Las autoridades electorales deben hacer llamados enérgicos a los aspirantes por los diversos partidos y coaliciones a privilegiar el mensaje, la propuesta y la viabilidad de sus ofertas de campaña, y evitar al máximo las descalificaciones, los trascendidos y denuestos. Porque tal parece que todos sin distinción le han dedicado un capítulo especial a la descalificación de su adversario, el cual no se ve como tal sino como enemigo político. Ya lo vimos en el famoso debate del pasado domingo entre los aspirantes a la presidencia de la República. Lo anterior ha ido permeando en la sociedad oaxaqueña, que si siempre ha sido escéptica de las elecciones, ahora lo es más. El mejor ejemplo de intolerancia lo puso de manifiesto en pasado 14 de abril la Sección 22 del SNTE, al declararle la guerra al candidato de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade Kuribreña, porque en su burda mentalidad, en Oaxaca un eje del neoliberalismo no tiene entrada. Y es que el magisterio en nuestra entidad se asume vivir en un estatuto aparte, intocable, impune. Y ello se ha dado porque en las autoridades existe miedo a actuar conforme a derecho. La amenaza de movilizar a los 81 mil trabajadores de la educación, les da la fuerza para amedrentar, amenazar y conculcar las veces que deseen los derechos civiles de la población y afectar de manera burda, el ciclo escolar vigente.
La Fiscalía Especial para Delitos Electorales (FEPADE), debe estar atenta a estos hechos lamentables y contra derecho. Un gremio que conculca el sufragio o crea un clima de terror para incidir en beneficiar a uno u otro candidato, está cometiendo un ilícito y debe ser castigado. Sin temor alguno los agentes acreditados en dicha Fiscalía deben proceder. Porque es evidente que los maestros tratarán de crear el caldo de cultivo para que la gente no salga a votar o incidir el voto a través de mecanismos de terror y amenaza. Lo importante de todo ello es que se deben tomar las medidas adecuadas para evitar que lo ocurrido en Puerto Escondido se repita. Al magisterio –siempre lo hemos dicho- todo el peso de la ley. Su conducta es la de delincuentes y no las de simples ciudadanos que hagan uso de su libertad de expresión. La violencia genera violencia y no tarda en que el gobierno de Alejandro Murat tenga encima hechos desafortunados que pongan de nueva cuenta a Oaxaca en el escarnio de la opinión pública. Hay que aplicar correctivos pero de inmediato y sin dilación alguna.
Justicia aldeana
La práctica de los linchamientos se ha hecho común en todo el país. Hace más o menos un mes, en una comunidad de Puebla, cuatro personas fueron quemadas vivas, cuando pretendían robar un tracto-camión. Los pobladores tocaron las campanas, la gente se arremolinó en la plaza pública y no faltaron quienes arrojaron gasolina y un cerillo, para que los delincuentes tuvieran una de las muertes más crueles. Casi como si estuviéramos en la Edad Media. En Oaxaca no nos quedamos atrás. La misma dosis se aplicó a un trío de delincuentes que en una comunidad del distrito de Tlacolula, habían robado y lastimado a una persona de la tercera edad, hace al menos dos meses. Los vecinos enardecidos los llevaron al basurero municipal y a dos les prendieron fuego. La Policía Estatal sólo rescató a piras humanas que, con quemaduras en todo el cuerpo fueron internados en hospitales de la capital, sólo para morir más tarde. La escena era impresionante. Dos personas con la mirada perdida, sentados en el piso de tierra y aun humeando del cuerpo. De los hechos no hubo responsable, pese a que se trata de un homicidio doloso, porque entre la multitud hay quienes llevan la gasolina y quienes encienden el fósforo.
Se han dado varios casos hasta en la misma zona conurbada, por ejemplo, en donde una persona del sexo masculino murió una persona hace más o menos tres meses, luego de ser golpeado hasta el cansancio y, sin juicio justo o entregado a las autoridades, fue rescatado moribundo. Hay pues muchos casos para hacer una pequeña crónica de justicia por propia mano. Hace un par de semanas, se dio un caso en San Francisco Ixhuatán. Un joven de 20 años fue acusado de violar a una mujer de 35 años en el Barrio Ostuta de la citada comunidad. La policía municipal dio con el sujeto, pero luego de encerrarlo en la cárcel municipal, una turba de 50 personas lo sacó de dicho lugar. Cuando fue liberado, en la plaza municipal había una multitud estimada en más de 300 personas, quienes lo golpearon a placer, hasta dejarlo inconsciente. Por fortuna fue rescatado para ser llevado a un hospital. Hay pues desconfianza en las autoridades que procuran e imparten justicia. He ahí el por qué se ha optado por hacer justicia por propia mano. Los linchamientos con todo el salvajismo y cobardía multitudinaria que conllevan, se están volviendo el síntoma de estos tiempos.
