Todo el peso de la ley

Los meses de mayo y junio han sido trágicos por los excesos y abusos policiales. El 4 de mayo, la Policía Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, estado de Jalisco, detuvo al joven Giovanni López, por presuntamente no portar cubre-bocas. La familia protestó. Pese a ello, fue llevado a los separos policiales, en donde lo reportaron grave y, finalmente, muerto. Aunque tardía, dicha acción –permeada por evidentes móviles político-partidistas- desató protestas violentas en la capital tapatía. El 25 de mayo, el ciudadano afroamericano George Floyd, murió por paro cardio-respiratorio por asfixia en Minneapolis, Estados Unidos, luego de que un elemento de la policía local lo sometió poniéndole la rodilla en el cuello hasta provocarle la muerte. Los disturbios en nuestro vecino del Norte, no fueron fortuitos. Fueron una forma en que la expresó su repudio e indignación; consternación y enojo, por el caso de estos excesos. 

En este entorno de violencia y abuso, Oaxaca no pudo mantenerse al margen. El pasado 9 de junio por la noche, en la población de Vicente Camalote, cuando un grupo de jóvenes acudía a comprar refrescos en una tienda de conveniencia en la gasolinera del lugar, la Policía Municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, los interceptó y accionó sus armas sin mediar palabras, provocando la muerte del joven Alexander Gómez, un adolescente de 16 años de edad, deportista y vecino del estado de Carolina del Norte, en los Estados Unidos. De nueva cuenta, las luces de alerta se encendieron entre la población, al trascender el llamado de la madre para que se le haga justicia. 

Si bien es cierto que dicha zona está bajo el acoso cotidiano de grupos criminales que han hecho de ella un cementerio, nada justifica una acción como la cometida en contra de los jóvenes, de los cuales uno murió y otro se encuentra grave en un hospital. Según se dio a conocer el pasado miércoles 10 de junio, el gobierno municipal puso a disposición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), al presunto responsable. La dependencia inició una exhaustiva investigación para esclarecer este homicidio. Según el boletín respectivo, de acuerdo con los resultados de la necropsia del adolescente, se estableció como causa de muerte laceración encefálica, producida por proyectil de arma de fuego disparado por una escopeta. Se espera pues, que dicha instancia opere con celeridad y se aplique todo el rigor de la ley en este crimen.

La movilización perpetua

Oaxaca, como entidad, no puede explicarse sin la agitación de grupos, organizaciones y sindicatos que jamás, pese la emergencia sanitaria que vivimos, dejarán de usar sus manidas fórmulas de chantaje y manipulación. Un recuento de lo ocurrido esta semana en todo el estado, dará cuenta de que la salud y vida de los ciudadanos, sean automovilistas, pasajeros y simples transeúntes, poco importa a dirigentes movidos principalmente, por intereses económicos. El pasado lunes por, ejemplo, se dieron varias movilizaciones. Por la mañana, un grupo de porros, presuntamente estudiantes de la Preparatoria Número 4 de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), cerraron el crucero conocido como “El Caracol”, en jurisdicción de Tehuantepec, en protesta por la posible remoción del director de dicha institución. 

Luego de que el domingo 7 tomaran la caseta de cobro que se ubica en su jurisdicción, comuneros de San Pablo Huitzo, encabezados por un cuestionado presidente del Comisariado de Bienes Comunales, en donde obtuvieron no menos de 300 mil pesos, del cobro obligado a los automovilistas y transportistas, volvieron a repetir el numerito el pasado lunes. Con esas acciones fuera de la ley, porque se tratan de un vil asalto carretero, pretenden llamar la atención de las autoridades para solucionar el diferendo agrario que tienen con sus vecinos de Santiago Tenango, Etla. Nada que ver pues, la toma de una caseta de cobro para extorsionar, incluso con palos y machetes, a un problema agrario que tampoco compete al gobierno estatal, sino a los órganos jurisdiccionales en la materia. 

Capítulo aparte merece el bloqueo carretero entre Huajuapan de León y Mariscala de Juárez, en la Mixteca oaxaqueña, encabezada por dirigentes y miembros del llamado Frente Nacional Indígena y Campesino (FNIC), que mantuvo durante varias horas suspendido en tránsito vehicular en dicha zona. La demanda puede parecer irrisoria: exigen al gobierno participación en el acarreo de materiales de construcción en la rehabilitación de dicha vía. La pregunta que muchos nos hicimos es: ¿de cuándo acá las organizaciones sociales como es el caso de la mencionada, operan el traslado de materiales, como si fueran sindicatos o confederaciones que por su misma naturaleza son quienes suscriben los contratos? Es el problema de haber entregado concesiones de transporte a este tipo de organizaciones. Hoy, son una piedra en el zapato.