El llamado que hiciera la semana pasada el entonces gobernador electo, hoy constitucional, Salomón Jara Cruz a la nueva dirigencia de la Sección 22, para entablar diálogo y trabajar de manera conjunta para fortalecer la educación que imparte el Estado, en favor de los niños y jóvenes oaxaqueños, no debe echarse en saco roto por parte del nuevo Comité Ejecutivo Seccional. La ciudadanía oaxaqueña está hasta el gorro de manidos métodos del bloqueo carretero, a oficinas y cruceros, así como de marchas y plantones. Eso deben entenderlo quienes se estrenan en la dirigencia y asumen estar en otros tiempos, para desplegar calendarios de luchas y demás demagogia. Nadie, absolutamente nadie habrá de tolerar que se siga afectando el proceso enseñanza-aprendizaje en pos de una política sectaria y de sólo exigir prebendas y dádivas, que deben verse ante la Federación.
La idea de que el magisterio oaxaqueño, militante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), no ha superado su fijación ideológica, anclada en viejos moldes de una extinta lucha revolucionaria, se puede ver en la composición de su comité estatal, en donde aún existen carteras que, por salud pública deberían haber cambiado, como la Secretaría de Prensa y Propaganda o la de Orientación Política e Ideológica, que hace remembranza a aquellos comités que sirvieron para lavarle el cerebro a tantos miles de jóvenes que arribaron a las aulas del sistema de Normales Rurales. Paradójicamente, utilizan el ciclo escolar como plataforma para suspender clases y cerrar las escuelas, sólo para enarbolar demandas de tipo económico, por lo que muchos nos preguntamos: ¿y en dónde están esos principios revolucionarios de los que tanto hacen alarde?
El gobernador ha abierto pues la puerta al diálogo respetuoso, a lo que dicho gremio respondió con marcha el pasado primero de diciembre, con el vano propósito de mostrar músculo y reiterar su sobada posición de que vienen con la espada desenvainada. De lo que se han olvidado es que la mayor parte de municipios del estado están gobernados por ediles emanados por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y que, si durante mucho tiempo las autoridades municipales se mantuvieron respetuosas y al margen, hoy en día hay plena conciencia de que nada justifica seguir afectando a la educación de los niños y jóvenes oaxaqueños, ya dañados por más de 40 años de supuesta lucha y más de dos de pandemia.
Un rubro preocupante
Hace algunas semanas, en las páginas de EL IMPARCIAL. El Mejor diario de Oaxaca, publicamos datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en relación a cuál es la percepción de los habitantes de la ciudad de Oaxaca de Juárez, en torno a la seguridad. El resultado fue sorprendente: siete de cada diez ciudadanos se sienten inseguros. Y es que el índice de criminalidad, de ejecuciones, robos con violencia y otros delitos graves, ha ido creciendo sin que el gobierno de la ciudad, siguiendo los esquemas de irresponsabilidad del trienio pasado, haya puesto en marcha alguna estrategia o política para revertir dicho y preocupante resultado. Apenas el sábado 26 de noviembre, como ya lo consignamos en días pasados, sujetos armados asesinaron a sangre fría a tres personas, incluyendo dos mujeres, una de ellas menor de edad. Los hechos criminales se dieron en la agencia municipal de San Juan Chapultepec y a plena luz del día.
Oaxaca es una de las entidades que, durante el pasado gobierno estatal, se perfiló como una de los estados del país con el mayor número de feminicidios y violencia contra las mujeres. El asesinato de la menor de edad crispó los ánimos entre la ciudadanía de la referida agencia y en general, de toda la población. Y ello sólo se puede acotar, aunque no termine, con una política de seguridad que sea algo más que disuasiva o preventiva. Es un hecho de que, en zonas como el Mercado de Abasto, agencias y colonias, el trasiego de droga dirigido por grupos criminales, es una práctica cotidiana y que, en ese comercio infame, hay ajustes de cuentas y ejecuciones. Con igual rasero se tienen que medir otros delitos como el cobro de derecho de piso o las extorsiones.
Lo que la Secretaría Municipal de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil ha hecho hasta hoy, han sido las prácticas cotidianas que le competen sin más. La crisis de la basura que ha vivido la ciudadanía, ha mantenido ocupado al gobierno local desatendiendo el delicado tema de la seguridad ciudadana. Se requiere pues de perfilar una estrategia que vaya más allá de la medianía y de la permanente queja de que el ayuntamiento no tiene recursos o que está en la indigencia total. Eso, para la ciudadanía, ya no vale, luego de casi cuatro años en que éste y el anterior gobierno, emanado de Morena, no han hecho su labor. Ya no valen pues los pretextos.
