En el entorno estatal fue bien recibida la participación del ejecutivo estatal, Alejandro Murat en diversos foros internacionales, como la que se llevó a cabo recientemente en Nueva York, en un foro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ahí asumió el compromiso de que su gobierno participará en todo lo que contribuya a paliar los efectos negativos del cambio climático. Sin embargo, existen en la agenda gubernamental temas que no se han atendido, no obstante los reclamos y las exigencias tanto de ciudadanos como de organizaciones de la sociedad civil. Uno de los casos más emblemáticos es la contaminación tan grave de uno de los afluentes más importantes de la entidad: el Río Atoyac.
Desde hace poco menos de un año, una organización denominada Litigio Estratégico ganó un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el gobierno interviniera en la limpia y desalojo de viviendas que han ocupado el lecho del río. Los esfuerzos que ha realizado el gobierno estatal han sido limitados, pues si bien es cierto que se desalojaron los playones, no se fue a fondo con el problema, dejando a los sindicatos que se han adueñado de manera ilegal de los mismos, con la potestad para seguirlos explotando a placer y ocupándolos de manera ilegal. Es evidente que contra los sindicatos del transporte se requiere algo más que buena voluntad: la fuerza de la ley.
Otro de los rubros que podrían contribuir a paliar los efectos del cambio climático es la preservación de nuestra riqueza forestal. Resulta una afrente a las comunidades que tienen la fortuna de contar con bosques y un gran potencial silvícola, la brutal devastación de que son objeto. Lugares en donde era una delicia pararse y disfrutar de lo fresco de pinos, ocotes y otras especies, hoy se han convertido en eriales secos e inanimados. Un vacío en esta administración es la política de reforestación. Se crean programas y eslóganes que nunca se cumplen. En fin, mencionamos sólo dos aspectos en los que Oaxaca puede participar en las políticas globales para contrarrestar los efectos de dicho fenómeno. Pero ello constituye un compromiso institucional no sólo el mensaje hueco y la faramalla mediática, sino la convicción de que se habrá de cumplir. Si en Oaxaca queremos ver hechos no palabras, suponemos que algo similar ocurre en los foros y organismos internacionales. Murat Hinojosa comprometió acciones en su gobierno y está emplazado a cumplirlas.
Oportunismo y chantaje
En Oaxaca existen, según cifras oficiales, más de 350 organizaciones sociales. La mayoría de ellas lideradas por sujetos que sólo buscan chantajear al gobierno para obtener recursos, con el manido ardid de obras sociales en las comunidades en donde se presume tienen influencia. Algunas de ellas andan a la caza de banderas y causas que hacen suyas de manera burda, para exigirle al gobierno la satisfacción de demandas adicionales que les representen dinero fresco. La semana pasada, por ejemplo, dos organizaciones pusieron la nota con sus bloqueos carreteros, a cruceros y vialidades, así como la toma de casetas de cobro: “Sol Rojo”, que lidera un ex presidiario llamado Javier Aluz Mancera y el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (Maiz), que encabeza Omar Esparza, un sujeto que se montó sobre el nombre de su desaparecida esposa, Beatriz Cariño, muerta en una emboscada en Copala, Juxtlahuaca, cuando junto con otros activistas penetró en una verdadera zona de guerra, bajo la farsa de una caravana humanitaria.
Ambas organizaciones aprovecharon la protesta para exigir justicia por los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, para hacer de las suyas. Lo que ha sorprendido no sólo a los oaxaqueños sino a quien quiera escribir la historia política de los últimos años, es la excesiva tolerancia y/o complicidad de parte de los operadores de la actual administración con los referidos dirigentes, pues hacen y deshacen a su antojo. No les ha quedado claro aún que, como lo ha instruido el presidente Andrés Manuel López Obrador, los recursos públicos no deben tener intermediarios sino que deben ser entregados de manera directa a los beneficiarios. “Sol Rojo” y Maiz, insisten en seguir lucrando con las necesidades de los más pobres.
El atomizado universo de organizaciones sociales y quienes se escudan en las mismas, insisten, a través del chantaje y la presión, y en los sobados métodos de los bloqueos, en seguir ablandando al gobierno para obtener prebendas y dádivas. Ésa es su vida. Así es la cultura del chantaje, calificada como la más rentable. Sin embargo, tal parece que en la actual administración existe miedo para aplicar la ley y acotar de una vez por todas a dichos grupos de presión. La excesiva tolerancia, la complacencia con todo lo que hagan, la benevolencia con la que las instancias de seguridad y justicia ven los abusos y atropellos, significan que no hay ley que proteja a la ciudadanía.
