En realidad, más que atender las concesiones y la infinidad de problemas que existen en el sector transporte, nadie sabe cuáles son las funciones específicas de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semovi) y el marco jurídico en que se desarrolla. Y es que si existe un rubro anárquico, violento y polarizado es el transporte. Ya hemos visto desenlaces violentos, muertos, heridos, unidades destruidas, etc. Pero lo que jamás hemos percibido es que la dependencia tome medidas enérgicas en contra de quienes promueven esos escenarios. Un ejemplo: la semana pasada, sujetos a bordo de una moto balearon al operador de una mototaxi, posteriormente incendiaron la unidad. Al día siguiente, operadores de este tipo de transporte bloquearon una gasolinera en Palomares, en reclamo de que les ha vendido gasolina con agua y por ello algunas unidades han reportado daños mecánicos. Es decir, los problemas que generan moto-taxistas y aliados, son muchos, algunos ligados con operaciones ilegales y fuera de la ley. Lo grave e indignante es que nadie los sanciona, teniendo la Semovi todos los elementos para retirar concesiones o unidades problemáticas.
Las redes sociales dieron cuenta de la agresión física que una ciclista recibió de parte de un taxista en céntricas calles de la ciudad, la semana anterior. Es más, el agresor fue video-grabado. Se dice que invadió el carril destinado para ciclovía para bajar pasaje, por lo cual, la joven que conducía la bicicleta le impactó el espejo retrovisor. Por fortuna el agresor fue sancionado. Todo ello, además de la serie de abusos que cometieron durante la temporada vacacional, cobrando tarifas inexistentes y ahuyentando al turismo que visitó la capital y los destinos de playa. Además, sin que los sitios o representantes de dichos operadores sean conminados a regirse por la legalidad. Pareciera pues que cada quien obra como le da la gana y que las autoridades están de aparato. El servicio de mototaxis, ya lo hemos mencionado en este espacio en diversas ocasiones, es un mal permanente de actos ilícitos, pues las unidades y sus operadores son utilizados para cobrar extorsiones, secuestros, trasiego de droga y otros delitos, sin que haya –como ya hemos dicho- acciones enérgicas.
Semáforos: un desastre
No es un secreto que la vialidad en la capital oaxaqueña y la zona conurbada es un desastre. A ello hay que agregar la falta de mantenimiento del sistema de semáforos que durante el mes de julio y lo que va de agosto, ha generado serios problemas no sólo en la imagen de la ciudad, sino entre los automovilistas y el transporte urbano. Las unidades dañadas se cuentan por decenas. La entidad responsable del mantenimiento en el Municipio de Oaxaca de Juárez, no se da por enterada del problema. Simplemente los funcionarios fingen demencia. O son irresponsables para cumplir con la encomienda que tienen asignada, pues en otras circunstancias, ante cualquier denuncia, deberían responder con prontitud. Hay cruceros en donde los semáforos no funcionan desde hace un mes o más. Y ahí siguen igual., mientras los responsables esperan tal vez un accidente de grandes magnitudes para atender los desperfectos. Éste es un ejemplo del abandono en que se tiene a ciertos aspectos urbanos, como es el caso de parques y jardines, que lucen abandono y soslayo de las autoridades. Pero como lo que ocurre a nivel federal: cualquier denuncia o crítica es insana o proviene de los resabios de “la mafia del poder”.
El presidente municipal, Oswaldo García Jarquín debe exigirle a sus colaboradores responsabilidad en el manejo de la imagen urbana, ya de por sí tan deteriorada en el Centro Histórico. El asunto del comercio en la vía pública, que nos puso en evidencia en el pasado mes de julio, es un tema que debe resolverse en el ámbito de la cooperación entre órdenes de gobierno, sin que ello implique que la administración municipal definitivamente arree banderas y deje de asumir su competencia. No es descabellado decir que tal parece que el actual gobierno de la ciudad, con rubros tan complicados que tiene como es la seguridad y la atención a la ciudadanía en cuestión de servicios y problemática urbana, sólo se ha dedicado a administrarlos y no a resolverlos. Ahí está el tema del comercio en la vía pública que se ha multiplicado en los siete meses que lleva este gobierno municipal sin que se haya avanzado un solo ápice en la problemática. Y ahí seguimos, con problemas más exacerbados que soluciones en el corto o mediano plazo. Se percibe pues que la política es darle largas al asunto y diferirlo, sin entrarle al toro por los cuernos.
