Por lo visto, luego de no lograr convencer al gobierno de Alejandro Murat de otorgarles un sinfín de demandas, todas sin tener nada que ver con justicia laboral o cuestión educativa, los dirigentes del llamado Cártel 22, Eloy López Hernández y Genaro Martínez Morales, Secretario General y de Organización de la gremial, respectivamente, fueron sometidos por el asamblea estatal representativa para continuar con su movimiento de agresión en contra el pueblo oaxaqueño, a través del bloqueo permanente al Aeropuerto, la Terminal de Autobuses de Primera Clase y las casetas de cobro de Huitzo y Suchixtlahuaca. Según los comunicados la movilización continuó desde ayer, sin valorar esos parásitos sociales llamados maestros, que el fin del curso escolar está en puerta. Si bien es cierto que a nadie conviene en este momento una acción del Estado para acotar este tipo de presión cuya amenaza es boicotear el proceso electoral del primero de julio, es importante subrayar que las acciones pueden provenir de la sociedad civil, que haga poner al gobierno sobre sus pies, en lo que respecta a la salvaguarda de la paz social. Las redes sociales y las opiniones que en ellas se plasman han sido reiterativas en torno a la apatía que existe en la actual administración para dar una solución inmediata a este tema.
En efecto, diversas voces han coincidido en que ya basta de tanta agresión el pueblo oaxaqueño. A nadie le interesa un baño de sangre o un enfrentamiento fratricida, habida cuenta de la habilidad de los dirigentes para revertir la realidad y la visión torcida de las comisiones de derechos humanos o defensorías en todo lo que respecta a la intervención del Estado. La violación flagrante al libre tránsito, a la economía, al comercio establecido, al turismo, se han convertido en una bola de nieve que no tarda en reventar. Son violaciones abiertas a las garantías fundamentales de los oaxaqueños. Desde hace tiempo, organismos empresariales y de la sociedad civil han exigido poner un alto definitivo a la Sección 22, refugio de activistas y supuestos anarquistas, que han tomado como rehén a la ciudadanía. Una runfla de vividores como les han llamado. De ninguna manera debe dárseles más prebendas y dádivas. No más actitudes complacientes y temerosas del gobierno. Es eso lo que ha mantenido al pueblo contra la pared. La ciudadanía exige diálogo público y de cara al pueblo.
Operativo sin resultados
Como ya es sabido de todos, el pasado domingo 3 de junio, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa puso en marcha el operativo de seguridad para el Istmo de Tehuantepec, luego de los trágicos acontecimientos ocurridos un día antes. Se trata de un operativo en el que participan fuerzas federales y estatales en el combate a la inseguridad y la delincuencia que, por si fuera poco, han convertido a Juchitán de Zaragoza, la cabecera más grande de la región istmeña, en la novena ciudad más violenta del país. El sábado 9, diversas organizaciones civiles convocaron a una marcha por la paz y la seguridad en dicha ciudad istmeña. En efecto, hay entre el pueblo zozobra y terror por los crímenes que se han estado dando, en donde familias completas –inclusive niños- han sido objeto de tortura y fines atroces. Es más, la inseguridad aunada al abandono del gobierno a muchos damnificados por los sismos de septiembre de 2017, motivó a que las organizaciones que organizan las tradicionales velas istmeñas, las suspendieran en el mes de mayo, generando una honda molestia, pues es algo que forma parte ya de la identidad originaria de los tecos.
A poco de haber iniciado el referido operativo se han empezado a ventilar inconsistencias, protagonismo, difusión equivocada de los resultados obtenidos, etc. Y es que tal parece que quienes están a cargo de las dependencias estatales han insistido en tomar las cosas con mucha superficialidad exhibiendo una ignorancia supina respecto al territorio oaxaqueño. Se entiende que lo primero que hace un funcionario que no es oriundo del estado, es dedicarle un tiempo prudente a conocer la geografía, la historia o los elementos básicos que le servirán en el cargo que le fue asignado. Obvio, deben conocer como algo elemental, los protocolos que deben seguirse para asegurar los lugares en donde se comete un ilícito o evitar borrar evidencias que servirán al Ministerio Público para hacer su trabajo. El objetivo del citado operativo, así se entiende, es ir por los cabecillas de los grupos criminales o bandas de delincuentes comunes que han asolado todo el Istmo de Tehuantepec, particularmente Juchitán, que lleva en su haber cientos de ejecuciones y homicidios de un año a la fecha. Pero hasta el momento nada se sabe de resultados. Sólo de nimiedades que poco coadyuvarán a cimentar la confianza en las instituciones que procuran seguridad a la ciudadanía.
