Cárceles; universidades del crimen

El Senado equivoca la ruta, pensando que penas más severas, reducirán el delito; que castigos más duros, inhibirán a quienes violan la ley; que cárceles más llenas, significan éxito en el combate a la delincuencia. Es todo lo contrario.
El modelo de justicia fracasado que aprobó la semana pasada Morena, PAN, PRI, PT, PES y Verde, contribuye más a generar culpables que a aproximar la justicia a las víctimas; más a la venganza que a la prevención; más a la violación de los derechos humanos que a su respeto; más a perfeccionar las prisiones como universidades del crimen, que a convertirlas en centros de reinserción.
La mayoría de los senadores decidió enviar la presunción de inocencia a la basura, y optar, ante el legítimo reclamo de una sociedad harta de la violencia e inseguridad, por ahondar en ella, apostando por un sistema que ya demostró que no funciona, no pocas veces corrupto y casi siempre, impune.
Aprobaron que es mejor detener para investigar y sobrepoblar las cárceles de “presuntos culpables”.
¿Qué buscan al aumentar las penas?, ¿inhibir la comisión de delitos?, ¿sancionar ejemplarmente para disuadir al delincuente? En realidad, lo que se alimenta es un sistema penal que fabrica culpables. El uso de la cárcel como solución vengativa de un país lastimado es contraproducente para reconstruir el tejido social.
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Durante años, he escuchado a quienes están tras las rejas. Nadie se ha detenido a cometer un delito por temor a la sanción. Es la corrupción e impunidad la que los alienta. Tendríamos, pues, que comenzar a abatirla antes de pensar en penas más severas.
“Lo último que piensas es en la pena que te van a dar. La idea es que no te cachen”, me dijo Andrés “N”, uno de los secuestradores más sanguinarios que han existido en nuestro país.
“Llegué a la cárcel acusado por robo. He matado y ayudado a desparecer a más de 40 personas”, relata Jorge “N”, quien apenas tenía 18 años la primera vez que estuvo en prisión. Dentro de la cárcel escaló en su carrera criminal.
“Cuando aumentaron las penas a secuestradores, corríamos menos riesgo si matábamos y desaparecíamos a la víctima”, cuenta Daniel “N”.
Ejemplos, hay cientos. “La Lore”, por ejemplo, acusada de participar en el secuestro y homicidio del joven Fernando Martí, salió de la cárcel con un disculpe usted después de 11 años, pese a que había otra mujer con la misma carpeta abierta que ella. Técnicamente eran la misma persona.
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Tendríamos que apostar a la prevención y el servicio a la comunidad como medida reparatoria para delitos no graves; a la justicia restaurativa y la medida alterna, para en serio hablar de reinserción.
Pero eso no deja votos ni da popularidad. ¿Cómo entender que 20% de las iniciativas presentadas en la actual Legislatura tengan que ver con penas y castigos más severos? Populismo punitivo.
Lejos de voltear a ver los casi 400 centros de reclusión, las autoridades insisten en que, legislar con penas más altas y usar la cárcel como medida “preventiva”, es la solución a la delincuencia en nuestro país.
La gran mayoría de las prisiones están en el autogobierno. No reinsertan. Son universidades del crimen que capacitan a los siguientes criminales. Los grupos dedicados al secuestro, por ejemplo, casi siempre se forman dentro de ellas, así lo retratan más de 800 entrevistas con secuestradores, que elaboramos en Reinserta.
La banda de Los Petricholet, se conformó en la cárcel; la del “Mochaorejas” se integró tras las rejas; la de Andrés Caletri, fue reclutada en prisión. La lista es larga.
Se piensa que aumentar las penas traerá más seguridad, cuando el efecto es el contrario.
El análisis debe de venir desde otro ángulo: la delincuencia es rentable. Las posibilidades para ser detenido son remotas (97% de los delitos no se denuncian, y de los denunciados 99% permanecen impunes), y las de reincidir altísimas: 67% de quienes cometen un delito, vuelven a hacerlo.
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“La ley no se orienta a fines preventivos, sino a emprender una lucha en contra de los enemigos del Estado, diferentes en su comportamiento a los ciudadanos normales”, se lee en la exposición de motivos de la iniciativa aprobada.
Adiós prevención, derechos humanos, presunción de inocencia y reinserción. El Senado ha dado un peligroso paso. Lo avalado es un sinsentido.