un aparente choque con el derecho al libre tránsito, la educación y la salud entre otros, sino por dos realidades destructoras de la sociedad.
Uno de los grupos en situación de vulnerabilidad también a nivel mundial es el femenino, donde a pesar de su participación activa en diferentes ámbitos sociales, el sesgo machista que permea en las sociedades sigue presente y genera destrucción a través de la violencia como mecanismo de daño que degrada a la sociedad en su conjunto como opina Rita Segato, tanto a los hombres que practican la violencia por la condición estereotipada que asumen como a las mujeres que son en quienes se ve reflejada tal condición.
A partir de esta visión es que la ponderación de derechos debe verse reflejada en políticas públicas, con mecanismos suficientes que reflejen no solo lo reactivo sino lo preventivo, es decir, sensibilizar a la sociedad sobre la afectación de la violencia a la individualidad de las personas y las del núcleo familiar, que es, a partir de la política de confinamiento, el lugar de supuesta seguridad, contrario a ello, el arraigo en el domicilio, sigue representado en muchas mujeres una condena donde la mujer desarrolla su capacidad de tolerancia y fortaleza física y mental con tal de lo que la ha identificado por su rol de género: la responsabilidad de las tareas de cuidado, aunque esta, sea suspendida por la fatal violencia feminicida que resulta en algunos hogares.
Es claro que ambos problemas, tanto la enfermedad como la violencia familiar rebasan las capacidades estructurales del Estado y que en realidad la visión integral para la política pública debe ser integral tomando en cuenta que existen mujeres de diversos sectores sociales que sufren una triple vulnerabilidad, las mujeres indígenas y es que en varias comunidades, la pobreza extrema ocasiona que muchas mujeres no cuenten con un dispositivo electrónico para la llamada al 911, lo que resulta en que esta realidad no sea evidenciada en las cifras del Estado como resulta en la totalidad de delitos donde la cifra negra en datos del ENVIPE resulta en un 93.2%. Esto aunado a otras causas que se representan en otros sectores donde el control del varón es tal que la amenaza ante la posibilidad de denuncia obliga a evitarla y otras más que atañen a las autoridades.
Ambos temas tanto la salud como el acceso a las mujeres libre de violencia atañen a la sociedad en su conjunto y con este objetivo fueron creadas las Organizaciones civiles. Actualmente actúan con objetivo de apoyo a las mujeres desde la psicología, lo legal, el trabajo social, el impulso al emprendimiento, etc. Como una forma de incidir positivamente en la problemática y empoderarla en la sociedad contribuyendo a la construcción de una sociedad mejor.
Por otra parte, la ciudanía debe tomar como propia la responsabilidad de las mujeres violentadas, primeramente, sensibilizándonos de la situación y haciendo una introspección de nuestras acciones, pensar antes de actuar y juzgar, recordando que el respeto a la diversidad es fundamental para la convivencia pacífica, reconociéndonos como seres imperfectos pero perfectibles, humildes, pero al mismo tiempo grandes por la dignidad que nos identifica.
Alejandro Gustavo González Cristóbal. Estudiante del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca
Juliana Vivar Vera. Profesora del Tecnológico de Monterrey
