No cabe duda de que nuestro país parece funcionar como un artificio en el que decisiones fundamentales —como aquella que establece que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, que de éste dimana el poder público y que se instituye para su beneficio— terminan interpretándose como si fueran disposiciones destinadas a que los titulares del Poder Ejecutivo las ejerzan sin límites ni controles.
La Constitución establece que el pueblo tiene el derecho inalienable de modificar la forma de su gobierno y que México se constituye como una República representativa, democrática, laica y federal, integrada por estados libres y soberanos en lo concerniente a su régimen interior. Sin embargo, en la práctica, estos principios parecen debilitarse cuando las decisiones políticas se concentran cada vez más en el poder ejecutivo.
Una muestra de ello es la reforma constitucional en materia electoral que recientemente fue rechazada por el Congreso. No porque fuera contraria a la voluntad popular, sino porque precisamente esa voluntad parece ausente en la iniciativa presentada. La propuesta implicaba modificar la ya limitada integración del Congreso al plantear la reducción de la representatividad de las minorías políticas.
Partidos considerados satélites —como el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, aliados de Morena— habrían visto afectada su presencia legislativa. Durante años, muchos cargos en el Congreso federal, en los congresos locales o en los ayuntamientos han sido ocupados mediante mecanismos derivados del sistema de representación proporcional, que no siempre responden directamente al voto libre, directo y secreto de la ciudadanía.
De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, la representación proporcional se basa en la asignación de cargos según el porcentaje de votos obtenidos por los partidos en una determinada región. Su objetivo es proteger la expresión electoral de las minorías políticas y garantizar su participación en los órganos legislativos. En México este mecanismo permite asignar 32 senadores por lista nacional y 200 diputados federales mediante cinco listas regionales en circunscripciones plurinominales.
Por ello, para algunos partidos minoritarios no resulta conveniente perder estos espacios de representación ni los recursos presupuestales asociados a ellos. Gracias a este sistema, partidos satélite —y también organizaciones políticas debilitadas como el PRI, el PAN o Movimiento Ciudadano— han mantenido presencia legislativa aun con votaciones relativamente bajas.
En este contexto, el poder político busca ampliar su control sobre los órganos legislativos, como previamente ha ocurrido con el ámbito judicial, bajo el argumento de reducir el dispendio de recursos públicos. Sin embargo, estas medidas también podrían fortalecer la influencia del partido gobernante, Morena, consolidando su carácter hegemónico en la federación, los estados y los municipios.
Este escenario podría modificar el equilibrio de la República democrática mexicana hacia un modelo cada vez más centralizado, impulsado por la voluntad del Ejecutivo más que por la del pueblo.
El principio de que la voluntad popular es la depositaria del poder parece haber sido desplazado por una creciente concentración de decisiones en los ejecutivos federal y estatales. Este proceso podría profundizarse mediante la eventual aplicación de un llamado “Plan B” electoral, utilizando mayorías legislativas para introducir cambios legales que permitan alcanzar objetivos políticos similares a los planteados originalmente.
De esta manera, la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum podría influir en el funcionamiento de los tres poderes, particularmente en el Congreso federal y en los poderes locales de los estados y municipios. Bajo el argumento de la austeridad republicana, la reorganización institucional podría reducir los márgenes de decisión de los entes que integran el régimen interior de los estados, incluso en aquellos gobernados por partidos de oposición.
En consecuencia, la voluntad del Ejecutivo —y no necesariamente la del pueblo— podría imponerse a través de estos mecanismos. El resultado sería una mayor concentración del poder político, con un Poder Legislativo y un Poder Judicial cada vez más limitados en su capacidad de contrapeso.
Este fenómeno ya se percibe en diversas decisiones públicas que parecen apartarse del espíritu de la Constitución. Aunque el discurso oficial insiste en combatir la corrupción y eliminar privilegios, persisten señalamientos sobre enriquecimiento de funcionarios, viajes ostentosos de servidores públicos y actividades ilícitas como el llamado huachicol fiscal.
La transformación política del país parece avanzar hacia un escenario en el que la Constitución corre el riesgo de convertirse en un marco formal cada vez más debilitado en su contenido y en la protección efectiva de los derechos humanos.
Ante esta realidad surgen preguntas inevitables: ¿fue realmente esta la transformación por la que votó el pueblo? ¿Las consultas ciudadanas funcionan como mecanismos de participación popular o como instrumentos de legitimación del poder? ¿La ciudadanía eligió una república sin una división efectiva de poderes?
