Confiados en que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador los llevará a seguir medrando de la educación pública, con el compromiso tácito de derogar la Reforma Educativa, los maestros afiliados al Cártel 22 no descansan en su permanente agresión a la educación pública de más de un millón de educandos y a la paz social de los oaxaqueños. Los aberrantes bloqueos carreteros han creado un ambiente de crispación social, que solamente la prudencia ha evitado que se desborden los ánimos y ello termine en un zafarrancho. Ya hemos visto la reacción de la gente cuando encuentra las vías cerradas y en este espacio editorial se ha insistido en que el gobierno aplique la ley; proceda a los desalojos y Oaxaca termine de una vez por todas con este burdo método que no sólo ha ocasionado grandes pérdidas económicas, sino que han vulnerado también el tejido social. El magisterio, y eso no es un secreto, sólo busca su conveniencia: seguir disfrutando de su nivel de confort, soslayando su compromiso docente y exigiendo cada vez más prebendas, para seguir cambiando el salón de clases por la calle. La demagogia y su falso perfil revolucionario han quedado al descubierto. Dirigentes y grupos radicales son catalogados por la sociedad civil como farsantes y falsos.
No hay en Oaxaca segmento social alguno que apoye “su lucha”, porque hay un pleno convencimiento de que se trata de un sector convenenciero y oportunista. Desde el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto se aprobó la Reforma Educativa. Está a meses de concluir y la cantaleta de la abrogación sigue permeando en las filas magisteriales. Ello advierte de su nula capacidad de creatividad, su ideología obsoleta, su falta de ideas. Ya hasta se olvidaron de su remedo de reforma local: el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO), un proyecto de adoctrinamiento más que de educación. Su verborrea de “colectivos”, de espurios, neoliberales y demás, ya no convencen a nadie. El Cártel 22 y su matriz, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) era una entelequia que sobrevivió gracias a la perversidad de un ex funcionario cercano al presidente de México: Luis Enrique Miranda Nava, que hoy puede ver cristalizado su Frankenstein, dispuesto a servir de sicario al candidato de “Juntos hacemos historia”, Andrés Manuel López Obrador. Porque para ello, los maestros se pintan solos: mercenarios y sicarios de la educación y del momento político.
Razón jurídica: ¿A quién le asiste?
La semana pasada fue detenido el médico traumatólogo ortopedista, Luis Alberto Pérez, por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), en cumplimiento de un mandato judicial. Se le acusa de ser presunto responsable de la muerte de un menor de nombre Edward, que ingresó a un hospital de la Colonia Reforma, para ser operado de una fractura. Sin embargo, al menor –según los padres- le podría haber sido suministrado algún medicamento para anestesiarlo, con el resultado fatal, que el menor falleció. Los padres exigieron justicia y, como lo comentamos hace días, el médico fue detenido, desatando su defensa en el colegio médico de Oaxaca. En dicho segmento editorial consideramos una mala costumbre en nuestro medio, el hecho de querer resolverlo todo con marchas, bloqueos o plantones. El pasado viernes, los medios y las redes sociales dieron cuenta puntual de la conferencia a que convocó el Colegio de Traumatólogos y Ortopedistas de Oaxaca y otros colegios médicos, exigiendo la inmediata libertad del detenido y argumentando que se criminaliza la profesión médica. En EL IMPARCIAL. El Mejor diario de Oaxaca publicamos la carta abierta en la que dan sus razones. Pero no se da un sustento jurídico ni, se supone, tienen la asesoría legal para la defensa.
Desde el sábado los médicos de diversas especialidades han renovado sus movilizaciones. No obstante, los miembros de la Comisión de Arbitraje Médico de Oaxaca (CEAMO), cuya opinión debe haber sido eje para deslindar responsabilidades no han dado la cara. Una de las razones que esgrimen los médicos inconformes es que no se le puede acusar de “homicidio doloso”, pues no hay en la medicina un interés premeditado de ocasionar la muerte, por lo que, con justa razón exigen reclasificar el delito. Pese a ello, los inconformes insisten en liberar al detenido con los medios convencionales de la presión social y no como corresponde a un Estado de Derecho: por la vía de la ley. Los padres del menor fallecido también han exigido justicia, pues de este hecho lamentable debe haber responsables. La muerte de un menor, que está en manos de médicos y enfermeras, no puede quedar en la impunidad. Por otro lado, los órganos que procuran y administran justicia, nos referimos a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Superior de Justicia, no pueden estar sujetos a la presión y el chantaje. Es ahí en donde se impone una buena defensa jurídica.
