Si hay algo que caracteriza a varios municipios oaxaqueños es la opacidad y la negativa a rendir cuentas. Por fortuna, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha estado yendo a fondo para exigir cuentas claras, habida cuenta de que, con la famosa autonomía municipal, cada quien trata de hacer lo que le place con el dinero público. La semana pasada, tal como lo publicamos en nuestra nota principal, dicho organismo detectó movimientos indebidos para el pago de horas-extra en el ayuntamiento de la capital oaxaqueña. Se trata de una suma importante que podría explicar en parte, la descapitalización del gobierno local, cuya administración ha sido irresponsable para cubrir adeudos, como es el caso de la renta de los camiones recolectores de basura, cuyos operadores recientemente provocaron un severo problema en la ciudad.
Llama la atención que los y las diputadas de la aún existente LXIV Legislatura del Estado, hayan sido omisos en cuestiones de rendición de cuentas en la amplia nomenclatura municipal. Todos los ayuntamientos, aun los que manejan presupuestos anuales menores, deben contar con su portal de transparencia para que la ciudadanía esté enterada de sus movimientos. Hace al menos un par de meses trascendió que al menos una decena de municipios, incluyendo la capital, estaban ubicados en el rango mayor de opacidad a nivel nacional. Y ello no es una buena noticia para aquellos organismos que tienen la responsabilidad de revisar expedientes, gastos, inversión y otros. Uno de los motivos por los cuales los procesos electorales para designar presidentes (as) municipales se da con tales niveles de enjundia y violencia es, precisamente, porque llegar al cargo es, para muchos, como comprar el billete premiado de la lotería.
El nuevo Órgano Garante de Transparencias, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno debe insistir y brindar asesoría para que cada municipio tenga su portal de transparencia que será de mayor utilidad para que los órganos responsables de auditar el uso de los recursos públicos, pueden hacer su trabajo. Hay que fomentar entre la ciudadanía el uso de las plataformas de transparencia a fin de que cualquier ciudadano pueda exigir cuentas a sus autoridades locales. No se trata de un hecho aislado, sino que, el ciudadano de a pie tiene derecho a estar informado. Hay que recordar que todo ello se finca en el derecho a la información. Hay que terminar con la cultura de la opacidad y la discrecionalidad.
Violencia y crimen, no cesan
Siempre hemos criticado, por el impacto que tienen entre los responsables de la seguridad en la entidad, las mediciones que realiza el llamado Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que, a menudo vuelve con el viejo ardid de que somos una de las entidades más seguras del país. Quienes tienen a su cargo la tarea citada se regodean en dichos informes y, cual salmones en corrientes contrarias, se dedican como se dice vulgarmente a tirar la hueva. La semana anterior el gobernador Alejandro Murat dio a conocer que le habían hackeado su cuenta de Twitter, con fines de extorsión. Más tarde apareció en una cuenta de Facebook, presuntamente del ejecutivo estatal –a menos que haya sido una desafortunada broma- una petición para depositar cinco mil pesos en determinadas cuentas bancarias. Esto implica que los delitos cibernéticos están a todo lo que dan en una entidad calificada como las más seguras en el país.
En esos días se dieron una serie de homicidios en Juchitán de Zaragoza, en donde aparecieron en un lapso de 24 horas, dos cadáveres de personas ejecutadas. Posteriormente, en un bar de Matías Romero, sujetos armados pretendieron levantar a una persona, provocando una balacera que tuvo como resultado dos jóvenes muertos y varios parroquianos heridos. Todo ello, además de otros homicidios que hacen suponer que estamos lejos, pero muy lejos de ser el remanso de paz que pretenden hacernos creer las autoridades estatales. Y es que, además, existen evidencias mayores que ubican a ciertas regiones de la entidad como eje importante de operaciones criminales, como es el caso de la Cuenca del Papaloapan. Para nada es fortuita la detención del diputado local, Gustavo Díaz Sánchez, perteneciente a la fracción del PRI, luego de que su hijo hubiera sido detenido también por la Guardia Civil de Veracruz, en flagrancia en ciertos ilícitos.
Los medios de comunicación son sólo vehículos de información no somos fiscales ni jueces. Sin embargo, resultaron preocupantes las declaraciones del gobernador de Veracruz en torno al caso, al afirmar que a padre e hijo se les vincula con una posible participación en grupos criminales. Esta situación, hay que decirlo, ha trascendido desde hace mucho tiempo. Resulta extraño que las autoridades estatales y, por supuesto, federales, no hayan conocido de la misma. Esto es: era un secreto a voces. Todo mundo lo sabía, pero nadie lo decía, como lo comentamos en este mismo espacio ayer.
