El pasado miércoles 17 de agosto, por enésima ocasión, un grupo de vecinos de Juchitán de Zaragoza, expertos en bloqueos carreteros, azuzados por la expresidenta municipal de dicha ciudad istmeña y exdiputada local, Gloria Sánchez López, muy temprano tomaron sus autobuses para bloquear el sitio llamado “Puente Caracol”, a la entrada de Tehuantepec. Este aberrante método se hace con todo dolo y mala fe, habida cuenta de que se trata de un punto carretero clave para la circulación no sólo hacia el Istmo sino a Chiapas, Veracruz, la Ciudad de México, Acapulco, etc. No es la primera vez que la señora Sánchez López saca a cuento que existen centenas de paisanos suyos que no fueron tomados en cuenta para el censo de damnificados en los sismos de septiembre de 2017. Es decir, ha tenido cinco años para demandar la atención del gobierno pero, dolosamente ha dejado correr el tiempo.
Pero no le hace falta razón a la mujer aludida. En esos tiempos de tragedia ella se desempeñaba como presidenta municipal de Juchitán y sobre ella pesaron acusaciones serias de haber desaparecido la nada despreciable suma de 65 millones de pesos. Se trata –dijeron en su momento diversas fuentes- de la aportación que habrían hecho algunas empresas que generan energía eólica asentadas en dicha población, como una contribución para la rehabilitación y reconstrucción de edificios y viviendas dañadas. El cinismo llegó a más. En redes sociales se filtraron imágenes de miembros del ayuntamiento teco, la mayoría emanados de las filas de la Coalición Obrero, Campesino y Estudiantil del Istmo (COCEI), igual que Sánchez López, lucrando con la ayuda humanitaria que iba dirigida a la población afectada por el siniestro.
¿De dónde le salió lo bondadosa a la dama referida, para manipular a los presuntos damnificados? ¿Será para curarse en salud de los recursos donados para la reconstrucción, de los cuales, hasta la fecha no ha dado una explicación? Es cierto, hay aún temas pendientes en torno a la reconstrucción, pero no corresponden a los 24 millones que dicen los alfiles de doña Gloria, que les adeuda el gobierno estatal. Y sale a flote el oportunismo de aquellos que, ante el inminente fin de la actual administración inventan adeudos y compromisos presuntamente no cumplidos para sacarle dinero al gobierno sin tener representación alguna.
Democracia onerosa
México tiene un sistema de partidos acartonados, obsoletos en sus declaraciones de principios y plataformas ideológicas, que siguen resultando demasiado onerosos para nuestra economía. La democracia mexicana ha salido muy cara, pues a partidos y burocracias se les sigue financiando con nuestros impuestos. Ya es tiempo de que se promueva una reforma política y dicho sistema de partidos deje de seguir dependiendo del dinero público. Es una bofetada al sentido común que de nuestros pagos al Sistema de Administración Tributaria (SAT), sigamos engordando a una casta divina que vive como si fueran virreyes, viajan, cobran viáticos y se enriquecen a costillas de una sociedad que no acierta a exigir el fin de este saqueo. Es increíble que con toda la pobreza que ha dejado la pandemia de Covid-19; con los coletazos de una carestía que no se vivía en al menos dos décadas y con una economía que va dando tumbos, se publicite como un logro democrático que se otorgarán a los partidos políticos sumas millonarias.
Lo anterior viene a cuento por la reasignación de más de 73 millones de pesos, que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO), hará para financiar a los 10 partidos políticos del mapa local, de los meses de agosto a diciembre. Para empezar, el proceso electoral para la gubernatura ya pasó. Que las que están en puerta son las elecciones de presidentes municipales que se rigen por sistemas normativos internos indígenas. Es decir, no hay gastos onerosos que tengan que hacer, salvo las frivolidades de sus dirigencias. A ello hay que agregar que existen partidos, como es el caso del de Trabajo (PT), que es prácticamente una franquicia familiar, por lo que, se presume, será para beneficiar a un grupo minoritario en el que se incluye esposa, hijos e incondicionales.
Los recursos de que se trata habrán de beneficiar a diez partidos que son los que se reparten el pastel millonario, incluyendo en los mismos a algunos que de plano no tiene representatividad o, como el caso de “Fuerza por México Oaxaca”, acaban de ser aprobados en el entorno estatal, pues ya dicho instituto político desapareció a nivel nacional. Otros más que, en el último proceso electoral obtuvieron una suma irrisoria de votos. El estado tiene muchas necesidades apremiantes, por lo que resulta una aberración que con los impuestos de todos se siga financiando a un sistema acartonado que poco o nada tiene que ver con las aspiraciones populares.
