Uno de los mayores pendientes es la reactivación de la economía, pues las pérdidas económicas entre los prestadores de bienes y servicios siguen a la alza, en especial cuando persisten marchas, manifestaciones y actos vandálicos protagonizados no solo por integrantes del magisterio, sino también por organizaciones sociales.
En momentos en que la delincuencia parece ganar la guerra a los gobiernos, es importante sumar esfuerzos, instituciones y sociedad, para impulsar resultados concretos, pues los atracos son cotidianos, no hay capacidad de respuesta del gobierno porque no hay policías suficientes y los pocos que hay carecen de estrategia.
Ante estas condiciones, urge la restitución del Estado de derecho y la aplicación puntual de la ley para empezar a desterrar estos actos que han quebrantado progreso y desarrollo. Erradicar de tajo la impunidad con que muchos dirigentes de organizaciones actúan, sin temor a ser aprehendidos para rendir cuentas ante la justicia por la serie de ilícitos cometidos.
Esta situación que cada día irrita más a los oaxaqueños se debe combatir con la aplicación estricta de la ley, pues debido a su impuntual ejercicio aumenta el descontento entre la población que demanda el respeto de sus garantías. Lo anterior ha dado pauta a que la economía informal siga creciendo, sin olvidar que un componente fundamental de la informalidad lo constituye el crimen organizado, el cual posee una estructura muy sofisticada, genera cifras multimillonarias, desincentiva la inversión y vulnera el Estado de derecho.
Estos niveles son preocupantes, principalmente por lo que implica un empleo de tipo informal en ciertos sectores económicos, el cual frecuentemente se caracteriza por condiciones precarias, bajos salarios, poca estabilidad y sin protecciones ni derechos.
Por eso en momentos hay que modernizar, capacitar y recuperar a la Policía, que es una institución decisiva para la prioritaria lucha contra la delincuencia; fortalecer la justicia; reformar el pésimo sistema penitenciario; reducir la tenencia de armas cortas y al mismo tiempo, pasar del enfoque sólo policial del problema a uno más amplio que responda a su complejidad.
Los oaxaqueños demandan seguridad física y patrimonial, tanto para la vida diaria porque todos salen a trabajar, tienen hijos en la escuela y quieren un ambiente sano lejos de la violencia, como por ser un elemento indispensable para alcanzar progreso y desarrollo.
Persiste opacidad
La falta de transparencia y rendición de cuentas son obstáculos para el desarrollo social, político, económico y administrativo del país y en especial de nuestro estado, por ello es necesario fortalecer los mecanismos que permitan fortalecer los mecanismos institucionales para combatir y sancionar aquellas conductas irregulares o ilícitas efectuadas por los servidores públicos.
La corrupción es un mal que atenta contra los mexicanos, y daña la legitimidad del Estado y del gobierno, por lo que el propósito debe ser implementar una estrategia que permita recuperar la confianza ciudadana a partir de transparentar la acción pública.
Desafortunadamente, delitos como el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, el soborno a servidores públicos y el abuso de autoridad cuestan a México cerca de 1.5 billones de pesos, según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. De ahí la urgencia de unir ideas, pues más allá de la fuerza política o grupo parlamentario, el objetivo es claro y único: erradicar la corrupción de manera eficaz a partir de garantías y estrategias que logren identificar y sancionar estas conductas.
Tanto a nivel nacional como en nuestro estado el reto es consolidar y fortalecer una cultura en favor de una mayor transparencia y una mayor rendición de cuentas desde el ámbito de la sociedad civil. Sobre todo, porque la ciudadanía tiene derecho a saber cómo y en qué se gastan los recursos; cómo deciden las autoridades y cuáles son sus resultados.
Todos los organismos e instituciones que reciben fondos públicos o que realizan algún acto de autoridad son sujetos obligados a transparentar el ejercicio de esos recursos. Y si presumimos que una sociedad bien informada será siempre más participativa, y estará en mejores condiciones para contribuir al logro de las grandes metas nacionales, garantizar esta premisa es fundamental para empezar a que sea práctica cotidiana.
Es indudable que uno de los agravios más fuertes es precisamente la ausencia de información y cuentas claras como algo esencial para que la ciudadanía pueda evaluar de mejor forma a sus gobernantes y representantes. Es a no dudar, la mejor garantía para que los gobiernos den resultados: actuar bajo la observancia de la ciudadanía.
