Desde el inicio de la contingencia sanitaria por el virus del SARS-CoV2, identificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como Covid-19, justamente porque nació en la provincia de Wuhan, China, en dicho año y se disparó en nuestro país en marzo de 2020, hubo quienes le apostaron a ganar de la tragedia que han ensombrecido al mundo. Y no nos referimos a aquellos visionarios que invirtieron sus ahorros cuando otros cerraron sus negocios, sino a aquellos que al principio especularon con cubre-bocas, con la venta de gel anti-bacterial y hasta medicinas. Otros lo hicieron con alimentos, encareciéndolos de manera criminal, aprovechando el confinamiento a que la sociedad fue obligada para evitar la propagación del virus. Carne, huevos, verduras, azúcar, cereales, etc., tuvieron un boom económico que sólo benefició a unos cuantos, frente a la debacle económica de empleados que perdieron sus empleos o miles de pequeños comerciantes que cerraron sus negocios.
Pero hubo otros que, por esas virtudes de las influencias u otros factores, tuvieron el monopolio de las pruebas para detectar el mal, al que obligadamente tenían que recurrir empleados a quienes les exigían las pruebas PCR o rápidas en sus fuentes de trabajo. De igual manera a otros miles de tenían que viajar dentro del país o el extranjero. En lugar de abrir la libre competencia a muchos laboratorios que operan con igual profesionalismo, el negocio se quedó en sólo unas manos. Las filas eran enormes y los precios altísimos en comparación con otras partes del país. Lamentablemente no había de otra. Sólo eran válidas las pruebas de dichos laboratorios. Ante la excesiva demanda, las autoridades sanitarias se vieron obligadas a abrir el mercado de pruebas a conocidas cadenas farmacéuticas. Pero sólo las pruebas rápidas.
Lo increíble que hoy en día, cuando golpea la quinta ola de Covid-19, aquel negocio que tuvo el monopolio original, en lugar de adecuar sus precios a la situación de carestía que vive el país, casi triplicó el costo de sus exámenes, sin que haya autoridad sanitaria alguna, los Servicios de Salud (SSO) o la misma Secretaría de Salud federal, hayan hecho el intento de regular servicios y costos. Es decir, los buitres de la pandemia, en su patología de llenar las alforjas, siguen lucrando con la vida y la salud de los oaxaqueños.
El mal de todos
Por una aberrante perversidad de quienes los dirigen, campesinos, productores de sorgo, comuneros de tal o cual comunidad, etc., aprovechan la temporada vacacional para presionar a las autoridades estatales, con abominables bloqueos carreteros. Dada la política del llamado “Modelo Oaxaca”, de diálogo y más diálogo, haciendo caso omiso de la aplicación simple y llana de la ley, una especie fantasnal en Oaxaca en el gobierno de Alejandro Murat, lo mismo cobran derecho de peaje que retienen unidades para saquearlas, haciendo caso omiso de turistas que viajan en sus automóviles o como pasajeros y buscan llegar a su destino. Se trata de una bofetada a la cacareada política y los discursos oficiales que echan la casa por la ventana para llamar a la entidad un destino privilegiado para los visitantes del país o el extranjero, incluyendo a la capital, de nueva cuenta calificada por la revista Travel & Leisure, como una de las más bellas del mundo.
Siempre hemos insistido y lo seguiremos haciendo con el próximo régimen, la urgencia de que se aplique la ley, a fin de preservar los derechos de las mayorías y no solapar este tipo de aberrantes métodos, que sólo benefician a unos cuantos, frente a las afectaciones a la economía, la libre circulación, los derechos civiles y la paz social. ¿A quién o quiénes benefician los bloqueos carreteros, particularmente en el Istmo de Tehuantepec? A un pequeño grupo de agitadores que, enarbolando causas y demandas, ya se acostumbraron a vivir del chantaje y la extorsión. No es fortuita la demanda de miles de istmeños, empresarios, transportistas, profesionistas, comerciantes y ciudadanía en general, ante la recurrencia de cuatro o cinco bloqueos en un solo día.
En los poco más de cuatro meses que le quedan a la actual administración sería inútil insistir en el trillado tema de la aplicación de la ley. Es más, estamos convencidos de que se quedará como uno de los rubros pendientes que jamás se atendió durante los seis años de gestión de Murat Hinojosa. Empero, la crispación social que ha generado entre los diversos sectores sociales oaxaqueños y el riesgo inminente de que la ciudadanía haga valer sus derechos por la vía de la violencia, siempre estará como la Espada de Damocles sobre el gobierno estatal. Los oaxaqueños ya no podemos más ante permanente clima de atropellos y abusos a los derechos civiles. Más aún, el daño que en esta época de afluencia de visitantes se hace a los mismos.
