En su gira de la semana pasada, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador pudo constatar el fracaso de administraciones pasadas en dos proyectos carreteros que por una mala decisión política, por prácticas fraudulentas de empresas mexicanas de la construcción y por burocratismo, no han podido concretarse: las súper carreteras a la Costa y al Istmo. La primera con al menos diez años de retraso y la segunda con cerca de 18 años. Un caso único y excepcional en el país, pues dichas obras han visto la conclusión de cientos sin que hayan podido terminarse, ora por quiebra de las constructoras ora por falta de presupuesto. Pretextos no han faltado. Lo cierto es que la primera se daba casi por concluida durante el gobierno de Ulises Ruiz, al igual que en el de Gabino Cué, sin que ello pudiera concretarse. Es más, durante su campaña política, el actual gobernador Alejandro Murat puso de plazo 15 meses para concluirlas, sin haberlo logrado hasta el momento. En los tres períodos hay momentos en que se anuncia el reinicio de las obras, cuestión que resulta engañosa, pues a los dos o tres meses son de nueva cuenta suspendidas.
Sin embargo, casi en automático, los oaxaqueños transitamos del optimismo al pesimismo durante la pasada visita de AMLO. Y es que el mandatario se refirió al compromiso de que durante su gobierno se terminará la súper carretera a la Costa, pero hasta el año 2022. Ello implica que además de los 10 años que llevamos en espera de dicha obra, habrá que esperar al menos tres más. Se trata de cuestiones en verdad excepcionales, cuando vemos en otras entidades obras de infraestructura que se llevan a cabo en meses o en uno o dos años. Significa pues que con gobiernos panistas, priistas y aun en el llamado de la Cuarta Transformación, seguimos a la zaga de las prioridades nacionales, es decir, seguimos como “el patito feo”. Sólo hay que ver el soslayo con el que se ve el proyecto de la súper carretera al Istmo, que lleva al menos 18 años en espera, para darse cuenta de que no obstante el cacareado Proyecto Transístmico, no se contempla siquiera una vía terrestre digna, sino la misma carretera sinuosa de hace casi un siglo. Seguiremos pues en espera de que la Federación cumpla con el adeudo histórico que tiene con los oaxaqueños.
Acotar a sindicatos criminales
Hay entre la ciudadanía, los sectores productivos, profesionistas y demás, una gran preocupación respecto al grado de violencia que se ha incubado en el sector transporte de la entidad. La disputa entre el Sindicato Libertad y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), de reciente cuño en Oaxaca, que ha dejado ya varios muertos, heridos y daños materiales de consideración, deben tratarse con rigor y con la ley en la mano y sin reserva alguna. Con justa razón, luego del enfrentamiento del martes 25 de junio en el crucero de la agencia de Trinidad de Viguera, la comunidad acordó no dejar entrar a taxis y moto-taxis de CATEM. Representan un peligro tanto para la ciudadanía en general como para la seguridad del estado. Salieron a relucir armas de fuego, lo que implica que no es el transporte de personas o materiales lo que está en juego, sino además, actividades criminales como el trasiego de droga, su distribución, el cobro de derecho de piso, las extorsiones y hasta el secuestro. ¿Por qué ha permitido el gobierno de Alejandro Murat que dichos gremios hayan llegado a dichos niveles, de enfrentamientos armados a plena luz del día, cual si fueran cárteles de la droga luchando entre sí? Es una buena pregunta.
Hay quienes opinan que existe cierta connivencia entre ciertas dependencias y los cabecillas de dichos sindicatos y confederaciones. Por ello les permiten cualquier exceso. Los golpes que ha dado la Fiscalía General del Estado, como la aprehensión de Carlos Ríos Suárez, alias “El Oaxaco”, dirigente de CATEM, o de René Balderas, apenas el jueves 27 de junio, cabecilla del Sindicato Libertad, son sólo intentos aislados por meter orden y consignar a esos sicarios devenidos dirigentes del transporte, pero nada hay más en el fondo. La cuestión es simple: no hay voluntad política para meter orden. Por el contrario, se dejan los enfrentamientos al arbitrio de las circunstancias. Sólo permea la amenaza gubernamental de castigar con la cancelación de concesiones a los taxistas y transportistas que cierren vialidades y carreteras. Nunca se les cumple. Menos será realidad la cancelación de “toma de nota” para anular la contratación de los referidos sindicatos y otorgarles obras. ¿Conclusión? Así seguiremos, pues no se atisba por ningún lado, el sano propósito de dar seguridad a la ciudadanía ante los constantes zafarranchos de los transportistas.
