El asunto de los supuestos desplazados triquis, que ahora militan en el Movimiento de Unificación de la Lucha Triqui Independiente (MULTI), no es nada nuevo. Se trata de una etnia que, manipulada por personas que no son oriundas de la región, han lucrado con la violencia enfrentando a grupos contra grupos; hermanos contra hermanos. El gobierno federal sabe que la famosa violencia en Tierra Blanca y los indígenas que se dicen afectados es una farsa. Pero siguen cayendo en el juego. Hasta en caravana fueron elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal a escoltar a los supuestos desplazados para que retornen a su tierra, sólo para que en una semana uno o dos de sus dirigentes los traigan de nuevo a la capital o se sigan movilizando en la Ciudad de México. Porque una cosa hay que reconocerles: su capacidad para sorprender a las autoridades y manipular a los organismos de derechos humanos y a los medios de comunicación.
Con el ardid de “nosotros, los pobres indígenas”, los titiriteros triquis, han buscado la interlocución del gobierno desde la visión de las víctimas. Todo el tiempo piden y piden. Sus manejadores ya los habituaron a la mendicidad. Siempre buscan un trato diferenciado como si se tratara de mexicanos aparte, que tienen otros derechos y no los que tenemos todos. En una especie de discriminación a los mestizos y otros, este gobierno como algunos otros, han buscado asumir el papel de redentores del indígena, pero poco ven su propensión a la violencia, a la trata de personas, al tráfico de armas o el trasiego de drogas. Eso no se atisba en la perspectiva de solapar todos sus desvíos, ilícitos y reto al marco legal vigente.
La lección que dieron vecinos de San Pablo, Etla, luego de tres días de cierre de la vía 190, a la altura de Hacienda Blanca, es justamente la que se ha esperado desde hace mucho tiempo: nada les hace vulnerables a que, como mexicanos, indígenas o no, cumplan con la ley. Es una dura lección para el gobierno de Alejandro Murat. El oaxaqueño le apuesta a vivir en paz. No más bloqueos carreteros, calles o avenidas. Quien siga afectando el derecho de terceros impunemente, y ante la complacencia del Estado y su representante, el gobierno estatal, tendrá una respuesta enérgica y puede que hasta mortal. Que se entienda que los oaxaqueños no podemos más. Las protestas ciudadanas de los últimos días, advierten que Oaxaca está cambiando de manera radical.
Ciudadanía en alerta
Sin ánimo de cuestionar o poner en tela de juicio la política de diálogo y diálogo del gobernador Alejandro Murat y la resistencia a aplicar la ley, está hoy bajo la mirada escrutadora de la sociedad civil. La formación de Frentes y Uniones que exigen la política de fuerza y no la de complacencias o complicidades, está tomando fuerza en los últimos tiempos. Sólo el pasado martes hubo al menos cinco protestas: una, de los comerciantes establecidos que piden poner un alto al comercio en la vía pública; la que realizaron locatarios de algunos mercados de la ciudad que exigen garantías para poder realizar sus actividades cotidianas sin la presencia de ambulantes afuera de sus negocios; la de vecinos de Magdalena Apasco, Etla, quienes cerraron el llamado Parque Industrial, para exigirle al gobierno el cumplimiento de sus compromisos, entre otras manifestaciones recientes.
El tema del comercio en la vía pública, que se dejó crecer de manera absurda durante los dos años y más que lleva al frente del ayuntamiento capitalino el edil, Oswaldo García Jarquín, ha trastocado las fibras más sensibles de los ciudadanos de la ciudad, de tal suerte que las marchas y protestas se están generalizando. Y no había de otra. La actitud retadora de los dirigentes y franquicitarios del comercio informal hacia las autoridades en plena temporada vacacional, ha terminado por levantar una ola de inconformidad que, con certeza, dará problemas a la gobernabilidad. Muchas veces hemos abordado este asunto en los espacios editoriales. La invasión del Centro Histórico, de los lugares más emblemáticos de la capital, como es Santo Domingo y recientemente, calles como García Vigil o Reforma, no quedarán impunes desde el punto de vista de los organismos de la sociedad civil.
Algo que no podemos soslayar es la postura infame de aquellos que sólo buscan afectar a la entidad en época vacacional, frente a una situación de crisis sanitaria y económica; que pretenden dar una pésima imagen ante el turismo nacional y extranjero que nos visita. Ahí están los mentores que se asumen maestros, alumnos, asesores o demás, de la llamada Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca (ENSFO), que se han perfilado como viles extorsionadores. Los diversos sectores sociales oaxaqueños han exigido que se les aplique la ley. No más complicidades; no más complacencia ni temores.
