Durante el sexenio que está por terminar jamás se hizo uso de la fuerza pública para desalojar a inconformes, violentos, rijosos o restablecer el Estado de Derecho. Cuando éste había sido vulnerado por grupos y organizaciones; maestros, normalistas o transportistas que lo habían convertido en un asunto serio para la gobernabilidad y la paz social, tampoco se usó la fuerza. En el actual régimen, ya se ha dicho, sólo prevaleció el diálogo, diálogo y más diálogo. ¿Y eso es bueno o malo se habrán de preguntar muchos? ¿Quién sacó la cara para detener a turbas que agredieron a empleados y empleadas de gobierno? ¿Quién para acotar a aquellos vecinos de San Juan Mazatlán Mixe, que en tiempos de pandemia cerraron la carretera Transístmica e impidieron el paso a camiones cargados de tanques de oxígeno, provocando tal vez la muerte de muchos enfermos graves de Covid-19 en hospitales del Istmo? Y tiempo después, mantuvieron secuestrados a trabajadores del Conalep de Tuxtepec.
No se trata de hechos aislados, sino de una especie común, cuando dirigentes y organizaciones se asumen blindados por la pusilanimidad de las autoridades para aplicarles la ley. Entonces, nos preguntamos muchos, ¿cuál es el papel del Estado y el mandato constitucional de salvaguardar los derechos humanos de las mayorías? Hasta los estudiantes de primer semestre de Ciencia Política saben que una vez agotado el diálogo para dirimir controversias o protestas, el Estado debe aplicar el uso de la fuerza. En Oaxaca, no es tampoco un secreto, existe una exacerbada victimización. Los violentos agreden, cierran calles, carreteras, edificios públicos, incendian, saquean, etc., pero cuando observan a lo lejos los escudos y cascos policiales, se dan golpes de pecho y como plañideras gritan: ¡represión! Es decir, devienen de carniceros en indefensas reses. Y ese fenómeno, tan usual desde 2006 se ha convertido en una constante. Sin embargo, entre la ciudadanía afectada de manera permanente ya nadie cae en su juego o de que “el responsable fue el Estado”.
Ya se han roto paradigmas; ya se han demolido mitos. Es cierto, nadie en su sano juicio desea la violencia, los golpes o la sangre. Pero está más que claro que el gobernante debe discernir con sabiduría, hasta dónde se acaba el diálogo e inicia la simple y llana aplicación de la ley. No estamos hablando de represión, de agredir a quien se manifiesta pacíficamente; a quien exige justicia, sin vulnerar los derechos de terceros; a quienes exigen demandas legítimas. Es aplicar la ley y poner a salvo los derechos de los más.
Urge Ley Orgánica congruente
En diciembre de 2016, justo cuando se iniciaba la administración de Alejandro Murat, se aprobó la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo que seguirá vigente, seguramente hasta el último día de noviembre. Es evidente que cada jefe del Ejecutivo estatal trae sus propias y particulares ideas respecto a con qué instrumentos jurídicos gobernar. Sin embargo, se dieron una serie de irregularidades, abusos e incongruencia. Si en la ley que se aprobó en el sexenio anterior había algunos excesos como aquellos de exigir a los titulares de las dependencias el título universitario, que provocó renuncias anticipadas o dispensas, en la ley vigente se dieron atribuciones a áreas que, por su misma naturaleza estaban lejos de ser operativas. Se dieron atribuciones extraordinarias a unas y, a otras se les quitaron, dejándolas sin capacidad para desempeñar con eficacia su misión.
Y fueron algunos funcionarios que trabajaron en el arranque, aquellos que, de contentillo, quisieron hacer un traje a la medida con la citada Ley Orgánica. Y nos referimos a quien fungió como primer Consejero Jurídico, responsable a su vez de elaborar la propuesta que fue enviada al Congreso estatal para su análisis y posterior aprobación. En su intento por fabricarse a sí mismo una súper secretaría, tomo para la consejería atribuciones que históricamente fueron competencia de la Secretaría General de Gobierno. A dicha dependencia, responsable de la política interna y de crucial importancia, le fueron prácticamente arrebatas áreas como el Registro Civil, la dirección general de Notarías y otras, en una total incongruencia respecto a las responsabilidades específicas que le competían al consejero.
El gobernador electo, Salomón Jara tiene la gran oportunidad de darle la vuelta a este asunto e instruir a sus asesores legales a fin de proponer modificaciones y rectificar una Ley Orgánica realista, acorde a los tiempos en que vivimos, pero alejada de disparidades o desequilibrios. Cada dependencia debe tener sus funciones definidas de acuerdo a la tradición jurídica. No se trata de creer que se descubre el hilo negro de la legalidad. Hubo en este gobierno tantas incongruencias, como atribuirle a la Secretaría de Finanzas la Coordinación de Giras o el Hangar Oficial, que muchas de esas incongruencias movieron a risa. Mesura, madurez y apego a la norma, es lo que debe prevalecer y no las ocurrencias y dislates legales.
