En su permanente lucha por no trabajar ni cumplir con su tarea docente, causa primaria del rezago educativo del que siempre han querido escurrir el bulto, los maestros radicales que militan en la Sección 22, han asumido un nuevo y lamentable papel: ahora son los cancerberos, que deciden quién entra o quien sale del estado. Por ello, en el mes de septiembre pasado, durante la primera visita del Presidente Enrique Peña Nieto, nuestros excelsos mentores provocaron y generaron caos en inmediaciones del Centro de Convenciones, incluso agrediendo a los invitados a dicho evento. Desde hace mucho, dicho gremio se ha asumido como el que abre la puerta o la cierra, como fue el caso del sábado pasado, al declarar que el candidato la presidencia del país, José Antonio Meade, quien arribó a Puerto Escondido, como parte de su gira proselitista en todo el país, no era bienvenido y crearon un ambiente de zozobra y violencia. La pregunta que los oaxaqueños nos hacemos es: ¿y quién les otorgó dicha potestad? Los maestros no han cumplido con su tarea a lo largo de 38 años, en que nació el llamado Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación (MDTEO).
Desde este mismo espacio editorial hemos insistido una y otra vez en que ya es tiempo de que las autoridades tanto educativas como las demás, apliquen descuentos y lleven a cabo las disposiciones de la Reforma Educativa. Que asuman su responsabilidad en acotar este tipo de prácticas aberrantes del Cártel 22, en ser agresor y devenir en víctima. Oaxaca ya no tolera más a estos parásitos de la educación y vividores del presupuesto educativo, que se pasan el año lectivo con la mano extendida para recibir dádivas y prebendas, sin aportarle nada –absolutamente nada- a la educación. Por el contrario, nuestra entidad muestra en los estándares educativos, ir a la cola a nivel nacional. Ello se lo debemos a la forma tan burda con la nuestros maestros han llevado a la sociedad hacia los peores estadios de desarrollo y pobreza. La economía está colapsada. El Centro Histórico de la capital no puede despegar, porque el Cártel tomó la decisión de apropiarse por completo de una de las principales calles. Han propiciado el desorden, la ingobernabilidad, la irresponsabilidad. Los atropellos violentos en contra de una campaña presidencia, muestran de cuerpo entero su fijación e intolerancia. Y ello no debe permitirse más.
Un mal precedente
La idea de que la libertad del doctor Luis Alberto Pérez, al traumatólogo-ortopedista que fue detenido el pasado 2 de abril, como presunto responsable de la muerte del menor Edward Luna, luego de una intervención quirúrgica menor, fue gracias a la presión que ejerció el sector médico de Oaxaca y en otros entornos, sigue permeando en la opinión pública. El viernes pasado, en un tono enérgico, el Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, emitió un comunicado, en donde da cuenta puntual de las inconsistencias, probanzas y dictámenes, que llevaron a las autoridades ministeriales y dos jueces, a liberar la orden de aprehensión correspondiente. No fue pues un artificio, menos que se haya querido “penalizar la labor médica”. Las pruebas de que el expediente clínico fue manipulado; la evidencia de la necropsia de muerte por bronco-aspiración y otros, son pruebas suficientes para consignar y vincular a proceso. Pero no. Pudo más la protesta callejera, la amenaza de paros de labores y los señalamientos constantes a las autoridades, lo que los magistrados de la Sexta Sala Penal privilegiaron para otorgarle la libertad, dejando en el pueblo oaxaqueño, más dudas que certezas.
Aun así, algunos grupos de médicos siguieron insistiendo en la renuncia del Fiscal General, cuestionando la resolución y privilegiando la protesta. Sin embargo, la respuesta de éste último no dejó lugar más que a la creencia de que en Oaxaca, la justicia y la ley se hacen a un lado para que pase el chantaje. Nadie hizo prejuicios en torno al médico detenido que, desde el inicio de este caso, careció de una defensa jurídica profesional. Lo cierto es que hasta en los últimos días han ido apareciendo cabos sueltos que hacen suponer la presunta responsabilidad de quien estuvo detenido. Demasiado tarde, pues la protesta callejera no sólo puso en evidencia a nuestro sistema jurídico sino a la vigencia de la misma ley, dada la existencia de privilegios y fueros, que hacen presumir que los médicos se cocinan con un estatuto aparte. Es decir, pareciera que ya no podrán ser juzgados por negligencia o irresponsabilidad médica, pues de inmediato asomará la forma ruin con la que aquí se tuerce la ley. Todo lo anterior, pues, sentó un mal precedente en el sistema normativo oaxaqueño. Pero además polarizó de manera brutal a nuestro de por sí mancillado tejido social.
