El pasado martes, EL IMPARCIAL. El mejor diario de Oaxaca, publicó en su portada una nota importante: el gobierno que encabeza Alejandro Murat Hinojosa destacó a nivel nacional por el manejo eficiente del gasto público y su disciplina financiera, de acuerdo con los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Se trata del informe entregado a la Cámara de Diputados Federales, en donde la ASF dio a conocer que la actual administración gubernamental realizó una gestión adecuada en un 100% de los recursos provenientes de las participaciones federales que le fueron asignadas al estado en el 2019, con recursos que ascendieron a más de 17 mil millones de pesos. Uno de los rubros que más se destaca, en la disminución del 91.9% en el monto observado a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE) y Gasto Operativo, que en 2019 ascendieron a más de 24 mil millones de pesos, lo que ubica a la entidad entre las únicas siete que registraron una disminución en este rubro.
Sin duda alguna, el hecho de que Oaxaca se ubique como uno de los diez estados con mayor disciplina financiera, prácticamente validado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), significa que el gobierno de Murat Hinojosa está transitando por el camino correcto, dado que una demanda de la ciudadanía ha sido la transparencia, rendición de cuentas y el uso correcto de los recursos públicos, tanto los que nos destina la Federación como los que se generan vía impuestos. Es evidente que se ha avanzado en el fortalecimiento a las acciones de fiscalización y, rendición de cuentas, que ha tenido a bien impulsar el ejecutivo estatal, de manera permanente en la entidad desde el inicio de su administración.
A poco menos de dos años para que concluya su gestión, esperamos que esta administración continúe sobre esa ruta y que los funcionarios del gabinete legal y ampliado se sometan a las políticas de transparencia y un rotundo no a la discrecionalidad. Oaxaca no es un estado que tenga recursos para dilapidar, para engrosar fortunas personales de los funcionarios, sino que la pobreza en que vive casi un tercio de su población, requiere de claridad y un manejo responsable de las finanzas estatales. No son tiempos de echar las campanas al vuelo, sino de reconocer lo que se ha hecho y lo que falta por hacer.
Política energética errática
La política energética del gobierno de la llamada Cuarta Transformación ha sido un fiasco. Las pruebas están a la vista. Todos esos errores y desvíos están contenidos en la nueva ley, que recién se discutió en el Congreso. Se ha dado una lucha sin cuartel en contra de las empresas que generan energías limpias y renovables. Iniciativas de ley, amenazas y persecución, con el argumento de que han lucrado con el patrimonio natural de los mexicanos; que recibieron cuantiosos subsidios; que son enemigas de la autonomía energética. En el fondo de todo, lo que está detrás es devolverle el monopolio a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Se ha tratado de cerrarle las puertas a las energías limpias, para continuar en la generación de electricidad dependiendo de los materiales fósiles como el carbón y los combustóleos o depender de otras fuentes, como las hidroeléctricas. Ya vimos los gravísimos problemas de las inundaciones en Tabasco, por el desfogue de la presa “Peñitas”, también a cargo de la paraestatal.
Hace sólo unos meses millones de mexicanos fueron afectados por un apagón. Los altos funcionarios de la citada dependencia federal, argumentaron que había sido provocado por un incendio en unos pastizales en Tamaulipas. Para justificar su dicho presentaron un oficio falso, suscrito presuntamente por el titular de la Comisión de Protección Civil de dicho estado. El gobierno tamaulipeco desmintió la especie. La farsa quedó al descubierto. Y no pasó nada. Dos mañaneras aclarando el asunto y ahí quedó. En días pasados, otros apagones afectaron al menos a 23 estados de la República, entre ellos Oaxaca, sobre todo a poblaciones de la zona istmeña. Se argumentó que ello era producto de las tormentas invernales en Texas, lo que había influido en la falta de suministro de gas licuado para las termoeléctricas que generan la energía. Según algunas fuentes, los ejecutivos de la CFE estaban enterados del colapso desde días antes. Pero no actuaron. Lo que se asume como omisión o indolencia premeditada.
Vale la pena recordar que en agosto del 2020 y aún, en una conferencia de prensa reciente, se dijo que se vendió gas, echándole la culpa –como siempre- al de atrás, en virtud de que se había comprado en exceso, lo que era parte de una cadena de corrupción. Sin embargo, ¡oh, paradoja!, para solucionar el problema, apenas se anunció la compra de tres barcos de gas licuado para superar el colapso, lo que deja en evidencia la falta de capacidad, de experiencia, de vocación de servicio, de quienes están al frente de la paraestatal.
