El pasado martes publicamos en nuestra nota principal de portada, una información preocupante: durante el trienio de la actual XLIV Legislatura del Estado, el costo que ha tenido para los oaxaqueños ha sido demasiado oneroso: según datos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO), cada año nuestros (as) representantes populares se han autorizado un presupuesto millonario, superior a los 400 millones de pesos anuales, que implica un promedio de más de un millón diario, además de que, con un cinismo inaudito, cada vez se autorizan ampliaciones, sirviéndose materialmente con cuchara grande. La suma de estos excesos da como resultado que en poco menos de tres años que llevan al frente de sus curules, se han gastado la friolera de 2 mil 070 millones de pesos. Una cifra que no la tienen los congresos estatales de estados con un mayor ingreso per cápita, como Nuevo León o Jalisco.
Y dichas ampliaciones se dan frente a penurias que enfrentan algunos organismos que tienen funciones prioritarias, como es el caso del Consejo Estatal de Protección Civil (CEPCO); la Secretaría de Bienestar o algunos órganos autónomos, como la Fiscalía General del Estado, e incluso, poderes como el Judicial. La pregunta es: ¿Cómo llegamos los ciudadanos oaxaqueños a ser cómplices de estos excesos legislativos, que sólo han servido para que nuestros (as) flamantes representantes populares resuelvan su problema económico, mientras millones de pobres no alcanzan ni siquiera lo necesario para sobrevivir? En efecto, es una paradoja, sobre todo, de aquellos (as) que se asumen defensores de las causas de los desprotegidos, al igual que los fanáticos apologistas de la 4T.
Nuestra entrecomillada representación popular no rinde cuentas a nadie, pero sí designa a magistrados, a comisionados del hoy desaparecido IAIP. Pero, por si ello no fuera suficiente con el oneroso presupuesto que se chupan cada año, hay un elemento adicional que sangra aún más el raquítico presupuesto estatal: el llamado “pago por evento”. Es decir: cualquier iniciativa, aprobación de Cuenta Pública, Presupuesto, validación de alguna propuesta del ejecutivo, entre otros casos, tiene un costo adicional, el cual va directo al bolsillo o a la cuenta personal de los legisladores. Y ello representa una sangría brutal para el erario. Por ello, se solicitan préstamos a la banca privada, los cuales tienen además del interés bancario, el soborno legislativo.
Hacer efectiva norma legal
Hace al menos tres años, la ley que protege a los animales se puso en entredicho cuando una mujer, a bordo de un taxi foráneo, arrastraba a un perro. Según esta persona y el operador de la unidad, el can se había despachado algunas gallinas y ése era el castigo. Como existe ya conciencia de la importancia de los animales en nuestra vida y en una sociedad cada vez más informada, algunos ciudadanos detuvieron al citado taxi y encararon a mujer y operador. El animal fue rescatado y llevado a un médico veterinario, quien atendió al perro y, poco después, fue adoptado por una extranjera. La escena se repitió pocos meses después. Una dama que conducía un automóvil fue sorprendida cuando llevaba a una perra en situación similar a la anterior. La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento y, se sabe que, la dama y mujer acompañante tuvieron que responder por el mal trato a los animales, es decir, la aplicación de la ley vigente en la materia.
Un factor determinante ha sido la presión social, vía redes sociales. Usuarios suben fotos y alertan tanto a los organismos civiles que defienden a los animales, como a las autoridades, para que tomen cartas en el asunto. En los últimos meses se han difundido fotos de perros sacrificados por personas inconscientes, que seguramente desconocen que ya está tipificado como delito, que tiran carne con veneno para matar a perros callejeros. Hay todo un movimiento para proteger a las mascotas, de tal manera que una sola nota despierta sentimientos duros en contra de estos inhumanos. El año pasado, antes de que iniciara la emergencia por la pandemia, un carnicero de la Villa de Etla acuchilló a un can, situación que le valió no sólo el escarnio público sino una persecución social. Es decir, ya nadie se calla ante hechos de violencia en contra de los animales.
Hace unos días, en nuestras páginas, destacamos la formación de un organismo de la sociedad civil en Huajuapan de León, para emprender acciones que busquen proteger a perros, gatos y aún el sacrificio de aquellos que nos nutren con su carne. Porque existen hechos abominables aún, como es el caso de envenenamiento de perros que siguen sin castigo. Hace tiempo fue en Putla Villa de Guerrero; hace unos días en Zimatlán de Álvarez. Sólo falta que la Fiscalía General del Estado (FGEO) le rasque un poco para dar con los responsables. La ciudadanía de dichas comunidades sabe quién o quiénes son.
