La semana anterior, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió un oficio dirigido a la presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena, en el que le solicitaba en su calidad de ciudadano, aportar información sobre los ingresos, propiedades y demás del periodista Carlos Loret de Mola. En su exposición de motivos advierte que el aludido ha sido un constante detractor de su persona y del proyecto de Cuarta Transformación que ha puesto en marcha en el país. Si bien, como ya hemos dicho, éste y otros despropósitos presidenciales han estado en el eje de la crítica ciudadana y mediática, exigir a una institución información de esa naturaleza rebasó, en opinión de juristas y barras de abogados, toda expectativa de un Jefe de Estado en contra de un ciudadano.
Todo ello es corolario de una exhibición en la conferencia de prensa mañanera, de una serie de datos, sin duda alguna aportados por instituciones oficiales como el Sistema de Administración Tributaria (SAT) e incluso, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto a las percepciones del referido comunicador. Por su parte, el INAI rebatió toda la pretensión presidencial al insistir en su oficio de respuesta que dicha institución tiene como propósito la protección de los datos personales que, el Estado Mexicano, conforme lo dispone la Constitución debe proteger. En pocas palabras se deslindó de hurgar en archivos y develar los requerimientos de la petición del presidente López Obrador, para lo cual el INAI no tiene competencia.
Es importante subrayar que el tema del que tratamos es un evento histórico. Jamás un presidente de México, atribulado con tantos problemas que conlleva tener las riendas del país, ha incurrido en semejantes excesos y despropósitos, en contra de un ciudadano que ha cuestionado su administración, pero que, además, haciendo uso de lo que nuestro clima de libertades nos permite respecto a la libre expresión y el derecho a la información, ha sacado a la luz muchos temas que contradicen el discurso presidencial en torno a la lucha contra la corrupción. De hecho, lo que ha causado expectación en el país es la vigencia de un doble discurso que, por un lado, arremete en contra de los excesos y despilfarros y, por la otra, la defiende cuando se trata de su familia.
En cuenta regresiva
El gobierno de Alejandro Murat, no es un secreto, está en cuenta regresiva. Todo lo que no se haga en los próximos meses, ya no se hará. Por ello, no ha sido ociosa nuestra insistencia en este espacio editorial, de que su equipo de trabajo deje de perder el tiempo en nimiedades y se ponga a trabajar. Las dependencias ejecutoras de obra, cuyos titulares recién comparecieron ante diputados y diputadas de la LXV Legislatura, tienen el tiempo medido. Más allá de las bondades de qué informaron, deben tener un plan emergente para responder, aunque sea en mínima parte a los compromisos del Plan Estatal de Desarrollo, 2016-2022. Se sabe que no existen obras relevantes ni programas sociales de gran impacto. Al menos debe haber para entregar la estafeta en diciembre, de algunas obras medianas pero concluidas.
Como ya es tradicional, prácticamente las actividades presupuestales se cierran en el mes de junio. A partir de ahí, salvo lo que está ya asignado, no hay recursos disponibles para programas o eventos fortuitos. Sin embargo, se advierte que la obra de Símbolos Patrios, por ejemplo, deberá trabajar a marchas forzadas para poder concluirse. Los recursos del préstamo de los 3 mil 500 millones que el ejecutivo estatal obtuvo con la anuencia del Congreso estatal en octubre de 2019 que, a menudo se dice que ya están etiquetados, deben canalizarse a obras que sea posible realizarse. El asunto es no dejar cabos sueltos ni obras a medias para la siguiente administración. Además, se presume que cuanto llegue la jornada electoral del 5 de junio próximo, los actuales funcionarios deben estar preparando los llamados libros blancos para la transición, esto es, las auditorías en cada área que manejó recursos.
Por lo que ha trascendido en los últimos tiempos, en la Secretaría de Finanzas, ha habido un buen manejo tanto de los créditos obtenidos en esta administración como un equilibrio entre ingresos y egresos, además de hacerle frente con éxito a las reducciones presupuestarias con las que nos ha castigado la Federación. En este gobierno se pagaron pasivos que venían de atrás, como la deuda de los complejos de la Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial, que representó importantes ahorros presupuestales. Los mismos representaban una sangría permanente. Ello implica que, amén de la reducción sustantiva de la deuda gubernamental, quedarán para el siguiente gobierno finanzas sanas.
