El reacomodo de los cárteles con el nuevo gobierno, parece interminable en Sinaloa, cuyos efectos trascienden día con día a otras entidades de la República Mexicana, constituyéndose en una epidemia que no tiene vacuna por parte del sistema de seguridad en el que participan los tres niveles de gobierno y que encabeza oficialmente García Harfuch, con las fuerzas armadas y la Guardia Nacional, en su calidad de secretario de Seguridad Federal.
La convivencia del poder público con los diversos carteles, tiene motivos políticos de alto nivel, incluso de países, en que, por una parte, se beneficia de la delincuencia y, por otra a los intereses en juego, como lo fue el envió de armas para estimular a los movimientos insurgentes de centro y Sudamérica o la guerra en Vietnam vinculándolo con el cultivo y tráfico de marihuana y, posteriormente con otras drogas provenientes de Colombia.
De acuerdo al diccionario, un cártel es una organización criminal o un conjunto de organizaciones criminales que se asocian para delinquir. Los cárteles establecen acuerdos para protegerse, colaborar y repartirse territorios para llevar a cabo sus actividades criminales, principalmente el narcotráfico.
La reciente información que se está dando a conocer con motivo de la deportación de algunos prominentes representantes de diversas organizaciones, del cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, ponen de relieve que se mezclan en este asunto, las diferencias políticas de los grupos de poder por una parte y, por la otra, el sistema de seguridad pública de México y los titulares que lo integran de una u otra manera, cohabitan con estas organizaciones.
Hoy por ejemplo se profundizan los datos que dan a conocer autoridades de los estados unidos, como la DEA, en que se alude a la relación entre el ex presidente López Obrador y gobernadores de su corriente, con el Cártel de Sinaloa, divulgando datos y actos para demostrarlo; sobresale, el vinculado con la detención del hijo del Chapo, puesto en libertad por órdenes directas del entonces presidente, quien abiertamente cometió un hecho notoriamente ilegal, sustentado en preservar el orden y la integridad de la población de ese estado.
Al mismo tiempo periodistas especializados mencionan que García Harfuch, es el sucesor del ex Secretario de Seguridad Genaro García Luna, vinculado a los periodos de gobierno de Felipe Calderón y Peña Nieto: hacia atrás tenemos al primer zar antidrogas, nombrado en diciembre de 1996 en el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo, Jesús Gutiérrez Rebollo, quien fue removido de su puesto y detenido apenas tres meses después, en febrero de 1997, acusado de colaborar con Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, ex líder del Cartel de Juárez y uno de los narcotraficantes más poderosos de México en la década de los años 90.
Me parece que en de esta convivencia rustica, en su inicio, la misma, con el crecimiento de los ingresos derivados del cultivo y tráfico de drogas y los cambios sexenales de gobierno, cada periodo fue progresando en su forma de estructurarse, en el ámbito de su competencia, de tal manera que en la actualidad conviven dos poderes de control de la vida del pueblo mexicano, el oficial Federación, estados y Municipios y, el fáctico los carteles de las organizaciones criminales.
Esto tiene que ver con el sistema federal mexicano que fue copiado y reproducido por tales organizaciones, pero no solo las reproducen a su interior para repartirse el territorio sino que, con sus bastos recursos, penetran el sistema oficial imponiendo titulares en las instituciones y adoptando como socios a altos funcionarios de los tres niveles de gobierno, gobernadores, presidentes municipales, jefes policiacos y de seguridad y hoy se afirma que hasta presidentes como el caso de López Obrador.
El artículo 21 de la Constitución, señala en la parte que interesa que, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la secretaría de seguridad pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia; la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.
Este esquema de seguridad delinea la estructura institucional del Estado Mexicano, el mismo se ha ido adecuando a la evolución de la sociedad y a la voluntad del presidente en turno; las organizaciones criminales, carteles, no solo remedan esta estructura, sino que forman parte de ella.
En forma similar al presidente de la República, que imponen gobernadores, controla los recurso públicos; la fuerza legal, fiscalías y ahora lo hará con el sistema de administración de justicia, las organizaciones criminales imponen jefes policiacos, presidentes municipales, gobernadores y seguramente en las elecciones jueces, magistrados y ministros, es decir el poder institucional del gobierno de México, es compartido con poder de facto de los carteles y durante cada periodo de gobierno, se acomodan, unos pierden fuerza y, otros se consolidan.
Como dato curioso vía una imagen de García Harfuch, con autoridades de seguridad de los Estados Unidos en su reciente reunión; hay una semejante de García Luna, en su época.
Me parece que esta es una de los motivos por las que no funciona el sistema de coordinación en materia de seguridad, es un sistema, de origen, corrupto.
