De ocho columnas en casi todos los diarios de circulación nacional del país, la noticia de las investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF) al expresidente Peña Nieto acaparó la agenda de medios.
No es para menos. En México, a pesar de la percepción generalizada de la corrupción en los sistemas públicos (https://bit.ly/3yPJQ3Z), se cuentan con escuetas políticas públicas para atender -superficialmente o de raíz- este mal. Entonces, cuando se anuncia desde la tribuna más escuchada y replicada del país que se están realizando investigaciones para determinar la licitud de millonarios movimientos financieros que involucran a un exmandatario nacional y sus allegados, no es sorpresa que alcance las primeras planas.
Sin embargo, estos anuncios y promesas de rendición de cuentas ya los conocemos, o al menos hasta cierto punto. El caso Lozoya, por ejemplo, sigue sin brindar verdaderas muestras de avance y esclarecimiento de multimillonarios daños a la hacienda pública nacional a pesar de las muchas promesas de avance en las investigaciones y los extraordinarios alcances que la red de corrupción anunciada en un principio (https://bit.ly/3AH1Peb; https://bit.ly/3yRI1n2).
Por otra parte, se tiene información sobre casos de la Estafa maestra (https://bit.ly/3ayc7CC; https://bit.ly/3RjL26N) y El caso de viuda negra (https://bit.ly/3uYs7oP) y otros tantos más hechos de corrupción del sexenio pasado (https://bit.ly/3c1iPlg), que no han derivado en ninguna acción contundente por parte de las autoridades encargadas de la investigación de delitos y la procuración de justicia. Vaya, ni siquiera desde la trinchera legislativa o de los poderes ejecutivos estatales y nacional se han implementado medidas para si quiera establecer mecanismos de para evitar la nueva aparición de casos de corrupción de esa escala.
La periodista Peniley Ramírez señala que las investigaciones emprendidas por la UIF no sólo abarcan al expresidente Peña, sino que a los exmandatarios del país a partir de Salinas de Gortari (https://bit.ly/3av27dC).
Todo esto, debe ser analizado en el contexto de la consulta popular del año pasado para la poner en consideración de la población el enjuiciamiento de expresidentes y la opinión pública negativa en relación a los resultados de las acciones gubernamentales a cargo del Ejecutivo Federal -aunque no así con respecto a su titular (https://bit.ly/3RqtDts)-.
¿Se trata de un nuevo ardid? ¿Estamos frente a una nueva acometida de la estrategia de comunicación de Presidencia? ¿O en esta ocasión, aunque dando bandazos, se plantea la posibilidad de realmente accionar los mecanismos para la obtención de justicia y reparación?
Mientras todo esto sucede, se va desgastando la credibilidad de las instituciones de investigación, persecución y sanción de los delitos y de aquellas encargadas de la impartición de justicia.
No se trata de venganza, sino de parar un ciclo de impunidad que permea en todo el aparato estatal. Más que un home run de comunicación, lo que requerimos es la reconstrucción de la confianza ciudadana en sus instituciones. Los anuncios de estas investigaciones pueden generar expectativas de justicia que, de no ser satisfechas, sólo ahondará nuestra crisis.
Se necesita más que acciones de persecución de los delitos e investigación; se requiere de verdad, transparencia y garantías de no repetición. Será más que bienvenida la recuperación de activos desviados, pero antes que eso, si no contamos —como sociedad— con resultados tangibles de combate a la corrupción, quedará claro que la salida se encuentra aún muy lejana.
@GalateaSwanson
