El mezcal es uno de los productos más emblemáticos para los oaxaqueños. Aunque muchos digan lo contrario en otras entidades del país, en donde presuntamente se produce el destilado, decir mezcal en México es decir Oaxaca. Sin embargo, desde hace algunos años cuando inició el boom de dicha bebida, trajo consigo un sinfín de problemas. Uno de ellos, la lucha por la exportación; otra, la denominación de origen. Oaxaca es uno de los productores más importantes de dicho producto. Aquí han venido políticos, empresarios, deportistas, artistas, etc., a adquirir el producto del agave para hacer sus propias marcas y competir en el mercado internacional. Ello ha hecho que el destilado sea hoy en día, una de las bebidas más cotizadas, muchas veces fuera del alcance de los bolsillos locales, lo cual, desafortunadamente no se ha traducido en beneficios para los que siembran las diversas especies de maguey, ni los que producen en sus palenques artesanales el mezcal, en sus diversas categorías de agave.
Pese a los embates que ha tenido nuestra bebida ancestral y de los golpes que le ha propinado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) al ampliar la denominación de origen e incluir a entidades del país sin cultura mezcalera, como Sinaloa o Aguscalientes, entre otros, los diversos grupos de mezcaleros en Oaxaca se han enfrascado en una guerra sorda que sólo ha beneficiado a quienes han lucrado con el destilado oaxaqueño. Por ejemplo, la nueva dirigencia del llamado Consejo Regulador de la Calidad del Mezcal (Comercam). Dicen los que saben que cayó en el juego de los productores de tequila, más empeñados en minimizar el boom mezcalero, que inhiba la producción tequilera. Otros organismos más, como la Cámara Nacional de la Industria Mezcalera (Canaimez), sólo ven por sus propios intereses. En lugar de estar unidos, pues, los mezcaleros están fracturados y enconados entre ellos mismos.
La semana pasada, apoyado por cinco miembros de la Junta de Coordinación Política, el Congreso del Estado solicitó de manera enérgica al IMPI, evitar que el cambio en las reglas de la denominación de origen afecten a los productores de mezcal de Oaxaca, luego de que las mismas fueran modificadas y se autorizara al menos cuatro municipios de Sinaloa, utilizar dicha denominación para lo que ellos llaman mezcal y se produce de manera industrializada y no artesanal como nuestros productores.
Obligada austeridad
Como mencionamos en el editorial de ayer, el gobierno de Oaxaca de Juárez está entregando malas cuentas a la ciudadanía, como es el caso de la crisis de la basura, lo cual evidencia problemas financieros o una mala administración de los recursos municipales. Sin duda alguna con plena consciencia de esta realidad, el edil electo Francisco Martínez Neri anunció desde la semana pasada, la idea de instrumentar medidas de austeridad para hacer ahorros. Entre dichas medidas, figura la inminente reducción de los salarios y dietas desde el edil hasta sindicaturas y regidurías. Una de las medidas que planteó en entrevista es la de evitar gastos suntuarios como remodelación de oficinas u otros, así como evitar el ostentoso aparato de guardias personales que, suelen ser una ofensa para la ciudadanía, dado que elementos policiales que pudieran estar cumpliendo las funciones que le son propias, se pasan las horas cuidando al presidente, tesorero, funcionarios o concejales.
Este vicio ha estado muy arraigado en la función pública de Oaxaca. Recordamos cuando Gabino Cué fue gobernador y sostuvo que aquel funcionario público que quisiera contar con escolta o guardia personal, tenía que pagarlo de su bolsillo. Obviamente no fue así. Servidores públicos que nada tenían que ver con funciones de seguridad o justicia, lucían ostentosos aparatos de cinco o seis guardaespaldas, además de vehículos blindados u otras linduras. Durante el actual gobierno estatal, este fenómeno no se ha reducido sino multiplicado. Incluso directores generales de ciertas áreas tienen asignados a elementos de la Policía Estatal o de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), para cuidarlos, llevar a la esposa al mercado o a los niños al colegio. Es decir, hacer cosas o realizar actividades humillantes y totalmente ajenas a las responsabilidades que por ley le competen.
La medida propuesta por Martínez Neri tiene mucho que ver con el sentimiento ciudadano frente a la prepotencia de los servidores públicos. Es pues plausible y a tono con la situación tan penosa con la que está cerrando su ciclo el ayuntamiento que preside Oswaldo García Jarquín. Sería una incongruencia, además, hacer ostentación de buenas finanzas, cuando sabemos que no ha cumplido ni con las más elementales responsabilidades que le mandata la Ley Orgánica Municipal. Todo ello, además, de la posible deuda que deje para su sucesor.
