El Sol de México publicó en su edición del martes que el crimen organizado controla pozos de agua en las alcaldías de Tlalpan, gobernada por el PAN, aunque ahí fue alcaldesa Claudia Sheinbaum de 2015 a 2017 y desde donde brincó a la jefatura de gobierno; e Iztapalapa, gobernada por Morena y donde hasta hace unos días era alcaldesa Clara Brugada, ungida candidata de Morena a suceder a Martí Batres.
El amplio reportaje daba cuenta que grupos delictivos dominan la venta y distribución por pipas en zonas donde hay escasez; sus redes las extienden a otras zonas del Valle de México e, incluso, al vecino Estado de México, preocupante.
¿Qué relación tiene ello con Oaxaca? Este tecleador carece de evidencia que el crimen organizado controle pozos de abasto de agua en Oaxaca. Una revisión a la venta de vivienda en la zona metropolitana vía redes sociales podremos observar que, incluso, los propietarios destacan que muchas de estos bienes inmobiliarios “cuentan con pozo”. ¿Con permiso de quién?
Donde sí hay indicios, sin duda, es la creciente mafia para el reparto de territorio propio de organizaciones del crimen organizado o el narco. Lo hay con mototaxis, en taxis foráneos o taxis irregulares.
Más aún, cuando un reportero pregunta a alguna dependencia como los Servicios de Salud de Oaxaca, la Comisión Estatal del Agua o ambientales, nadie puede dar razón de la calidad sanitaria del líquido que solventa el derecho al agua que debería brindar el estado. Nadie sabe el precio y cómo se distribuye, tampoco se pasa revista a las pipas y piperos, de dónde se surten y algo que debiera ser básico; si el agua ha sido sometida a exámenes de calidad y sanitarios.
Los piperos, ¿Cuentan con concesiones? ¡Ni pensar en revisarlo! ¿El precio del servicio? ¡Estás loco!
No es un secreto que Conagua carece de un padrón de usuarios de pozos, mucho menos control o conocimiento de los cientos de excavaciones clandestinas que se han convertido en preciado tesoro ante la grave crisis hídrica de la ciudad de Oaxaca y zona metropolitana que, recordemos, ha experimentado una añeja veda para extracción para uso agrícola y el abasto doméstico, sino pregunten a las administraciones municipales actuales y anteriores.
La respuesta de los gobiernos del estado ha sido “no es de mi incumbencia, pues es asunto federal”, se han desentendido del asunto y mejor miran hacia otro lado.
Sin embargo, también es un secreto a voces, los piperos locales relatan cada vez con más frecuencia que ya diversas organizaciones han ido “marcando territorio” no solo para la extracción de agua y explotación de pozos pero, sobre todo, para la distribución y “entrada” de las pipas a diversas colonias, agencias, municipios o comunidades conurbadas.
El cada vez más frecuente contacto con conductores ha ido generando confianza con los usuarios y algunos de ellos nos relatan las “historias de piperos”. Por ejemplo, quienes explotaban los casi inagotables pozos de Yatareni, Huayapam, Tlalixtac o, incluso Santa Lucía del Camino, deben ir cada vez más lejos a abastecerse de agua para su venta ante la casi nula producción de “sus pozos”. Antes, relatan “sacábamos más de 10 viajes al día” (a razón, hace algunos ayeres, de 600 pesos por 5 mil litros). Los pozos se recuperaban rápido. Ahora a lo sumo extraen 2 pipas de 10 mil litros y, para ello, tienen que esperar que el agua se vaya acumulando. Invierten mucho tiempo.
El plan B para los piperos del oriente de la ciudad fue acudir a pozos de San Francisco Lachigoló o de plano “caminar” más de 25 a 30 kilómetros hasta el Valle de Tlacolula, y comenzaron a subir los precios por el uso de más combustible y el tiempo invertido. Ahora esos 5 mil litros cuestan 800 o 900 pesos y si se tiene “el lujo” de una cisterna de 10 mil litros, entonces hay que desembolsar mil 700 pesos, como mínimo.
Sin embargo, organizaciones como Catem, Catem Joven, CTM, Libertad y otros peligrosos membretes, como buenos depredadores olieron de inmediato la carne fresca y comenzaron a impedir la entrada de piperos de esa región a la ciudad sabedores que tienen sentados sus reales en San Sebastián y San Francisco Tutla, Tlalixtac y Santa Lucía del Camino. Y, en respuesta, los piperos capitalinos fueron impedidos para acceder al valle de Tlacolula. ¿Y la autoridad, y los ayuntamientos?, a lo mejor alguno es dueño de uno o varios vehículos.
Pero entonces los piperos se vieron obligados a aplicar un Plan C y, nos relatan, verse en un punto intermedio, Rojas de Cuauhtémoc, por ejemplo, para trasvasar el líquido de Tlacolula para poder entrar a la ciudad. ¡Inaudito! Si esto lo saben las autoridades, son cómplices. En caso contrario, ineptitud, negligencia e incapacidad.
Del otro lado, en el poniente de la ciudad los piperos de Viguera no pueden rebasar una línea imaginaria fijada en el centro de la ciudad para pasar a Santa Lucía del Camino y los del oriente no pueden surtir a Atzompa, San Jacinto Amilpas o el Valle Etleco, es territorio vedado.
Y ahí también deben ir cada vez más lejos: San Juan del Estado, San Agustín Etla, donde hay señalamientos de huachicol de agua en toda la línea que acarrea el líquido a la ciudad.
El agua es ahora un bien preciado y batallar por ella la encarece; al encarecerse, es un suculento bocado para el crimen organizado. Creemos que aún no se está en la etapa del control de la delincuencia en Oaxaca, pero sabemos que “negocio es negocio” y hay indicios, huellas de prácticas propias de redes criminales que han comenzado a extender su sombra en busca de sacar provecho de la sed de los oaxaqueños.
El Gobierno del Estado no ha aclarado quién o quiénes participan en el programa Agua para todos, con el que maquillan hacer algo contra la crisis. No vaya a ser que sean los mismos que marcan territorio, dicen quién entra o sale de la ciudad.
