El Congreso del Estado ha soslayado cumplir con sus responsabilidades en atender los temas de comunidades y municipios, en donde los ediles hacen y deshacen a su antojo del presupuesto municipal, incluyendo las participaciones y los recursos que la Federación les canaliza de los Ramos 28, 33 y otros. Las quejas y denuncias son constantes. Las protestas y bloqueos están a la orden del día, sin que se tomen acciones eficaces para sancionar este tipo de conductas perniciosas. Todo ello ha dado lugar a que vecinos de comunidades como San Juan Mazatlán Mixe, de lo que comentamos hace dos días, hayan hecho de la Carretera Transístmica, su botín. Sólo han querido un pretexto para cerrar la carretera y explotar el paso de vehículos para el bolsillo de quienes lideran esta forma de agresión a la libre circulación y los derechos civiles.
Según trascendió la semana anterior, pese a los constantes llamados a las mesas de diálogo en la Secretaría General de Gobierno, el presidente municipal de la citada comunidad, Macario Eleuterio Jiménez, simplemente los ha ignorado. Es decir, se asume intocable y con el ardid de la autonomía municipal cree que es invulnerable al peso de la ley. El tema ya ha generado mayores problemas en la zona, habida cuenta de que ante el constante y permanente cierre carretero por los mismos de siempre, San Juan Mazatlán, comunidades vecinas como Sarabia, Boca del Monte, San Juan Guichicovi, afectados en su vida comunitaria, pues sus vecinos son asimismo víctimas de la extorsión, encapsularon a los bloqueadores, para impedir que reciban alimentos y demás insumos, cerrando la carretera en ambos sentidos y en diferentes puntos.
Llegar a estos extremos de un posible enfrentamiento, de rivalidades entre pueblos vecinos, por la conducta y cerrazón de una sola persona, es inadmisible. Lo grave es que no es la primera vez que el edil referido incurre en este tipo de faltas. Lo ha hecho ya en diversas ocasiones, dando pie a que las agencias municipales de la cabecera que preside, tomen este tipo de acciones que, como ya hemos dicho, se han convertido en el botín de los inconformes. Si bien, al final el edil fue convocado a firmar una minuta y pagar los 10 millones que adeudaba, esta forma de actuar se ha exacerbado, justamente por la forma tan superficial en la que se ven las cosas en el gobierno estatal, materialmente atado de manos para usar la fuerza pública y desalojar a quienes de esta manera vulneran los derechos de terceros.
OSFEO: ¿Un elefante blanco?
Desde que se creó la desaparecida Auditoría Superior del Estado (ASE) y, posteriormente con su transformación en el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO), la revisión de las cuentas municipales ha sido un soberano fiasco. La primera tuvo el estigma de que cualquier edil que no solventaba sus cuentas, había arreglo para cuadrar todo. Es decir, se prevaricaba. Funcionarios de la ASE habrían tenido despachos en donde, por una suma pactada de acuerdo a lo que había que solventar, se ponía todo en regla. En El Mejor diario de Oaxaca y en su momento, dimos a conocer algunas anomalías. El resultado es que ediles corruptos, que han hecho un uso ilegal de los recursos que se les han canalizado a sus administraciones; algunos de ellos señalados de peculado, de tráfico de influencia y enriquecimiento ilícito, no han sido pasados por el rasero de la ley, sino que han hecho gala de impunidad.
Desgraciadamente nada ha cambiado con la modificación en el nombre. El OSFEO, encabezado por un reconocido contador originario del Estado de Chiapas, Guillermo Megchún Velásquez, ha operado hasta hoy con más pena que gloria. Es decir, a cuatro años de funcionar como tal, no se ha sabido de algún ex presidente municipal que haya sido consignado o inhabilitado; que se haya dado un proceso resarcitorio o sentencia, por el mal uso de los recursos municipales. Hace al menos tres semanas en nuestras páginas abordamos el tema de aquellos ediles que no han entregado en reporte de sus actividades financieras correspondientes al último trimestre. Pero tal parece que no pasa nada. En la LXIV Legislatura se dice e insiste en que el órgano referido no opera, pero la llamada Comisión de Vigilancia tampoco toma medidas al respecto.
La cuestión es que, como lo mencionamos en el primer segmento editorial, algunos ediles siguen generando serios problemas a la gobernabilidad y a la paz social. Durante el mes de julio, el gobernador Alejandro Murat tuvo que acudir al municipio de Santiago Textitlán, para buscar la solución de un diferendo de éste con su agencia Santiago Xochiltepec, que se tradujo en la retención de elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y servidores públicos de la Fiscalía General del Estado. En la medida en que tanto el Congreso local como el OSFEO llamen a cuentas a esos ediles incumplidos con la entrega de recursos a sus agencias, los problemas a que la omisión conlleva, podrían tener solución. Pero no. Ahí seguimos, como si el referido órgano fuera una pieza decorativa.
