Los decretos suscritos por el expresidente Manuel Andrés López Obrados que declaró predios de suelo urbano, ya impactados por servicios y vialidades del CIP BAHÍAS DE HUATULCO como Nuevas Áreas Naturales protegidas, le privó a ese destino turístico de su mínimo vital, urbanísticamente hablando, fue una salida ante la imprevisión de qué hacer al extinguir todos los fideicomisos públicos del país en busca de dinero público que, a su parecer, era innecesario estuviese destinado a fines específicos de carácter público.
Dada su mentalidad simplista de gran desconocimiento sobre la administración pública, que en los últimos treinta años, fue modernizándose en su estructura para fortalecer el ejercicio gubernamental; claro, sin duda alguna, el descuido y la mala designación de los responsables en las distintas áreas de la administración pública se traduce en que áreas como Conasupo, y sus filiales, posteriormente denominada Segalmex, y muchas otras empresas paraestatales y fideicomisos públicos, resultaron con malos manejos y alta corrupción, pero eso tiene que ver totalmente con la falta de habilidades y aptitudes de los gobernantes, no de las instituciones.
Los gobiernos federales y locales, por lo general sus órganos de control, son de complacencia, sin vigilancia y seguimiento real. De lo contrario marcharían perfectamente. Decía mi abuelita: “Al ojo del Amo engorda el Caballo”. Es una obligación de prevenir y vigilar que no haya corrupción con reglas claras y verdadera revisión y castigo. Pero la impunidad en México sobre actos de corrupción es de las más altas en el mundo.
En estos términos, pretender mejorar el control gubernamental, no es desapareciendo todas las instituciones para que solo un hombre que se proclama honrado con todo y sus hijos controle toda la cosa pública. Y pues a la vista están los resultados.
Haber desparecido Fonatur en lugar de mejorar los controles, fue retirarle el oxígeno a la gallina de los huevos de oro, en virtud de que la industria turística ha sido una importante fuente de divisas para el país. Y los mejores centros turísticos de México, fueron diseñados y administrados por esa institución. Y ahora qué mínimo vital se le privó al CIP BAHÍAS DE HUATULCO, para aclaración de usted querido lector, CIP son las siglas del título de Centro Integralmente Planeado, que tiene esta joven ciudad turística. Sin bien es cierto que el pueblo de Huatulco es previo a la conquista, posteriormente fue reconocido desde 1539, pero el polo de desarrollo turístico tiene treinta años de edad cuando mucho, ya como ciudad. Tan joven que solo un mínimo de la superficie reservada y planeada para su crecimiento, se logró desarrollar.
Son muchos los pendientes para concluir el proyecto, como son, espacios de vivienda social, no hay dónde vivan los empleados de los hoteles y comercios, falta una zona escolar, zonas hospitalarias, mercados, jardines, iglesias, canchas deportivas, zonas agrícolas, zonas ganaderas. El derecho a un mínimo vital, busca respetar la dignidad humana, la solidaridad, la libertad y la igualdad material, dentro de un espacio productivo.
En todo el Estado, es este centro turístico el que demanda mayor mano de obra, constantemente, pero no hay el espacio para que los trabajadores duerman con su familia, suficientes escuelas para sus hijos y los demás servicios antes anotados. El mínimo vital, no es solamente la subsistencia básica de alimento y vestido, sino también salud, educación, vivienda, seguridad pública, lugar de esparcimiento y medio ambiente.
Todo está diseñado en el Plan Director con el que inició Fonatur y que fue retomado por la Plan de Desarrollo Urbano, por ello, están preparadas las vialidades de acceso, los equipos de servicios de agua potable y luz. Incluso quedaron unas subestaciones dentro de las Nuevas Áreas Naturales Protegidas, que son desprotegidas porque es imposible tener los recursos para el cuidado de esas áreas que actualmente están siendo invadidas por todo tipo de personas, incluyendo maleantes. Hay ya espacios, donde la autoridad no puede entrar.
Este desastre vino a hacer tales decretos que, sin consulta pública, violando todas las leyes y los tratados internacionales, y principios constitucionales, como el derecho a la ciudad, sustentada en la Carta Europea de Salvaguarda de los derechos humanos en la ciudad (2001), son derechos humanos difusos, es decir que no son exclusivos de una sola persona, sino del conglomerado de la población que vive en un lugar. El derecho a una vivienda adecuada protegido por el artículo 4 constitucional y la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2005) y la Declaración Universal de los Derechos Emergentes (2007).
